Por: Zenaida Espinosa Cabrera

Mientras muchos sobreviven al Coronavirus, el virus de la corrupción, de los asesinatos y las masacres siguen siendo el pan de cada día. La implementación de los Acuerdos de Paz no sólo no avanzan, sino que la desesperanza en los territorios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), crece cada día. Así lo muestra el reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia y el Peace Research Institute of Oslo (Prio), donde seis de cada diez habitantes de 170 municipios de 19 departamentos, no están satisfechos con la implementación.

Ver: PRIO Y PNUD presentan informe sobre la implementación del Acuerdo de Paz en territorios PDET

También en el informe de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, a través de su iniciativa: Del Capitolio al Territorio, que durante el 2020 se reunió presencial y virtualmente con líderes, actores locales, Cooperación Internacional y entidades en 7 regiones del país donde obtuvieron conclusiones como:

  1. Recrudecimiento de la violencia. El  Estado no logró copar oportunamente las zonas que dejó las FARC, lo que favoreció la expansión de grupos armados y las disputas entre éstos ilegales han generado un alto impacto humanitario.
  2. Disminución de la participación por la falta de conectividad. Sobre los programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, si bien es cierto que muchos alcaldes han tenido voluntad por incluir los líderes de estas comunidades en los Planes de Desarrollo, por efectos de la pandemia se perdió el carácter participativo, pues hay una carencia de veeduría sobre las entidades involucradas en los PDET, lo que ha generado temor y desconfianza entre las comunidades.
  3. Rezagos en la Implementación. La situación del programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos sigue siendo crítica, puesto que las personas y organizaciones vinculadas a estos programas siguen siendo blanco de los grupos armados, quienes los obligan a seguir sembrando coca o a entregar los beneficios económicos a los que acceden, por parte del Gobierno se han cambiado las reglas del juego en tiempos y cronogramas, no hay garantías de seguridad,  la sostenibilidad financiera no está garantizada a largo plazo, no hay acompañamiento de asistencia técnica para el desarrollo de proyectos productivos y, finalmente, el Estado ha dado un manejo contradictorio al tema de cultivos ilícitos al no adoptar las medidas necesarias para superar sus fallas estructurales y, al tiempo, privilegiar operativos de erradicación forzada.
  4. Restricciones Presupuestales. Pese a las dificultades que ha enfrentado el Acuerdo de Paz, los reincorporados dicen estar comprometidos con el mismo, pero señalan que no tienen las mismas garantías de quienes han salido de los espacios dispuestos para su reincorporación, en lo que se refiere a salud, educación, vivienda y abastecimiento. Por otro lado, se encuentra la dificultad del acceso a tierras para el desarrollo de proyectos productivos y la falta de garantías de seguridad.
  5.  Las víctimas también hacen sus reparos al implementación de los Acuerdos, pues la lentitud en la implementación de la Ley 1448, especialmente en las indemnizaciones, restitución y procesos de reparación colectiva. En cuanto a los mecanismos de atención, se han concentrado en las zonas urbanas y no tienen enfoque diferencial y de género, además que carecen de acompañamiento para la formulación de proyectos productivos. Frente a la seguridad, denuncian que los grupos armados ilegales obstaculizan las labores del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición, lesionando a las personas que participan  del sistema. Finalmente, exigen se implementen las circunscripciones de paz acordadas en La Habana.  

Ver informe completo aquí: Los impactos de la emergencia sanitaria en la paz y la seguridad

Por otro lado, mientras muchos en las clínicas y hospitales atiborrados logran salvar sus vidas del fatal virus que sorprendió el 2020, en los territorios los líderes sociales, ex combatientes de las FARC, defensores de DDHH y civiles, siguen siendo las víctimas mortales de grupos ilegales, mientras que el Gobierno sigue indolente y sin respuestas efectivas ante la violación de los derechos humanos.

El pasado 20 de diciembre, el Senador Feliciano Valencia denunció públicamente sobre la Minga Embera Katío, donde 400 indígenas de este Resguardo en el departamento de Córdoba, se desplazaron hacia la ciudad de Montería para exigir sus derechos fundamentales y atención del Estado, debido al incumplimiento de las responsabilidades de la empresa URRÁ S.A., responsable de la operación hidroeléctrica de Urrá, que ha afectado sus territorios y costumbres ancestrales.

El 21 de diciembre en la ciudad de Cali, el periodista y redactor judicial del periódico el Q,hubo del diario El País, Felipe Guevara, sufrió un atentado sicarial y, tras luchar dos días por su vida en una clínica del sur de la ciudad de Cali, perdió la batalla. La Fundación para la Libertad de Prensa denunció que “no hay garantías de investigación seria” sobre los móviles de este crimen y que en los dos últimos años, 593 periodistas fueron agredidos en Colombia y existen zonas vetadas para los medios, como el Norte del Cauca, el sur de Nariño y Arauca. 

Finalizando el año, también el periodista caleño Camilo Chará recibió amenaza de muerte por medio de mensajes en su celular.  

Ver: «No hay garantías de investigación seria», Flip tras muerte de periodista

El 23 de diciembre en zona rural de Neiva, departamento del Huila, se presentó una nueva masacre, donde tres personas fueron asesinadas con arma de fuego; una de las víctimas fue Mesías Pajoy Sabogal, desmovilizado de las extintas FARC.

Ver: Múltiple homicidio en zona rural de Neiva Huila

En la noche del 23 de diciembre, se registró un atentado con explosivos en la vivienda del líder indígena Awá Mauro Nastacuas, gobernador electo del resguardo indígena Santa Rositas, en Tumaco, departamento de Nariño. El 24 de diciembre fue asesinado el Concejal del Municipio de San Pelayo, departamento de Córdoba, Pedro Alejandro Pérez Doria.

Manuel Alonso, excombatiente FARC fue asesinado el en el Municipio de Miranda, Departamento del Cauca y Rosa Amalia Mendoza asesinada al Sur del Departamento de Bolívar junto a su pequeña hija, una bebé producto de la esperanza en la paz. Con estos asesinatos se completaron 249 asesinatos de excombatientes de las FARC tras la firma de los Acuerdos de Paz y, de los cuales, 61 corresponden solo al año  2020.

La filósofa y profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, Laura Quintana, afirmó al medio Pacifista que “el sentido de la vida en Colombia es estar bajo amenaza”. 

Ver: “El sentido de la vida en Colombia es estar bajo amenaza”: Laura Quintana