Greenpeace propone un decálogo que inspire la imprescindible transformación integral del mercado eléctrico mayorista

El objetivo: un sistema eléctrico eficiente, flexible, 100% renovable y abierto a la participación ciudadana

 

En una semana histórica marcada por la primera subasta de renovables sujeta a la nueva normativa -una de las reformas emprendidas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco de las reformas del sistema eléctrico-, Greenpeace plantea un decálogo que inspire la imprescindible transformación integral del mercado eléctrico mayorista y que sirva de apoyo para un sistema eléctrico eficiente, flexible, 100% renovable y abierto a la participación ciudadana.

“La subasta renovable ha demostrado lo que llevamos años reiterando, que las renovables abaratan el precio del mercado, que las inversiones en renovables pueden llegar mucho más lejos y que el oligopolio no es (ni debe ser) el único y principal actor en el sistema”, ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña de Energía de Greenpeace: “Pero debemos ir más allá y transformar el mercado eléctrico mayorista para alcanzar la electrificación sostenible y universal”.

 

DECÁLOGO

1 No financiar la destrucción del planeta y las personas.

Acabar con cualquier subvención directa, indirecta o encubierta que reciba la energía nuclear y los combustibles fósiles. Cambiar de fósiles y nucleares a renovables.

Es necesario construir un nuevo sistema energético en el que se reemplacen los combustibles fósiles y nuclear por energías limpias renovables y se apueste por la eficiencia y las soluciones inteligentes que aseguren una transición justa en la UE antes de 2040 para trabajadores y comunidades que actualmente dependen de las energías contaminantes.

2 Convertir la energía en un derecho.

Tratar la energía como un mero producto sin valorar algunos de sus servicios ya no es una opción: la energía debe tratarse como un derecho de forma que deje de ser una fuente de cambio climático y desigualdad.

Es fundamental que el derecho a una energía limpia y accesible esté en el centro de cualquier política pública e iniciativa ciudadana, garantizando que se satisfacen de la manera más eficiente y sostenible posible las necesidades de la sociedad, especialmente las de las poblaciones más vulnerables (tanto al cambio climático como a los cambios profundos de transición energéticos). Por ello, la toma de decisiones va más allá del mercado y requiere que este cambio se diseñe y gestione, además de con el sector académico y el empresarial, con la sociedad civil.

3 Dejar de engordar la energía y empezar a mantenerla.

Hay que cambiar la premisa de crecimiento ilimitado por la de ser sostenibles en el tiempo: redirigir el impulso del sistema socioeconómico de la búsqueda del crecimiento indefinido hacia la prosperidad, la sostenibilidad y la equidad.

4 Incluir en los costes del sistema energético los costes (de los impactos) del sistema energético.

Reorientar las señales económicas hacia la internalización de todos los costes sociales y ambientales del sistema energético para que los agentes responsables de estos impactos se hagan cargo de ellos y de sus implicaciones.

5 Corregir el debe y el haber del sistema eléctrico.

Organizar justamente el reparto de los costes (reales) y beneficios que cualquier actividad realizada supone para el sistema eléctrico, independientemente de que la lleven a cabo generadores, suministradores, comercializadores, consumidores o particulares, sean estos habituales o nuevos entrantes. Para ello es necesaria una auditoría de los costes regulados y aplicar el principio de “quien contamina paga” y “quien más consume más paga”.

6 Garantizar que la descarbonización es un objetivo.

Además de garantizar la seguridad del suministro de la manera más eficiente posible en términos de costes, se debe garantizar también la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a la mayor brevedad. Solo así se podrá evitar que sigan causando graves impactos en pérdida de biodiversidad, riesgo para la salud e injusticia social y climática.

7 Valorar (realmente) el sistema eléctrico.

El valor de algo no se refiere únicamente a cuánto cuesta en términos económicos sino a cuánto vale la pena disponer de ello. El valor del sistema eléctrico está asociado al espacio (es más valioso cuando se produce en lugares donde no hay problemas de congestión de redes) y al tiempo de generación (es más valioso cuando la demanda es alta o cuando la generación es baja). Pero, además, tiene un valor social: la electricidad puede contribuir a la mitigación del cambio climático, a la reducción de la contaminación, a la creación de empleos adecuados, a la cobertura de las necesidades básicas y a la habilitación de la actividad económica.

8 Reinventar el mercado energético: sí, es posible.

Diseñar todos los elementos que configuran las reglas del mercado eléctrico para que alineen el valor, el coste y el precio de la electricidad; permitan recuperar los costes de la inversiones en renovables y ofrezcan precios asequibles a la ciudadanía.

9 Toda la ciudadanía debe ser parte del sistema eléctrico.

No podemos permitir que la energía esté en manos de oligopolios. La ciudadanía debe tener derecho a participar en todas las actividades del sistema eléctrico y debe dotarse de la capacidad para ejercer sus derechos. Para ello la normativa debe organizar todas las señales económicas para que se incentive la flexibilidad, la reducción (y gestión) de la demanda de energía, la eficiencia y el autoconsumo; premiando un uso inteligente del sistema (carga y descarga de vehículo eléctrico, por ejemplo) y penalizar el uso no inteligente.

10 Una transición energética que incluya a todos/as.

Hay que asegurar una evaluación de los impactos redistributivos de la reforma de la estructura económica del sector para elegir las medidas más eficaces en términos de reducción de emisiones y con un menor impacto sobre la redistribución de la riqueza. De no ser así, habría que acompañar los cambios de medidas correctoras acotadas capaces de compensar la merma de poder adquisitivo sin desincentivar el ahorro de energía o la participación activa.