A menos de dos meses de las primarias/internas donde los principales partidos y alianzas elegirán a sus candidatos para las elecciones de noviembre próximo, un diputado oficialista introdujo una iniciativa de reforma constitucional que, de ser aprobada, cerraría cualquier posibilidad de modificar la ley que actualmente restringe el aborto en Honduras.

La propuesta de reforma del artículo 67 de la Carta Magna1, presentada por el diputado nacionalista Mario Pérez, pretende declarar “prohibida e ilegal la práctica de cualquier forma de interrupción de la vida del que está por nacer, a quien debe respetársele la vida en todo momento”.

Además, establece que “serán nulas e inválidas las disposiciones legales que establezcan lo contrario”, convirtiéndose en un “artículo pétreo” y desatando fuertes críticas en la sociedad hondureña.

Somos Muchas, plataforma de organizaciones, colectivas y redes feministas independientes, condenó la iniciativa de reforma constitucional.

“En lugar de buscar cómo resolver la situación de miles de personas damnificadas por los huracanes Eta e Iota y garantizar una atención de calidad ante la pandemia, este diputado dedica su tiempo a presentar un proyecto que busca condenar absoluta y eternamente a la clandestinidad a niñas y mujeres que enfrentan embarazos no deseados”, escribió en un comunicado.

Actualmente, el 97 por ciento de las mujeres latinoamericanas y caribeñas viven en países con leyes de aborto restrictivas.

Honduras figura entre los seis países que prohíben toda forma de aborto (El Salvador, Haití, Nicaragua, República Dominicana, Surinam), incluso en casos de violación y riesgo para la vida de la mujer.

Además, se ubica como el segundo país con la tasa de embarazo adolescente más alta en América Latina, y con una tasa de fecundidad de las adolescentes de 101 nacimientos por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años.

Gran parte de estos embarazos son consecuencia de violencia sexual.

Más violencia
En 2018, en Honduras se reportaron al menos 9 delitos sexuales por día y se contabilizaron 3.336 denuncias, una de las cifras más altas registrada en la última década. 9 de cada 10 víctimas de delitos sexuales son mujeres. 1 de cada 2 mujeres víctimas de delito sexual tiene entre 10 y 19 años (PNUD).

Somos Muchas exigió a diputados y diputadas desestimar la iniciativa de reforma constitucional en cuanto “basada en argumentos medievales, ajenos a la realidad nacional, donde cada 3 días una mujer o niña muere producto de embarazos y partos”.

Asimismo, pidió que, en apego a estándares internacionales de derechos humanos, detengan una iniciativa que “puede marcar un desastroso precedente para la democracia, el estado de derecho y las futuras generaciones”.

La Red Lésbica Cattrachas enfatiza, “no podemos permitir que se hagan más cambios legales en contra de los derechos de las mujeres, en especial de las víctimas de violencia sexual o de las mujeres con riesgos para su vida o su salud”, señala.

Para la organización defensora de los derechos de las personas LGBTI, esta iniciativa de reforma constitucional estigmatizaría más a las mujeres que abortan, promovería su criminalización e imposibilitaría futuros cambios legales a favor de la interrupción del embarazo.