La historia reciente de nuestro país se ha visto marcada de forma positiva por el cooperativismo. Desde quien enciende una luz en la Zona Norte hasta quien tiene una opción de trabajo justo en cualquier cooperativa agrícola de la Zona Sur, impactando a más de un millón de costarricenses y generando empleo a más de 50 mil personas de forma directa y unas 150.000 de forma indirecta.
El legado del Movimiento Cooperativo se respira en nuestras costas, valles y montañas en forma de trabajo, de producción y prosperidad tanto en los centros urbanos como en las zonas rurales, donde el poco o nulo interés comercial del empresariado ordinario no permitiría el desarrollo.
Por ello, y ante las amenazas que nos acechan en la coyuntura actual, el Movimiento Cooperativo de Costa Rica, a través de sus órganos de representación, entiéndase: el Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), el Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop); el Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (Cenecoop) y la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión (CPCA) y el Comité Nacional de la Mujer Cooperativista (CNMC), manifiestan:
Su oposición firme y contundente al acuerdo entre el Gobierno de la República y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el tanto que dicho acuerdo plantea una amenaza directa tanto para el Movimiento Cooperativo de Costa Rica, como para la clase trabajadora en general, de forma específica a través de dos de los nueve proyectos de ley incluidos en la negociación con la entidad financiera de marras.
El compromiso del Gobierno de la República con las autoridades del FMI de aprobar los expedientes N°21.336 “Ley Marco de Empleo Público” y N°22.369 “Ley de Reducción de Beneficios Fiscales y Ajuste de Tarifas en Rentas del Capital para Fortalecer el Sistema Fiscal”, compromete la economía y la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora costarricense.
En el caso específico del expediente N°22.369, se violenta lo acordado en la Ley 9635, denominada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en la cual se había establecido un aumento en la carga tributaria que recae sobre el Movimiento Cooperativo.
Lo anterior contraviene de forma directa con lo establecido en el numeral 64 de nuestra Constitución Política, donde se establece la obligación del Estado de fomentar el Cooperativismo “como medio para facilitar mejores condiciones de vida de los trabajadores”.
Estos proyectos de ley, lejos de activar la economía costarricense, agudizan aún más la crisis económica que enfrenta el país y que se profundizó a raíz de las consecuencias económicas derivadas de la pandemia por la Covid-19.
Tales propuestas de ley no son producto de las mesas de diálogo nacional que conformó el Gobierno y de las cuales, de forma activa y propositiva, participamos desde el Movimiento Cooperativo.
Desde los órganos del Movimiento Cooperativo reiteramos nuestro compromiso para contribuir con el desarrollo económico y social de nuestro país, por lo que es nuestro deber advertir sobre las consecuencias que estas iniciativas de ley pueden generar en la economía de quienes menos tienen.
Geovanny Villalobos Guzmán
Presidente del Conacoop
Johnny Mejía Ávila
Presidente Infocoop
Patricia Bravo Arias
Directora Ejecutiva CPCA
Gina Salas Fonseca
Presidenta CNMC
Rodolfo Navas Álvarado
Gerente Cenecoop
