Solo el 8% del presupuesto total va a la atención sanitaria en los centros públicos, dado que el 42% restante va a gastos de personal.
Ésta es una de las conclusiones que se obtienen del Informe presentado por Audita Sanidad, en el que se denuncia la política clara de desvío de capital público a manos privadas, con el consecuente deterioro de la sanidad pública.
Este 27 de enero, el Grupo de Trabajo Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad) ha presentado su Informe sobre la situación de la sanidad pública madrileña, centrándose en “El papel del sector privado en la gestión del presupuesto de 2018”, que es hasta donde existen datos oficiales.
El informe abarca desde el 2015 al 2018, y en el mismo se puede constatar la tendencia a derivar fondos públicos hacia el sector privado. Y cómo ello se traduce en la capacidad de presionar y decidir de las empresas privadas sobre el dinero de todos los madrileños y acerca las políticas públicas y sanitarias, en este caso.
Algunos datos significativos
El 49,4% del presupuesto de la Consejería de Sanidad de Madrid (8.365.413.281€ Total) va al sector privado, habiéndose pasado de 3.575.195.231€ en el año 2015 a 4.131.259.297€ en el 2018.
De tal presupuesto, el 52,8% va a gasto farmacéutico. Algo que lleva a preguntarse acerca de la sobre medicación de la población (tal vez intencionada) y la necesidad de promover los medicamentos genéricos y la investigación e industria farmacéutica propias.
El 23,2% de los servicios demandados al sector privado (que suponen los conciertos y las Colaboraciones Público-Privadas) podrían haberse realizado con medios propios
Solo el 8% del presupuesto que queda en manos públicas (51,6% restante) se utiliza en atención médica, ya que es necesario descontar la parte dedicada a “gastos de personal”.
No se invierte en mantenimiento de las instalaciones sanitarias públicas, dejando intencionadamente que se deterioren.
Solo el 11% del presupuesto que queda en manos de la gestión pública se invierte en la Atención Primaria, cuando es el sector que mejor puede desarrollar políticas preventivas de salud comunitaria, privilegiándose la atención especializada y el consumo de biotecnología y tecnología, en general, lo que implica mayor gasto sanitario.
Sigue aumentando el monto de los “contratos menores”, lo que va acompañado de falta licitación previa. Esto acrecienta la opacidad persistente de la Comunidad de Madrid sobre su gestión, que facilita la corrupción.
La deuda de la Comunidad de Madrid ha crecido de forma exponencial en el período 2000-2018, multiplicándose por ocho y llegando a alcanzar un importe de 33.269 millones de euros a diciembre de 2018.
No hay una política centralizada que facilite la racionalización de recursos y gastos.
Servicios esenciales, como los informáticos, han sido privatizados quedando nuestros datos a merced de intereses particulares.
Imagen del techo caído sobre un laboratorio del hospital madrileño Ramón y Cajal. / Fuente Sindicato CCOO
Conclusiones
La política pública sanitaria de la Comunidad de Madrid responde a una agenda oculta -según los responsables del Informe- de ir trasvasando medios que son de toda la población a manos privadas, de descapitalizar lo público.
Esto unido a la política fiscal de bajada de impuestos, que beneficia únicamente a unos cuantos miles de personas (13.948, los más ricos) pero que implica la no recaudación de fondos para servicios públicos, lleva a que la deuda de la Comunidad de Madrid se dispare, pese a que buena parte de ella sea “ilegítima”, otro dato a tener en cuenta y seguir investigando.
Todo ello supone que la atención sanitaria pública se va deteriorando y, además, que nuestra salud queda en manos de unas cuantas empresas privadas que tienen poder para imponer las condiciones que quieran.
Un ejemplo claro de las consecuencia de privatización de los servicios públicos, lo hemos vivido con la gran nevada en la Comunidad de Madrid. La población se ha quedado aislada durante días por falta de medios públicos que dieran respuesta a la emergencia climatológica.
La pandemia ha podido disparar la tendencia reflejada en este informe, según sus responsables, pero no se cuenta con datos.
Propuestas
El informe, que busca “ayudar a abrir los ojos” e invita a la movilización ciudadana, termina con algunas propuestas, que reproducimos:
- Auditorías ciudadanas de las cuentas y de los procesos de privatización, en especial de las Colaboraciones Público-Privadas, los conciertos, convenios singulares, acuerdos marco, etc.
- Plantear estrategias de desprivatización de recursos y servicios y reversión al sector público, blindando el SERMAS (Servicio Madrileño de Salud) de la gestión indirecta que se está realizando a través de fondos de inversión especulativos, empresas, etc.
- En el ámbito del Estado, derogación del artículo 90 de la Ley General de Sanidad y la Ley 15/97 que permite la entrada del sector privado en la Sanidad Pública. Y del artículo 135 de la Constitución que establece la prioridad en el pago de la deuda por encima de cualquier gasto social, incluido el gasto en la Sanidad Pública.
- Aumentar las partidas presupuestarias y los recursos gestionados por el sector público. Planteamos la progresividad fiscal, el control del fraude y la evasión fiscal como medidas fundamentales para hacer frente a la deuda (sólo la no-odiosa4), y la plenitud del desarrollo de los servicios públicos con equidad.
- A corto plazo, diseñar una nueva política farmacéutica que aborde la desmedicalización de la atención sanitaria, el uso adecuado de los recursos, las relaciones con la industria farmacéutica, y la investigación y formación. A largo plazo, la introducción progresiva de una industria farmacéutica nacional que permita satisfacer las necesidades de la población ya que pandemias como laCOVID-19 han mostrado nuestra dependencia absoluta de un modelo de globalización que es necesario poner en cuestión
