Por Aneta Kavadia/ Semanario griego La Época
–Como muchos países del mundo, Colombia se encuentra afectada por el COVID-19. ¿Cómo describiría la situación político-económica del país en este momento de la pandemia?
–Colombia es un país que ha seguido de manera bastante disciplinada y subordinada todas las fórmulas del modelo neoliberal y por eso el impacto de la pandemia, tanto desde el punto de vista sanitario como social y económico, pues ha sido muy negativo. Con un sistema hospitalario, clínico, un sistema de salud privatizado y por lo tanto debilitado, el costo en materia de vidas y de personas enfermas por cuenta del virus, pues ha sido grande; hoy hemos pasado la cifra del millón y medio de personas contagiadas y más de 40.000 fallecidas por el impacto de la pandemia. Igualmente ese impacto ha tenido un especial costo en los sectores vulnerables, en los sectores de la población más empobrecidos, en los sectores rurales que han tenido inmensas dificultades para poder enfrentar la pandemia. Y por otra parte con un gran costo económico. Hay una recesión evidente de la economía que arroja como resultado una de las tasas más altas de desempleo en America Latina, una pobreza que según estudios, muestra que subirá al 50% en las urbes y en más de 70% en muchos lugares marginados y rurales, incluso poblaciones que van a estar bordeando el 80% de pobreza absoluta. Es decir que el efecto de la pandemia ha sido supremamente destructivo y ha tenido como respuesta por parte del gobierno de extrema derecha –el gobierno del presidente Iván Duque–, intentar profundizar el mismo modelo neoliberal, una ayuda y asistencia fundamentalmente a las grandes empresas, al sector financiero, a las fuerzas militares y de policía, y dineros que son más bien ayudas asistenciales de carácter miserabilista a los grandes sectores que, como decía antes, están padeciendo los peores impactos de la pandemia.
Todo esto es también reforzado con un endeudamiento que se acrecienta. Se han hecho empréstitos que suman ya más de 20 millones de dólares y que van a tener que ser pagados a través de una reforma tributaria que obviamente va a tener como principales destinatarios a los sectores de capas medias y a los sectores más empobrecidos. Así que en efecto el COVID-19 ha sembrado, para decirlo en una sola frase, la muerte, la recesión económica y también la pobreza en un tiempo relativamente corto.
–Después de un intento insistente de muchos años por lograr la paz, finalmente ésta se firmó en noviembre de 2016, es decir hace 4 años, después de los diálogos sostenidos entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejercito del Pueblo FARC-EP. Teniendo en cuenta su participación como facilitador en este proceso, ¿podría decirnos dónde se encuentra en este momento la implementación del acuerdo y si respondió a las expectativas que había generado?
–En términos políticos, yo señalaría que hay dos grandes fenómenos que habría aquí que resaltar. En primer lugar, que a la sombra de esta crisis sanitaria, como en muchas partes del mundo, se ha producido un endurecimiento del carácter autoritario y antidemocrático del poder político. Esa circunstancia se ha visto reflejada en el hecho de que se ha centralizado el poder en el Ejecutivo. El Presidente ha hecho uso del Estado de Excepción, lo que se llama en la constitución de Colombia el «Estado de Emergencia social y económico», para expedir una gran cantidad de normas, decretos ley, que han comprendido, no solamente aquellos instrumentos que se requerían para atender la crisis, sino por supuesto también toda clase de contrarreformas laborales, financieras y atentatorias contra derechos colectivos y sociales de la población. El Congreso de la República ha sido limitado con la excusa de tener que sesionar de manera no presencial, e igualmente pues se ha atacado al poder judicial. Así que hemos asistido en este proceso a una espiral de recorte de las libertades democráticas y de los derechos políticos con la excusa de la pandemia.
El proceso de paz, a pesar de haber sufrido múltiples ataques que han intentado socavar sus fundamentos, que han representado la no implementación de los aspectos esenciales del propio acuerdo, hay que decirlo, no solamente ha sobrevivido a esos ataques que han incluido el asesinato de muchos de los que firmaron la paz –más de 240 personas– y también los ataques a la Jurisdicción Especial para la Paz, no solamente ha sobrevivido a esos ataques, sino que ha sido el tema central de discusión politica en lo que lleva este gobierno, incluso a pesar de la propia pandemia. Y eso, a mi modo de ver, obedece al hecho de que el proceso de paz ha tenido efectos políticos de carácter democrático que son innegables, ha significado la fisura del tradicional estado monolítico de la coalición de elites, y también ha sido el contexto favorable para la movilización social y ciudadana.
Yo creo que el proceso de paz esta ligado sin lugar a dudas al auge tanto de esa movilización, como a los resultados favorables que ha obtenido la izquierda y los sectores alternativos en los últimos procesos, por lo menos en los últimos dos procesos electorales y en la consulta popular contra la corrupción. Así que es cierto hay una ofensiva muy grande contra el proceso, el proceso ha sido debilitado, eso es indudable, pero no soy de quienes piensan que ha sido derrotado o hecho trizas. No comparto esa visión. Algo similar puede decirse de la Jurisdicción Especial para la Paz que completa su tercer año de trabajo en medio de dificultades, con el hecho de que su mandato inicial –que fue pactado en la Habana, que está contenido en el acuerdo–, pues fue desconocido, siendo limitada su acción prácticamente a los combatientes o excombatientes y su responsabilidad, excluyendo a las figuras políticas y los llamados terceros, así como a agentes del Estado que tienen alta responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra cometidos, e igualmente con ataques muy perversos contra la honra de sus magistradas y magistrados, contra la legitimidad de su labor. Sin embargo hay que decir que la JEP es hoy una institución, cosa que para haber transcurrido tan solo tres años, es ya un logro que tiene que ver ni más ni menos con los derechos de centenares de miles de víctimas en Colombia, con la solución o el esclarecimiento de al menos siete grandes casos que reúnen aspectos sustanciales de los procesos de violencia que se han cometido en Colombia y con hechos emblemáticos que sin lugar a dudas tienen una relevancia en este proceso de verdad, justicia y reparación.
Así que yo diría que a pesar de que de manera muy intensa el uribismo y la extrema derecha han buscado que no se abra esa senda de justicia transicional, pues mal que bien ahí está con un inmenso respaldo de la comunidad internacional y trasegando, pues, un camino totalmente novedoso. Nunca se debe perder de vista que la JEP es el primer tribunal en el planeta que intenta llevar a cabo un modelo de justicia restaurativa, transicional, como quiera llamársele.
Foto Deutsche Welle, captura de video
–De nuevo lo encontramos jugando un papel importante de facilitador en los diálogos con la guerrilla Ejercito de Liberación Nacional ELN, que empezaron en la Habana Cuba. ¿Podría decirnos en qué punto de la negociación se encuentran estos diálogos?
–En el pasado gobierno se avanzó como nunca antes en el proceso de paz con la otra guerrilla histórica en Colombia, el Ejercito de Liberación Nacional. Por primera vez se logró una agenda que tenia, como en el caso de la negociación con FARC, 6 puntos que se estaban comenzando a desarrollar en la mesa de diálogos que también estaba funcionando en la Habana. Con la llegada del gobierno de Duque se produjo la ruptura de esos diálogos, luego de que también tuviera lugar una acción terrorista que dejó una veintena de jóvenes policías muertos en una guarnición en Bogotá. Y luego de eso se produjo una escalada de la confrontación entre el Estado y el ELN, al punto que esa escalada ha significado también el hecho de que en muchos territorios el conflicto armado regrese de una manera muy fuerte y que el ELN haya ampliado su presencia a otros territorios en que antes estaba FARC.
Esa circunstancia también estaba acompañada del hecho de que la política internacional del gobierno de Duque ha sido una política de ataque contra el país facilitador y garante de esos diálogos que es Cuba. El gobierno de Colombia promovió activamente el ingreso o el reingreso de Cuba a la lista de países –la lista del gobierno de Estados Unidos– que supuestamente promueven el terrorismo. Y eso a raíz de que el propio gobierno colombiano desconoció un protocolo mediante el cual podía regresar al país la delegación que estaba negociando por parte del ELN, hecho que además el gobierno tomó como pretexto para realizar esa campaña contra Cuba. Así que en este momento, el proceso de paz con el ELN ha llegado a una circunstancia de punto muerto y una exigencia del movimiento por la paz en Colombia es que, precisamente, se reactiven esos diálogos, esa mesa de conversación y que también puedan lograrse acuerdos de carácter humanitario en muchos territorios del país en los que la confrontación entre el ejército, la policía de un lado y el Ejercito de Liberación Nacional del otro, está causando también unos efectos muy nocivos en materia humanitaria y de inseguridad para las comunidades.
–Conociendo de “primera mano” las dificultades y características del proceso ¿es usted optimista? ¿Cree en el futuro de la paz en Colombia? Le pregunto esto porque en su país son muchas y muy numerosas las fuentes de violencia: grupos paramilitares y las mafias actúan de manera incontrolable, el camino hacia La Paz pasa de manera inevitable por medio de ellas, entonces la pregunta seria ¿existe la posibilidad de un diálogo con estas fuerzas?
–El problema de la paz, es el problema central de la vida politica colombiana y sin lugar a dudas hasta que no logre resolverse esta circunstancia, que ha marcado la vida del país en el último medio siglo, no podremos desarrollar en Colombia una sociedad democrática en la que la justicia social y el desarrollo económico tengan como principio la equidad social y la justicia social. Así que, por supuesto, aquí ese es el problema central de cualquier agenda política y desde esa perspectiva hay experiencias acumuladas a lo largo del tiempo de muchos procesos de paz, de procesos de sometimiento a la justicia para los grupos que no son insurgentes sino que pertenecen al mundo del narcotráfico, o que son expresiones de paramilitarismo, así que existe la experiencia acumulada para desarrollar lo que yo he llamado un proceso de paz total. Es decir: un proceso en el cual en forma simultánea y global se pueda llegar a un acuerdo para que se ponga punto final a todas las formas de violencia. Ahora eso requiere, por supuesto, que haya la voluntad politica de intervenir en los territorios del país con un modelo radicalmente distinto al modelo que ha imperado hasta ahora, el modelo de la militarización de los territorios, el modelo de aplicar a todo conflicto social una salida militar o policial, el hecho de buscar un enfoque distinto al problema del narcotráfico ya no como un problema de policía y de carácter penal solamente, sino como un problema que requiere una solución social. Así que desde esa perspectiva yo creo que la agenda de un gobierno progresista y democrático, como el que yo espero triunfe en el año 2022, debe ser la paz total.
–Es un hecho que en Colombia la corrupción afecta a los estratos más altos de la política. Es usted la persona que sustancialmente ha colaborado para llevar frente a los estrados judiciales al ex presidente del país Álvaro Uribe Vélez, quien ha sido acusado por soborno, compra de testigos y relaciones de «favoritismo” con organizaciones paramilitares. Fue detenido en prisión domiciliaria y las investigaciones sobre el mismo se mantienen. ¿Considera usted que estas investigaciones tendrán algún desarrollo?
–Creo que el proceso judicial de Álvaro Uribe o contra Álvaro Uribe, es un hecho que tiene una gran relevancia no solamente en el plano jurídico sino en el plano político, yo diría ético. Es la primera vez que un responsable, un máximo responsable de muchos hechos graves que se han presentado en el país, es llamado a comparecer ante la justicia. No solamente eso, es llevado a una instancia que no se había logrado en ese campo, como es una medida de aseguramiento que incluye una reclusión domiciliaria y que tiene unos impactos políticos: su salida del Congreso, un deterioro notorio de su imagen pública y de su prestigio político, que obviamente no significan el final de su poder, ni de su carrera politica, pero sí que son un nuevo nivel de las luchas que víctimas, organizaciones de derechos humanos y yo diría también la propia justicia y una tradición democrática que hay en el poder judicial colombiano, pues logra marcar en este contexto.
Espero que haya una condena judicial puesto que Uribe es responsable del delito de soborno en actuación judicial y fraude procesal. Si el proceso se desarrolló en derecho, así debería ocurrir. Ahora, como lo digo en la respuesta a la segunda pregunta, también tiene unas consecuencias políticas.
–¿Y la izquierda en Colombia? Por primera vez en la historia del país fue a segunda vuelta en las elecciones presidenciales de 2018. El candidato Gustavo Petro finalmente no lo logró, pero llegó a obtener el 41,8% y 8 millones de votos. Las contradicciones y la división al interior de la izquierda continúan. ¿Cuál sería la bandera, si no es la de la paz, que podría ayudar a impulsar y a unificar a las fuerzas de izquierda? ¿Considera posible una perspectiva así?
–Yo considero que en Colombia han ido evolucionando las condiciones para que, como ha ocurrido en otros países de Latinoamérica, triunfe un gobierno y sobre todo una propuesta, un programa político de carácter progresista y democrático. El asunto de la paz es insoslayable, es un tema central, pero hay otros que pueden estar en este acuerdo sobre lo fundamental. Por ejemplo, el cambio de la matriz energética para la productividad económica, a tono con lo que demanda hoy el cambio climático como realidad, sus efectos; el asunto de buscar la preservación de la riqueza natural y de la biodiversidad del país; de la imperiosa necesidad de una reforma rural integral como la que plantea el acuerdo de paz; la necesidad también de una reforma política democrática, que nos convierta realmente en una democracia y no en una democracia formal y militarizada, como es la que impera hoy en Colombia; el hecho de generar unas relaciones en el continente que tengan al mismo tiempo como condición la soberanía –o el respeto de nuestra soberanía– y la construcción de instituciones y procedimientos de integración latinoamericanos. También el asunto de que imperen los derechos humanos y la equidad social como principios básicos en Colombia, que podría ser resultado de este proceso de transformación. Así que existen mínimos programáticos para que no solamente la izquierda o las izquierdas, sino también todos los sectores democráticos, podamos construir una alternativa de poder.
–Y por último: la región de America Latina concentra el interés mundial por ser considerada un laboratorio de procesos políticos. Gobiernos de izquierda en contra de dioses y demonios, golpes de Estado a gobiernos elegidos democráticamente, Chile sacudido por prolongadas protestas, Morales regresando triunfador a Bolivia después del golpe fallido y el triunfo de su partido en las ultimas elecciones, Brasil viviendo las consecuencias del gobierno de extrema derecha de Bolsonaro… en medio de este panorama, y teniendo en cuenta la elección del presidente Biden ¿cómo ve usted la posición de su país, en relación con las perspectivas de la región en general?
–Yo creo que Colombia ha venido buscando pasar de ser el laboratorio de la guerra y de las políticas autoritarias y militaristas a ser un país que construye la paz y que está por la integración, así que este es por supuesto un gran reto para una transformación politica en Colombia que puede tener impactos muy favorables, o consecuencias muy favorables en toda la región. Hay que recordar que en Colombia se han ensayado no solamente todas las estrategias del conflicto armado, las políticas contrainsurgentes que se han aplicado en Centroamérica, sino también las políticas y los métodos de violación de derechos humanos unidos a políticas de seguridad nacional que han traído la tortura, la desaparición forzada, las ejecuciones practicadas por la fuerza pública en contra de la población inerme. Así que todo eso es precisamente parte de lo que debe ser un proyecto de transformación en Colombia que suponga, o que plantee, una politica internacional hacia la integración, hacia la democracia, hacia la paz regional y hacia el respeto de los derechos humanos.
Foto de Defendamos La Paz
Entrevista para el semanario EPOHI, de Aneta Kavadia periodista, miembro del Comité Central de Syriza, ex senadora por el mismo partido.
