Pocas veces en su historia Chile y su política se habían hecho más bochornosas. Cuesta entender que siga todavía vigente una Constitución que fuera repudiada por los dos tercios del electorado en una consulta ad hoc para ello y que, después de un año, las autoridades sigan empeñadas en jurar su adhesión a un texto ilegítimo en su origen y contenido, como por años se dijo. Lo normal hubiera sido que al más breve plazo después de este Plebiscito se hubiera organizado una Asamblea o Convención Constituyente adelantándose, también, las elecciones presidenciales y parlamentarias. En el entendido de que la decisión ciudadana constituyó un amplio voto de repudio al conjunto de la clase política.
Sin embargo, se asume que la Pandemia ha sido el gran pretexto para postergar todos los comicios ciudadanos y mantener en La Moneda a un Presidente ampliamente repudiado por el pueblo y a punto de ser derribado por un Estallido Social en pleno curso antes de saberse de toda esta emergencia sanitaria. Con las policías y la FFAA desplegadas en las calles, Piñera ha logrado mantenerse en el Gobierno y, para colmo, aplicar criminalmente las leyes de emergencia de una Carta Magna desacreditada. Miles de chilenos son detenidos diariamente por las fuerzas de la represión, al mismo tiempo que el país es confinado a sus hogares por las cuarentenas, en el propósito cierto de evitar la protesta social. Porque ya se sabe que éstas solo multiplican los contagios y la muerte en los sectores hacinados y pobres, es decir donde vive la mayoría de nuestros habitantes.
A lo anterior, el Gobierno le escatima recursos a los sectores acosados por el desempleo y la falta de poder adquisitivo siquiera para sus necesidades más elementales. Hemos llegado a la vergüenza de recurrir al fondo de cotizaciones previsionales para convertirlos en bonos de auxilio a la población, por lo que millones de futuros jubilados ya no van a percibir pensión alguna. Tarde o temprano estos retiros estimulados por el Congreso Nacional no solo le van a pasar la cuenta al actual jefe de estado sino al conjunto de legisladores. Y todo sucede mientras Piñera y la decena de multimillonarios que lo secundan incrementaron en millones de dólares su patrimonio durante la pandemia y, ni así, se resuelven a destinar siquiera un 2 o 3 por ciento de su colosal patrimonio y utilidades a enfrentar la grave crisis sanitaria y social que vivimos.
Lo curioso es que haya quienes se ufanan de una podrida democracia que desconoce tan flagrantemente la voluntad soberana del pueblo; que algunos piensen que se deben acatar la Constitución y las leyes repudiadas por la mayoría. O quienes toleran que un severo transgresor de los Derechos Humanos siga en la Moneda y no sea derribado como correspondería hacerlo, cuando todas las encuestas y el sentido común señalan que ya no alcanza un mínimo respaldo que lo legitime en el poder.
Ya vendrá la hora del balance para demostrar los estragos cometidos contra el país por la administración piñerista. Es cosa de pensar solo como los desempleados se cuentan por millones, o cómo las guardias blancas asolan la Araucanía y cometen genocidio contra el pueblo mapuche. Así como en las decenas de jóvenes mutilados por las balas policiales, varios de los cuales han perdido sus ojos. Consideremos, además, todo lo que nos han escamoteado las grandes transnacionales protegidas por las leyes neoliberales y ecocidas de los cancerberos del Gobierno.
En el momento de escribir estas líneas miles de chilenos son atacados en sus barrios y hogares para apagar su legítima protesta y furia. Pero los cacerolazos encendieron de nuevo la protesta en las poblaciones y ciudades cercadas por el Estado de Sitio y el Toque de Queda, mientras ya se organiza un paro nacional de trabajadores ¡Qué gusto da comprobar que pese a las duras restricciones, el pueblo vuelve a expresarse y exigir la salida de Piñera, tal como en el pasado demandara la de su mentor Augusto Pinochet. Y claro: todos podemos y debemos hacer algo para acompañar a la primera línea que se expresa contundente en todo Chile, aunque los medios de comunicación apenas lo consignen. Acotados informativamente, como siempre, solo a lo que transcurre en los cuatro palacios de nuestra institucionalidad.
En efecto, la protesta debe tener múltiples caras y formas de acción. Asumiendo sin complejos y tapujos que la Constitución y las leyes hay que desconocerlas y burlarlas cuando ya no son justas y se constituyen en un instrumento para ahogar la expresión ciudadana. La democracia no se mide en la llamada fortaleza de sus instituciones, por sus vetustos edificios, sino en la consecución de los derechos del pueblo. Tan clara y largamente manifestados en Chile.
El país debe alzarse, cercar la Moneda y forzar la salida de Piñera, de sus ministros rastreros y oscuros asesores, además de poner fin a la farándula parlamentaria que ha hecho gala televisiva en estos dramáticos momentos. Debemos impedir las nuevas postergaciones eleccionarias propiciadas por La Moneda. Países que están en peores condiciones sanitarias no se han atrevido a cancelar los derechos ciudadanos de sus habitantes, mientras que estas dilaciones en Chile son consentidas por los propios legisladores y hasta por los impacientes candidatos.
Piñera ya no tiene otro expediente que tener confinada a la población, cerrada las arcas fiscales y postergadas las elecciones para prolongar su mandato y evitar ser expulsado de un cargo que apenas consiguió por el apoyo de una minoría nacional y gracias a la mayoritaria abstención popular. Qué duda cabe que el retiro del monumento del general Baquedano de la Plaza Italia obedeció a una tajante forma de expresión de un pueblo que en realidad lo que quería era a Piñera fuera del poder y derribado con todo su caballo neoliberal.
Es una hipocresía sin nombre prorrogar la vigencia de una Constitución y un conjunto de leyes espurias ya repudiadas por esa enorme mayoría ciudadana. Piñera debió renunciar apenas el pueblo se lo demandó masivamente, por lo que la historia lo juzgará muy drásticamente por su fraudulento empeño de permanecer en La Moneda y seguir beneficiándose de sus acciones e inexcusables omisiones.
Qué duda cabe que la dignidad nacional exige forzar su salida. De otra manera nos arriesgarnos a ser tildados como un pueblo servil y complaciente. Actitud propia de aquellos parlamentarios que, con todo lo que ocurre, ni siquiera se resuelven a acusarlo constitucionalmente.
Celebramos en estos días la iniciativa de algunos parlamentarios de sumar voluntades para acusar constitucionalmente a Piñera a fin de destituirlo de su cargo. Votos para ello podrían haber más que suficientes, por lo menos para demostrar la orfandad en que se encuentra un Primer Mandatario repudiado ya por los propios partidos y militantes del oficialismo. Sin embargo, mucho nos tememos que nuevamente haya sectores de la oposición que se resten a este voto de censura legislativa y, de esta forma, lograr que la Constitución que prometieron reemplazar hace más de 30 años siga vigente y, con ello, el modelo económico social heredado de la Dictadura. Ya han surgido las primeras voces de algunos senadores para manifestar la necesidad de que Piñera complete su período presidencial. Pero seamos claros: el país ya sabe quiénes son estos personajes y a que partidos pertenecen, así como cuánto les ha redituado su retracción ideológica en estos largos años en que la promesa democrática ha sido desairada por los gobiernos de la Concertación, la Nueva Mayoría y, por supuesto, de la derecha.
