El Congreso de la República oficializó el sábado diecisiete de abril la inhabilitación política del expresidente Martín Vizcarra Cornejo (2018-2020) para ejercer cargos públicos durante diez años. Esta medida se aprobó el pasado viernes (16 abr. 2021) tras someter al exgobernante a un juicio político por haberse vacunado contra la COVID-19 en el marco de su vinculación con el caso ‘Vacunagate’.
La inhabilitación comporta que Vizcarra no podrá ser parte del Congreso a pesar de haber sido el candidato más votado del país en las elecciones del pasado domingo. La decisión tomada con 86 votos a favor del pleno del Legislativo, fue publicada en el diario oficial El Peruano y también comprende la inhabilitación durante ocho años de la exministra de Salud Pilar Mazzetti y por un año de la excanciller Elizabeth Astete.
Debemos señalar que a través de una resolución legislativa, publicada en el boletín de Normas Legales del El Peruano, se detalla que esta medida se toma por haber cometido infracción a la Constitución en sus artículos 2 (inciso 2), 7, 9, 38, 39 y 118 (inciso 1).
Las resoluciones legislativas, que impiden a los tres exaltos funcionarios ocupar cualquier cargo público durante el período de inhabilitación, apareció firmada por la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez Chuquilín, y el segundo vicepresidente, Luis Roel Alva.
En el caso de Vizcarra, esta decisión impedirá que forme parte del Congreso que se instalará este 28 de julio para el período 2021-2026, después que fue el candidato más votado en las elecciones generales con cerca de 164, 000 sufragios.
La acusación en el caso del expresidente –vacado por incapacidad moral permanente– sostuvo que mintió al asegurar que fue voluntario del ensayo y cometió infracciones constitucionales cuando era el funcionario de mayor rango al servicio de la Nación y en pleno embate de la pandemia.
Mazzetti y Astete, quienes fueron ministras del actual gobierno de transición que preside Francisco Sagasti y renunciaron tras destaparse el caso del ‘Vacunagate’, también fueron encontradas responsables de infracciones a la Constitución Política.
Durante el debate del pedido de inhabilitación, que se centró en Vizcarra, la mayoría de congresistas lo acusaron de corrupto mientras que otros aseguraron que debería ser inhabilitado de por vida e incluso alguno sostuvo que debía ser fusilado, además de atribuirle todas las consecuencias de la pandemia de coronavirus en el país.
Tras confirmarse la sanción, Vizcarra acusó al Congreso de la República de «haber perdido legitimidad» y expresó su certeza de que logrará revertir la decisión en los tribunales peruanos e internacionales, ya que ha presentado una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El exgobernante, quien fue destituido el pasado nueve (9) de noviembre por el Congreso de la República por incapacidad moral, enfatizó que va a seguir todos los procedimientos legales y se atrevió a defender el voto popular reflejado en las elecciones generales del domingo 11 de abril.
En mi artículo “Corrupción y campaña política en el Perú”, señalo que: “En este escenario debemos entender que el Perú está signado por la corrupción sistemática. Esto se refleja en la reciente investigación al expresidente Martín Vizcarra Cornejo por presuntamente recibir sobornos de empresas constructoras que suman 647, 000 dólares entre 2013 y 2014, cuando era gobernador de Moquegua”. Debido a este delito de corrupción la Fiscalía de la Nación pidió el viernes doce de marzo dieciocho meses de prisión preventiva para Martín Vizcarra.
Luchemos y combatamos la corrupción que pretende capturar el país.
