En el contexto actual, motorizado por el desarrollo tecnológico nuestro país y nuestra región necesita de Estados con políticas públicas que promuevan un modelo de desarrollo soberano con integración social y económica de las infraestructuras tecnológicas sobre las que se asienta el pasaje de la Sociedad de la Información a la Sociedad del Conocimiento.

por Alfredo Moreno *

El Ente Nacional de Telecomunicaciones (ENACOM) anunció en conferencia de prensa que interpondrá un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia con el objeto de revertir la medida cautelar dictada a favor de Telecom, que suspende para esa empresa la aplicación del DNU 690/20, que declaró servicio público esencial a las telecomunicaciones.

La apelación ante el máximo tribunal busca modificar la decisión de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que admitió la presentación realizada por Telecom Argentina S.A. y decretó una medida cautelar en su favor. La misma suspende los artículos 1 al 6 del Decreto de Necesidad y Urgencia 690/20, con voto mayoritario de los jueces José Luis López Castiñeira y Luis María Márquez, dos de los tres que la conforman.

En pleno agravamiento de la pandemia tenemos que estar pensando si nos alcanza para pagar internet o pagar el teléfono. Estos servicios se han vuelto tan imprescindibles que la notificación para vacunarnos nos llega por alguna de estas vías. Desconocer lo esencial de estos servicios es desconocer derechos humanos de la población argentina.

La voracidad de las empresas del sector de las telecomunicaciones no acepta límites a favor de los consumidores/clientes de sus servicios. La Justicia Federal en su fallo a favor de Telecom Argentina S.A. suspendió los artículos principales del DNU 690, que en 2020 declaró como servicio esencial de las telecomunicaciones las prestaciones de internet, telefonía celular y el cable.

Los jueces priorizan la renta empresarial antes que los derechos ciudadanos en su fallo a favor de la empresa del grupo Cablevisión Holding estructurada en la segunda mitad del gobierno de Cambiemos. Esta decisión reestablecería la potestad de los operadores de los servicios mencionados, para que fijen sus condiciones de comercialización y aumento de tarifas.

Favorecidas por el fallo federal, las empresas del sector anunciaron aumentos del 8% para mayo y 7% en junio, sumado a lo que ya recibieron en el primer trimestre sería un 30% de incremento, desconociendo la vigencia del DNU 690/20 que fue ratificación del Congreso de la Nación que otorga al ENACOM la autoridad para regular el precio de los servicios esenciales.

El vicepresidente de ENACOM, Gustavo López afirma que “ningún juez declaró inconstitucional este decreto. La medida cautelar lo que viene a hacer es a reemplazar al Legislativo y al Ejecutivo, porque terminan legislando dos jueces (ya que el fallo fue 2 a 1) en desmedro de los millones de usuarios que quedan desprotegidos y a merced del valor que fije la empresa”.

En la conferencia de prensa del 13 de mayo participaron representantes de las asociaciones de usuarios y consumidores, algunas de ellas hicieron saber su enérgico rechazo al falo judicial federal y el apoyo al ENACOM en defensa y aplicación del 690/20. La presencia de: Asociación Coordinadora de Usuarios, Consumidores y Contribuyentes (ACUCC); Asociación por la Defensa de Usuarios y Consumidores (ADUC); Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC); Asociación de Usuarios y Consumidores de la Provincia de Corrientes (AUC); Consumidores Libres; Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO); Liga de Consumidores (LIDECO); Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur (PROCONSUMER); Asociación de Defensa del Consumidor (PROTECTORA); Unión Argentina para la Defensa del Consumo (UNADEC); Unión Consumidores de Argentina; Unión de Usuarios y Consumidores; Federación de Mutuales para la Defensa Organizada del Consumo (FEMUDECO); Consumidores Argentinos; Red Argentina de Consumidores (RAC); Asociación Civil de Usuarios Bancarios Argentinos (ACUBA), y Asociación Argentina de Usuarios de Internet (INTERNAUTA) conformó la representatividad sobre la necesidad demandada.

La pandemia de la Covid-19, puso en evidencia la importancia vital de los servicios de telecomunicaciones y la necesidad de achicar la brecha digital en Argentina; como así también la necesidad de una red pública que garantice una convergencia tecnológica equitativa.

En el caso de la telefonía móvil, el 85% de la población está cubierta por la red celular, los servicios de 4G son un beneficio para los grandes centros urbanos, el 3G para algunas zonas periféricas a estos centros, el resto del país no tiene conectividad.

Los servicios domiciliarios de fibra óptica (FTTH) cubren las grandes zonas urbanas con poder adquisitivo que permite su contratación. El resto del país tiene servicios deficitarios con cortes que superan las semanas dejando a las personas (clientes) sin acceso a Internet y sin comunicación ya que empresas como Telefónica, en algunas zonas retiraron las líneas de cobre para telefonía fija. La situación es tan desesperante que, ante el reclamo de los clientes, las empresas -caso Telecom- ofrecen cargarle datos para el celular, de modo de utilizar el dispositivo, cuya conexión 4G o 3G es inestable para conectarse a internet.

El abandono de la infraestructura de telecomunicaciones realizado por Telefónica y Telecom ha llevado a esta situación límite. Sus ganancias continúan siendo enormes en este período de pandemia, no reinvierten en tendidos y mejoras de sus redes que conforman la infraestructura privada de telecomunicaciones. La concentración en el sector de las telecomunicaciones cada vez es mayor y las empresas trasladan las ganancias a las filiales centrales.

La patria cautelar, conformada por algunos sectores de la justicia que miran los intereses económicos y políticos de las empresas y son ciegos para la defensa de los intereses de los que menos tienen, hoy desconoce que en las elecciones democráticas del 2019 el pueblo se manifestó mayoritariamente.

Este contexto de menos voces y mercado concentrado configura menos democracia y genera menos trabajo. La pluralidad comunicacional se encuentra en estado de emergencia, situación agravante en este largo año de Covid-19. Entre 2015 y 2019 se perdieron 4000 empleos en empresas editoriales, agencias de noticias públicas y privadas, radios, canales de televisión, imprentas, grandes y pequeños medios comerciales, lo cual generó pérdida del poder adquisitivo y precarización de los trabajadores existentes. Este escenario es producido por la creciente concentración de los medios e infraestructuras de las comunicaciones, que llegan a niveles altos de poder.

En este nuevo aniversario del día de Internet, los argentinos y las asociaciones que nos representan necesitamos sumar nuestros esfuerzos para que se apliquen las sanciones estipuladas en el decreto presidencial 690/20 por incumplimientos regulatorios. No alcanza con cobrarles multas, hay que quitarles la pauta publicitaria y las licencias para dar estos servicios esenciales si continúan desconociendo la regulación del Estado a favor del pueblo argentino.

Es urgente la implementación para más de 3 millones de compatriotas de la Prestación Básica Universal (PBU) consagrada por el DNU 690/20 ratificado por el Congreso. Es inaceptable que las empresas declaren ante el ENACOM y el Consejo Federal de Políticas Sociales (CFPS), transcurridos los primeros 3 meses del DNU 690/20, la cantidad irrisoria de beneficiarios que registran, a saber: Claro 337, Personal/Telecom 1203 y Movistar/Telefónica 81803.

No es posible que las familias deriven el 15% de la asignación universal por hijo (AUH) para recargar el teléfono celular. En Argentina se utilizan 80 millones de celulares. La PBU alcanza a cubrir 19 millones de dispositivos, de los cuales 3 millones corresponden a compatriotas que viven en estado de indigencia, según afirma María Tolosa Paz presidenta del CFPS.

Telefónica y Telecom en los últimos 25 años se llevaron divisas a sus países de origen solamente comparables con el saqueo realizado a la riqueza del cerro rico de Potosí.

Es el momento de profundizar el debate de los servicios públicos, que fueron privatizados en la década del 1990, y el rol del Estado. Es necesario frenar este saqueo y desarrollar una política pública que garantice a los argentinos la disponibilidad de estos servicios esenciales. Debemos crear las condiciones para estructurar una infraestructura de telecomunicaciones y servicios de valor agregado que integre la experiencia de ARSAT, las cooperativas, pymes y representaciones sectoriales, además de las grandes empresas privadas.

La infraestructura de la red es el soporte de la convergencia tecnológica signada por las telecomunicaciones y la producción y distribución de contenidos. Si no hay redes no es posible el desarrollo de la convergencia. La situación actual, muestra una superposición de redes de los diferentes prestadores del mercado que han privilegiado la facturación por sobre la calidad del servicio y se han desentendido la integración nacional.

Para el sector privado ya no es redituable sostener una infraestructura de red. Su nuevo modelo de negocios es la producción y distribución de contenidos y las aplicaciones de valor agregado que demanda el Big Data. Por lo cual van a continuar sin invertir en el desarrollo y actualización de sus redes.

Nos encontramos en un momento histórico respecto de la evolución de la infraestructura de telecomunicaciones, en el que uno de los mayores desafíos es resolver adecuadamente la ampliación de la cobertura de la red troncal de trasporte y de distribución de fibra óptica para llegar a todos los rincones y localidades de la región lo cual involucra cuantiosas inversiones. Este tiempo demanda que el Ente regulador evalúe las licencias otorgadas ante el incumplimiento de las inversiones que deben realizar las empresas.

El modelo de servicios constituído luego de la privatización de ENTEL llegó a su fin. Necesitamos una política pública que integre una red de telecomunicaciones pública que brinde servicios de calidad con sensibilidad social y compromiso con el país.

El enorme esfuerzo que está realizando el Estado nacional nos pone en la necesidad de profundizar los debates y aportes para la construcción de una política de desarrollo de la Industria de las Telecomunicaciones. Es necesario que ENACOM continúe profundizando la intervención en el sector en beneficio de los usuarios, trabajadores y la sociedad en su conjunto como condición central para la calidad del servicio.

No se trata de que las empresas privadas no obtengan ganancias. Sino que deben cambiar el paradigma inyectado en el país en la década de 1990. La infraestructura de telecomunicaciones es una necesidad de integración social para el desarrollo del país. Necesitamos el desarrollo y operación de una infraestructura común, planificada y actualizada por empresas de gestión pública. El financiamiento estará dado por los servicios de transporte facturables a las organizaciones del tercer sector, cooperativas, pymes y grandes empresas privadas que brinden servicios de valor agregado en la red. Esta alianza permitirá una política abierta para aquellas organizaciones o empresas que desean proveer servicios en la red en régimen de libre competencia.

La infraestructura de la red es una cuestión de Estado

El acceso nacional a las telecomunicaciones y la integración tecnológica ya no pueden esperar en el contexto de la redefinición digital de la vida cotidiana.

Es determinante regular el uso compartido de las redes existentes. Hay que separar las empresas de transmisión de datos de las de generación de contenidos audiovisuales. La pluralidad de voces en la red no es posible con la integración vertical de los servicios de cuádruple play existente.

En el contexto actual, motorizado por el desarrollo tecnológico nuestro país y nuestra región necesita de Estados con políticas públicas que promuevan un modelo de desarrollo soberano con integración social y económica de las infraestructuras tecnológicas sobre las que se asienta el pasaje de la Sociedad de la Información a la Sociedad del Conocimiento.

Una infraestructura de telecomunicaciones en manos de un organismo público con representación comunitaria y parlamentaria es una garantía de acceso igualitario y de calidad en el servicio de Internet.

Es un derecho impostergable de los pueblos.

Puertas que se abren en dirección a la soberanía digital

La Puerta Digital Asia Sudamérica retoma la memoria de los BRICS. En el marco de la visita, el pasado mes de enero, que el presidente Alberto Fernández realizara a Chile, se firmó el acuerdo para conectar en la ciudad de Valparaíso, el cable de fibra ótica de la Red Federal de Fibra Óptica de la empresa pública ARSAT. Esta integración, nos permitirá tener dos puntos de acceso internacional a Internet; uno por el Atlántico, el actual, y otro por el Pacífico. El nuevo anillo digital submarino y transpacífico llamado “Puerta Digital Asia-Sudamérica”, se unirá al continente asiático sin pasar por EE.UU. ni Europa.

Por el momento, la empresa pública estatal posee una salida a través de Las Toninas, el punto de amarre al que llegan siete cables submarinos que conectan a la Argentina con el resto del mundo.

El cable submarino denominado Humboldt que proyecta Chile se amarrará en Valparaíso, el principal punto de llegada de cables submarinos del mundo a este país. Chile posee 10 puntos de amarre a lo largo de su territorio. El sur de Chile está unido por Fibra Óptica Austral, el tendido que se realizó durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet.

El cable submarino Humboldt es la infraestructura de transporte del proyecto Puerta Digital, un desafio ambicioso e innovador por el hecho de abrir una ruta directa con Asia por el Pacífico sin pasar por otro punto de amarre en la región.

El proyecto contempla la conexión de Argentina al nodo de Valparaíso en Chile y desde ahí unir la ciudad de Sidney, en Australia, vía Nueva Zelanda, que permitirá continuar la conexión con otros cables submarinos amarrados en Japón, China y Corea del Sur. Se trata de un tendido de 13.000 kilómetros de fibra óptica bajo el Océano Pacífico.

Los escenarios que se visualizan hacia adelante son complejos, las políticas exteriores de nuestros países en materia de TIC necesitan tener posiciones no alineadas. Es necesario recordar que China, uno de los países socios del Cable de los BRICS, lidera el mundo en materia de control y monitoreo de Internet para sus propios ciudadanos. En cualquier caso, este primer paso concretado entre Argentina, Chile y Brasil despierta expectativas en una atmósfera digital que se vuelve cada vez más asfixiante.

La multipluralidad resulta un buen paso para equilibrar una Internet que ahora, no quedan dudas, está totalmente desbalanceada a favor de las corporaciones.

 

*Alfredo Moreno. Profesor TIC en Universidad Nacional de Moreno. Ingeniero TIC en ARSAT.