La dificultad del acceso a la vivienda en el estado español, desgraciadamente, vuelve a estar en el centro del debate, tanto social como político, durante este mes de junio.

Durante los primeros años de la década del 2000 se produjo una burbuja inmobiliaria que desembocó en una fuerte crisis de la vivienda en el 2008, dando lugar a una importante caída de los precios de la vivienda. Todo esto, sumado a una legislación pensada para favorecer el sistema financiero i desproteger a la población, tuvo como consecuencia la ejecución de miles de desahucios y el aumento de la exclusión residencial y la pobreza. Durante los últimos años la situación no ha mejorado, la dificultad de acceso a la vivienda se ha convertido en un mal endémico que arrastra otro tipo de dificultades, como son problemas de salud física y mental.

En Cataluña, gracias al esfuerzo de miles de entidades sociales, en septiembre de 2020 se aprobó la Ley de Regulación de Alquileres (Ley 11/2020) que permite fijar un precio máximo del alquiler, pero pocos meses después, el gobierno del estado español no está de acuerdo en la necesidad de regular el precio de los alquilares, es más amenaza con anular la ley de Regulación de Alquileres 11/2020 en Cataluña.

Por otro lado, en Barcelona, la gravedad de la crisis muestra su cara más trágica, y el 14 de junio, un hombre se suicidó cuando iba a ser desahuciado. Se trataba de un hombre de 58 años, que después de que la comitiva judicial llamase al timbre de su casa para cumplir una orden de desahucio se lanzó por el patio interior de la vivienda. El hombre se había quedado en el paro durante la pandemia y no podía seguir pagando el alquiler. También en Fuerteventura, el 18 de junio, otro hombre, en este caso de 48 años, se colgó de la barandilla del sótano del edificio donde residía después de ser desahuciado por no poder pagar el alquiler.

Imágenes de Esperanza Fernandez

El portavoz del Sindicato de inquilinas prevenía hace meses de estas situaciones: “Cuando estalló la pandemia, le dijimos al Gobierno que suspendiera los alquileres de todas las familias afectadas, porque sabíamos que muchos hogares no podrían hacer frente a unos alquileres que ya eran abusivos mientras perdían sus ingresos”. “Aunque en estas situaciones tan terribles siempre intervienen varios factores, el resultado es que se está disparando el número de personas que no pueden pagar el alquiler y que son empujadas a situaciones extremas.”

Como respuesta a esta difícil situación que arrastramos desde hace años, las diferentes plataformas por el derecho a la vivienda anuncian que antes de verano registraran en el Congreso de los Diputados una auténtica Ley del Derecho a la Vivienda, con la intención de coger las riendas del futuro de la ciudadanía. “Hay que garantizar, por fin, el derecho a la vivienda en nuestro país y poner coto a la especulación salvaje que tantas vidas ha destrozado”.

Los movimientos sociales opinan: “para el Gobierno, garantizar el Derecho a la Vivienda ha dejado de ser prioritario, insensible a las lagunas de las medidas de protección que han permitido, incluso en pandemia, que siguiese habiendo desahucios. No podemos esperar más, por eso este giro que esperamos poder hacer realidad con el respaldo de los grupos parlamentarios que han dado su apoyo a la Iniciativa desde sus inicios.

El problema con la vivienda ya dura demasiado, desde el estallido de la estafa hipotecaria del 2008, sin una voluntad política clara para resolverlo. La pandemia ha acentuado todavía más la emergencia habitacional.”

Si revisamos los últimos datos, podemos observar la magnitud de la emergencia habitacional; 10.961 familias han sido expulsadas de sus casas entre enero y marzo de 2021 por no poder pagar su alquiler o hipoteca. Por otro lado, esta cifra aumentará exponencialmente cuando el 9 de agosto finalice la moratoria actual que está posponiendo muchos de los desahucios. Este es el resultado de años de nefastas o inexistentes políticas de vivienda, que conducen a las familias a la precariedad y a los jóvenes a aplazar su emancipación relegando así la construcción de un proyecto de vida. El sinhogarismo se está cronificando, cada vez más pensionistas con pocos recursos o parados expulsados del mercado laboral se ven obligados a vivir en la calle o en pisos sobreocupados en condiciones inadecuadas.

En esta situación tan crítica, los colectivos en lucha por el acceso a una vivienda digna están siendo represaliados. La Fiscalía ha llevado a juicio y pide nueve años prisión en total para tres activistas del Sindicato de Inquilinas. El ministerio público acusa a su portavoz, Jaime Palomera, y a dos activistas más, de los delitos de coacciones continuadas y allanamiento de morada de persona jurídica, por los que solicita tres años de cárcel a cada uno. A pesar de que todas las pruebas muestran que el Sindicato protestó de manera totalmente pacifica contra un caso de acoso inmobiliario i desahucio, la fiscalía no ha dudado en pedir hasta 9 años de prisión, superando incluso lo que pedía la acusación particular.