POLÍTICA
Por Barbara Sena
El presidente sigue realizando intentos para impedir el proyecto de ley que busca el acceso gratuito al Internet para alumnos y profesores de la educación pública básica.
En Brasil, uno de los países más afectados por la Covid-19 en diversos sectores, el presidente Jair Bolsonaro intenta descartar el proyecto de ley que pretende proporcionar Internet y tablets a estudiantes de escasos recursos, quienes no consiguieron continuar con su educación durante la pandemia por falta de Internet o dispositivo que permita el acceso a este.
El país cuenta con una extensa historia de desigualdad en múltiples áreas y esto se reflejó durante la pandemia del coronavirus, la educación se ha basado en desigualdad y marcada aún más a una intensa velocidad en este lapso.
Como resultado la continuidad de la enseñanza durante la cuarentena presentó grandes desafíos para todas las escuelas, solo pudieron seguir aquellos que poseían acceso a tecnología e Internet al tener más facilidad, a diferencia de aquellos que no tenían un computador, celular o una conexión de calidad al Internet para continuar con el ritmo de sus clases.
Ante este escenario, en el segundo semestre del 2020 surgió una propuesta que buscaba dar acceso libre al Internet para alumnos de escasos recursos de las escuelas en todo Brasil, sin embargo, el presidente Bolsonaro mostró oposición a esta idea y ha hecho varios intentos para impedir su ejecución.
El proyecto de ley en discusión o solo PL (3.477/2020), también denominado PL de Conectividad, creado por el diputado Idilvan Alencar (del partido político PDT-CE) y otros 23 congresistas, tienen por objetivo garantizar el abastecimiento de Internet y tablets para alumnos y educadores de las instituciones públicas del país, serían aproximadamente 18 millones de estudiantes y 1.5 millones de profesores quienes beneficiarían. No obstante, los contemplados por el proyecto serían a duras penas quienes sus familias están inscritas en el programa social del gobierno federal CadÚnico (Cadastro Único), y los matriculados en instituciones de comunidades indígenas o afrodescendientes (comunidades quimboladas), asimismo como los maestros de educación básica. Respecto al plan de prioridad de entrega se considera la siguiente secuencia: alumnos de educación media, educación elemental, docentes del nivel medio y profesores de educación elemental.
El PL fue aprobado por la Cámara en diciembre del 2020 y ante el Senado en febrero del 2021, pero en este año Bolsonaro vetó el proyecto en el Congreso al argumentar la falta de claridad sobre el impacto financiero estimado en el Presupuesto del Sindicato, norma que se encuentra en la Constitución y en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Por otro lado, el jefe de Estado también afirmó que la propuesta aumentaría la «alta rigidez del presupuesto, lo cual dificulta el cumplimiento de la meta fiscal y de la regla de oro», de manera que el valor sobrepasaría el límite de gastos, al mismo tiempo agregó que el gobierno federal está «realizando esfuerzos» en el campo educativo.
La información que supuestamente faltaba realmente constaba en el texto original de la propuesta. En la Cámara de Diputados el proyecto tenía previsto R$ 26,6 billones que serían dados por el Fundo de Universalidad de los Servicios de Telecomunicación (Fust), entre otras organizaciones. Para esto, en seguida el valor fue revisado y determinado en R$3,5 billones que serán examinados por el Sindicato de los estados para que estos decidan la distribución de acuerdo con sus necesidades; entre Internet móvil, tablets, o Internet fijo, en caso de ser comprobado su rentabilidad o cuando no exista oferta de datos móviles localmente.
En el mes de junio del 2021 el Congreso derogó el veto presidencial, así permitió que el proyecto de ley pudiese continuar en su proceso de ejecución. Además, se hizo una votación en la Cámara con 419 votos a favor y 14 en contra para anular el veto. Siguiendo la misma postura, en el Senado la decisión fue unánime para invalidarlo, 69 votos a cero. Con dicha decisión la propuesta pasará a estar en vigencia en el momento que fuera publicada en el Registro Oficial del Sindicato (Diário Oficial da União), con un plazo de 12 meses que puede ser prolongado.
Como respuesta a esta resolución, en julio el mandatario volvió e intentó acabar con el proyecto, esta vez al recurrir al Tribunal Supremo Federal (STF, sus siglas en portugués). El recurso fue presentado por la Abogacía General del Sindicato (AGU) Bolsonaro alegó que estas decisiones son competencia de poder ejecutivo, asimismo descalificó al proyecto y lo etiquetó de «inefectivo», pero no expuso ninguna prueba que sustente su argumento.
Igualmente el Ministro de Educación, Milton Ribeiro fue consultado sobre el tema y manifestó contrariedad hacia el proyecto, en una entrevista para el periódico Estado recalcó que el acceso al Internet y tablets eran «problemáticas sociales» sin relación con el MEC (Ministerio de Educación), puesto que no es función del MEC proveer este tipo de herramientas. Cuando se le preguntó sobre la aguda desigualdad educativa por la escasez de conexión al Internet, dijo «Hoy en día, si usted está en una escuela, incluso si es pública, existe un número mínimo que no tiene celular. Ahí es el Estado o el municipio que debe estar pendiente de esto. Nosotros no tenemos los recursos para atenderlo. Este no es un problema del MEC, es un problema de Brasil. De ninguna manera, ¿ qué se hará? Es una iniciativa de cada uno, de cada escuela. Nosotros no hicimos este lío. La sociedad brasileña es desigual y no es tiempo para que las personas, a través del MEC, puedan conseguir ser iguales»
Todavía no se ha dado una fecha para la decisión del Tribunal Supremo Federal sobre la aprobación o, en su defecto, veto del proyecto de ley (3.477/2020). Mientras este proceso se tramita se acerca el final del segundo año de estudios a distancia, o la carencia de este, para millones de estudiantes en todo Brasil.
Estudiantes que están a la expectativa de la aprobación para obtener su pase de nuevo al aprendizaje.
Traducido del portugués al español por Esther Aguirre M.
