Guatemala volvió a incendiarse. Durante las últimas semanas, miles de personas llenaron avenidas y plazas, se tomaron carreteras y puentes, paralizaron el sistema vial en varios puntos del país.

Tres fueron las consignas enarboladas por  los manifestantes: la renuncia del presidente Alejandro Giammattei y de la fiscal general Consuelo Porras tras la destitución del fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, el fin de la corrupción y la impunidad, y la exigencia de una asamblea constituyente popular y plurinacional.

Entrevistado por medios internacionales, Sandoval explicaba que su puesto de trabajo comenzó a tambalear desde la llegada de Consuelo Porras como fiscal general. Esto debido al trabajo desarrollado desde la Fiscalía especial contra la impunidad (Feci) y en conjunto con la disuelta Comisión internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Prácticamente dijo que se estaba avanzando en la investigación de personas muy cercanas al círculo presidencial, por delitos de corrupción y por la supuesta manipulación del proceso de elección de los nuevos magistrados de altas cortes.

Igual que en noviembre del año pasado, cuando el pueblo guatemalteco protagonizó protestas masivas en contra de la aprobación de un presupuesto nacional que recortaba el gasto social y beneficiaba a “los de siempre”, y de la incapacidad del ejecutivo de hacerle frente a la pandemia y al impacto de dos huracanes, Guatemala paró y dijo un ‘¡basta ya! a un sistema y a un modelo corrupto y depredador.

“Ha habido una gran respuesta de la gente, de las comunidades organizadas y en resistencia y de otros colectivos, que han salido a manifestarse en diferentes puntos del país”, dijo Leiria Vay García, integrante de la dirección política del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca).

“Lo hemos venido diciendo durante mucho tiempo: en Guatemala vivimos sin derechos y con un Estado que no responde a los intereses de la población, sino a los de los grupos económicos.

Esta situación – continuó – ha generado una gran inconformidad que ha desembocado en manifestaciones gigantescas. Pero aquí no se trata únicamente de indignarse por un problema específico, como por ejemplo el presupuesto o la destitución del fiscal.

Desde Codeca hacemos la reflexión de que la renuncia de un presidente, de un ministro, de una fiscal no cambia nada. Ya lo vimos en 2015 con la renuncia y el encarcelamiento de Otto Pérez y Roxana Baldetti. Seis años después estamos nuevamente en las calles protestando e indignándonos por los mismos temas.

Creemos entonces – explicó la dirigente indígena – que las renuncias  y la persecución de los corruptos deben ser acompañadas por cambios estructurales. Queremos un Estado plurinacional construido desde los pueblos y desde los sectores que históricamente hemos sido excluidos”.

Guatemala y la exclusión

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en Guatemala el 60% de la población vive en pobreza (casi 10 millones) y el 22% en pobreza extrema (3.6 millones). Cifras que se disparan en la zona rural y en las comunidades indígenas donde la pobreza alcanza el 80% de la población (encuesta de hogares 2020).

En Guatemala, uno de cada dos niñas y niños sufre desnutrición crónica. Es el primer lugar en América Latina y el sexto en el mundo en cuanto a desnutrición infantil (Unicef).

Sólo un quinto de la población tiene acceso al agua potable. Las pocas fuentes de agua limpia en comunidades rurales están siendo objeto de captura por empresarios que implementan proyectos extractivos.

El sistema sanitario está colapsado y, después de año y medio del inicio de la crisis sanitaria, el gobierno ha podido solamente vacunar al 14% de la población con una dosis y sólo el 2% ha completado el esquema de vacunación.

Mientras tanto, se multiplican las concesiones otorgadas a empresas nacionales y transnacionales para la exploración y explotación minera y petrolera y para proyectos energéticos, al tiempo que se expanden sin control los monocultivos agroindustriales, que expulsan comunidades y acaparan territorios.

La resistencia y las denuncias de defensores y defensoras de derechos humanos, de la tierra y los bienes comunes desemboca, cada vez más, en persecución, represión, criminalización, judicialización y muerte.

A más represión, más lucha

Según los más recientes informes de Front Line Defenders y Global Witness, Guatemala en 2019 fue entre los países más peligrosos para quienes defienden la tierra y los bienes comunes, y el más peligroso considerando los asesinatos de defensores per cápita. También es la nación con el mayor aumento de asesinatos de defensores respecto al año anterior (2018).

Según datos de la Unidad de protección a defensoras y defensores de derechos humanos de Guatemala (Udefegua), entre enero y el 15 de diciembre de 2020, que corresponde al primer año del mandato del presidente Giammattei, en Guatemala se registraron 1004 casos de agresiones, 15 asesinatos y 22 intentos de asesinato contra personas defensoras de derechos humanos.

Estos datos, señala Udefegua, evidencian “la falta de voluntad del Estado para garantizar que quienes defiendan derechos humanos puedan hacerlo en condiciones de libertad y seguridad”.

“Quien tiene ahora el control del ministerio público no responde al sistema de justicia, ni al pueblo, sino a ese grupo de corruptos que siempre han tenido el control del poder estatal. Y hay otro factor.

Contrariamente al discurso oficial anticorrupción que pregonan insistentemente – explica Leiria Vay – los Estados Unidos no miran con buenos ojos que haya cambios estructurales en países como Guatemala.

Actúan fingiendo apoyar la lucha contra la corrupción y el encarcelamiento de algún funcionario, le dan cobertura y relevancia mediática para aparentar que el problema está resuelto, pero se quedan callados ante los actos de corrupción de los que detienen el poder económico en el país.

No podemos conformarnos con esto – aseveró –. El pueblo necesita organizarse, articularse. La lucha que hay que librar y el desafío que tenemos por delante es por un cambio de sistema y de estructura del poder”.

Durante años, Codeca, así como otras organizaciones comprometidas con la lucha de resistencia, han sufrido los ataques sistemáticos de presidentes y funcionarios públicos. Veinte activistas y directivos de Codeca han sido asesinados en los últimos dos años.

El año pasado, en plena emergencia sanitaria y con el estado de sitio, las transnacionales extractivistas siguieron trabajando como si nada pasara. Igual hizo el aparato represivo que siguió atacando, reprimiendo, y asesinando a defensores y defensoras. En 2020, Codeca registró unos 166 casos de represión que involucraron a al menos 662 víctimas a nivel nacional.

“Las organizaciones estamos sufriendo una constante agresión. Hay una fiscalía, cada vez con más presupuesto, que se dedica a perseguir y criminalizar, mientras que ejército y policía se dedican únicamente a resguardar y defender los intereses de las empresas transnacionales y atacar a quienes luchamos contra estos proyectos”, advirtió Vay.

¿200 años de qué?

Este año, Centroamérica festeja 200 años de su independencia. Los pueblos indígenas (y no sólo ellos) aseguran que no hay nada que celebrar.

“Para nosotros son 200 años de mayor saqueo, represión, racismo, exclusión, sobre-explotación, pobreza y muerte. En nuestros territorios siguen acaparando tierras, saqueando bienes comunes, explotando a trabajadoras y trabajadores, empobreciendo a las comunidades. Todo en nombre del desarrollo.

Cuando nos organizamos para defender nuestros territorios y nuestros derechos, se desata la represión y nos encarcelan o nos asesinan. Por eso – concluyó la dirigente indígena – las movilizaciones van a continuar hasta que los pueblos lo decidan.

Nuestra apuesta es que podamos todos entendernos y articularnos alrededor de la lucha por cambios estructurales y un estado plurinacional. Que se vayan los corruptos y que cambiemos el sistema”.

(Fin primera parte)

Fuente: LINyM