El 9 de octubre militantes de la extrema derecha neofascista aprovecharon una multitudinaria manifestación, convocada en Roma para protestar contra el certificado obligatorio de vacunación[1] contra Covid-19 para dirigirse hacia el gobierno italiano y atentar violentamente contra la sede nacional de la CGIL.

La escasa presencia policial contribuyó a que decenas de activistas neofascistas penetraran con facilidad y destruyeran las oficinas de la histórica sede de la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL, por su sigla en italiano).

El brutal ataque escuadrista fue condenado masivamente por fuerzas políticas, sindicales y sociales a nivel mundial. En Italia, varios sectores de la política y la sociedad exigieron ilegalizar a todos los movimientos neofascistas, incluida Forza Nueva, principal responsable del ataque.

El siguiente día, al menos una docena de personas fueron detenidas y acusadas de diferentes delitos, entre ellas, Roberto Fiore y Giuliano Castellino, dirigentes de Forza Nuova, y Luigi Aronica, ex miembro del grupo terrorista de extrema derecha Núcleos Armados Revolucionarios (NAR).

“El ataque no fue dirigido contra la CGIL en sí, sino contra lo que representa, porque los sindicatos son un baluarte de la democracia”, dijo a La Rel Pietro Ruffolo, coordinador de políticas europeas e internacionales de la FLAI CGIL.

“Lo que ocurrió en Roma es un hecho gravísimo y no podemos, ni debemos subestimarlo. Un importante pensador escribió que la historia nunca se repite de igual manera, pero debemos estar preparados para reconocer señales que indican que el sistema democrático está nuevamente bajo ataque”, agregó.

El reconocido sindicalista, también integrante del Comité Ejecutivo Mundial de la UITA, recordó que el fascismo en Italia surgió de actos violentos como estos, y que llegó al poder porque no había capacidad para comprender y contrarrestar lo que estaba pasando.

“Hoy sabemos que esta es la forma de atacar la democracia y debemos estar preparados para prevenir y evitar que se creen las condiciones para nuevos y más profundos actos violentos”, dijo.

“La Constitución italiana garantiza la libertad sindical y hay que asegurar que esto sea respetado. Los ataques no solo deben ser condenados sino también prevenidos. El sábado pasado hubiese sido suficiente que la fuerza pública acordonara la zona y nada hubiera ocurrido”, lamentó Ruffolo.

“Así empezó el fascismo”

Para él, la gravedad de lo sucedido en Roma impone una reflexión muy seria.

“Se trata de algo que el país ya vivió en el pasado, cuyas consecuencias y secuelas conocemos perfectamente. Por otro lado, preocupa que la fuerza pública no haya comprendido, ni percibido, el peligro de que el malestar social pueda convertirse en ataques a la democracia y la convivencia ciudadana”.

Estos actos violentos – continuó Ruffolo – “deben abrirnos los ojos, tanto a la ciudadanía como a los órganos competentes en materia de garantizar las libertades y el respeto de la Constitución”.

Finalmente, el dirigente de la FLAI CGIL recordó que la pandemia agudizó aún más las problemáticas económicas y sociales, y que todos deben comprometerse para salir de esta situación.

“Las fuerzas de gobierno deben asegurarse que el malestar no se convierta en actos que riñen con la libre convivencia civil y con el sistema de garantías que brinda la Constitución” señaló.

“Asimismo, la ciudadanía y las organizaciones civiles, políticas y sociales deben mantener un rol activo en la vida democrática y presionar para que los órganos competentes cumplan con su deber”.

Es por eso –concluyó Ruffolo– que este sábado 16 las tres confederaciones sindicales (CGIL, CISL y UIL) convocaron a una manifestación nacional en Roma contra todos los fascismos.

Notas

[1] El denominado green pass es obligatorio para asistir a actividades públicas, incluyendo al trabajo.

Fuente: Rel UITA