Este jueves 27 de enero, la presidenta electa Xiomara Castro, la más votada en la historia reciente de Honduras, tomará posesión de su cargo en medio de una crisis institucional generada por la decisión de 18 diputados del Partido Libertad y Refundación, Libre, que hunde sus raíces en la resistencia popular contra el golpe de estado de 2009, de votar juntos a los partidos tradicionales una junta directiva parlamentaría diferente a la acordada con los aliados.
A pocas horas de la que pretendía ser una gran fiesta popular por la victoria contundente contra aquellos grupos políticos y económicos que han arrasado con la institucionalidad y hundido a más del 70% de la población en la pobreza, Honduras despierta hoy con dos juntas parlamentarias diferentes y con un futuro inmediato imprevisible.
A pesar de lo delicado de la situación, la presidenta Xiomara Castro, acuerpada por miles de personas en las afueras del Congreso, ha garantizado que el proyecto de refundación del país está en marcha y seguirá a paso firme.
De la misma manera continúa el trabajo de la comisión de transición para movimientos sociales (lea aquí una nota sobre el trabajo desarrollado), para completar la labor de sistematización de las propuestas presentadas por los diferentes sectores de la sociedad hondureña y convertirlas en políticas públicas y proyectos de ley.
Es en este contexto que hemos conversado con Bertha Zúniga Cáceres, coordinadora del Consejo cívico de organizaciones populares e indígenas de Honduras (Copinh).
«Como Copinh participamos en diferentes mesas instaladas por la comisión de transición y presentamos ocho puntos mínimos para el respeto de los derechos y los territorios de los pueblos indígenas. Por supuesto que cada punto está integrado por varias propuestas», dijo Zúniga.
Los puntos tienen que ver con la creación de una política integral de protección a la vida, la cultura y cosmovisiones de las comunidades indígenas, el reconocimiento por parte del Estado a la posesión histórica ancestral de las tierras de las comunidades indígenas, a través de saneamiento y entrega de títulos comunitarios.
«En Honduras hay un conflicto irresuelto por la tierra porque las autoridades nunca han reconocido el derecho que tienen nuestros pueblos sobre sus territorios. Muchas comunidades, a pesar de tener siglos viviendo ahí, no tienen documentos que avalen que son dueñas de estas tierras. Eso las expone a graves conflictos, a la ocupación de sus territorios por la implementación de proyectos extractivos y a ser expulsadas», explicó la coordinadora del Copinh.
Otros puntos tienen que ver con el reconocimiento de las autoridades indígenas y de su autonomía territorial, incluyendo los derechos a la consulta y el consentimiento libres, previos e informados; la asignación de una partida presupuestaria destinada a los pueblos indígenas (mínimo vital) para garantizar la existencia y calidad de vida de las comunidades, así como la creación de una mesa nacional de transparencia y veeduría del manejo de dichos fondos.
El Copinh también propuso una auditoría financiera y la depuración de aquellas instituciones públicas vinculadas a los pueblos indígenas, que han operado durante los últimos doce años de gobiernos corruptos y entreguistas.
Justicia para Berta
Finalmente, la organización indígena Lenca pidió al nuevo gobierno la creación de una mesa de alto nivel conformada por instituciones del Estado, organismos internacionales y víctimas, para investigar, enjuiciar y castigar a todos los responsables del asesinato de la cofundadora y antigua coordinadora del Copinh, Berta Cáceres, y crímenes conexos, garantizando verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
«Son muchas propuestas y hemos tratado de que fueran complementarias a otras presentadas por otras organizaciones indígenas y negras», explicó Zúniga.
La activista manifestó tener muy claro que todos estos años de políticas neoliberales, de saqueo a las instituciones del Estado, de blindaje legal y construcción de marcos jurídicos que protegen los intereses de los poderosos, de las empresas, del golpismo y post-golpismo, afectarán muy fuertemente al nuevo gobierno.
Las trasformaciones surgen del pueblo
«Lo consideramos un gobierno de transición y sabemos que no va a poder generar todas las transformaciones que quisiéramos. Sin embargo, lo que esperamos es que pueda sentar las bases, poner los pilares para una transformación más profunda del país.
No podemos hablar de garantizar los derechos de los pueblos indígenas sin tocar los intereses de las grandes corporaciones, de los grandes empresarios que tienen una enorme influencia política y económica en nuestro país.
Es importante – continuó Zúniga – avanzar en el cumplimiento de grandes promesas como, por ejemplo, la instalación de una asamblea nacional constituyente popular y originaria, la garantía de derechos fundamentales y el desmantelamiento de la estructura de corrupción.
Sabemos que no va a ser fácil y sabemos también que los cambios y transformaciones deben surgir del pueblo y pasan obligatoriamente por la participación activa, permanente y sostenida de todas las organizaciones sociales y populares», resaltó.
Para la dirigente del Copinh, estos próximos cuatro años deben servir también al movimiento social y popular para fortalecer la organización de base, la lucha comunitaria, la articulación social, y para estar más preparado para defender los intereses populares.
«Debemos ser una sociedad civil activa, beligerante, con capacidad de movilización. Debemos aprovechar este momento, que es de esperanza, para comprometer a las organizaciones y las personas a generar más compromiso social. Esto es imprescindible si queremos que las cosas se transformen de verdad”, concluyó Zúniga.
