A un mes del crimen del comunero Elías Garay, el Poder Judicial de Río Negro ordenó el desalojo de la comunidad mapuche en Cuesta del Ternero. La abogada defensora de la lof consideró el fallo un «acto claro de racismo», pero se le negó el pedido de impugnación. El rol de la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, y el juicio contra los socios del empresario forestal acusados del crimen de Garay.
Por Ada Augello (desde El Bolsón)
El juez de Río Negro Ricardo Calcagno dictó el desalojo de la comunidad mapuche Quemquemtreu en Cuesta del Ternero, al norte de la ciudad de El Bolsón. La medida quedó firme al rechazar la impugnación presentada por la abogada defensora de la comunidad Andrea Reile, pero está en suspenso por la feria judicial. La decisión de desalojar el territorio significa sostener el despojo del Pueblo Mapuche, que a fines de noviembre sufrió una nueva muerte con el crimen del peñi Elías Garay Cayicol, comunero de la lof que hace meses está cercada por el Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate de la Policía de Río Negro. “Ofrecemos diálogo y nos dan desalojo”, lamentó Orlando Carriqueo, werken del Parlamento Mapuche Tehuelche.
La impugnación presentada por Reile abrió un plazo de negociación frente al desalojo ordenado por Calcagno. La audiencia de impugnación, a cargo del juez Gregor Joos, tuvo una primera parte el lunes 27 de diciembre pasado y luego un cuarto intermedio de 48 horas hasta el jueves 30, último día hábil antes de la feria judicial. El objetivo era alcanzar un acuerdo entre la comunidad y el empresario forestal Rolando Rocco, quien inició la demanda de desalojo contra la Lof Quemquemtreu por el terreno que le fue cedido por el estado provincial para su negocio privado. Dos socios de Rocco están imputados por el asesinato de Garay Cayicol.
Reanudada la audiencia, el jueves pasado, la Fiscalía reconoció “la fuerte intención de diálogo de las partes” y “el respeto” con que se dieron las audiencias. Sin embargo, no prosperó la vía de diálogo. La fiscal Betiana Cendón ya había considerado agotada las instancias de diálogo en septiembre, cuando desobedeció a un acuerdo establecido de esperar a una reunión entre comunidades mapuche y ordenó ingresar —balazos mediante— a identificar a quienes considera efectúan la usurpación.
Desde aquel momento, el territorio recuperado por la lof en Cuesta del Ternero se encuentra acordonado por la Policía de Río Negro, restringiendo la circulación por el Paraje cercano a El Bolsón y aislando una escuela primaria junto a la población lindera. A su turno, Ernesto Saavedra, abogado del empresario Rocco, expresó que “no se pudo dialogar” y solicitó que se resuelva el procesamiento penal, argumentando que el pedido hecho por la comunidad excedía el proceso abierto por la audiencia.
¿Cuál era el pedido hecho por la abogada de la Lof Quemquemtreu? La defensora Andrea Reile sostuvo que faltaron actores en la mesa de diálogo y pidió la participación de otros organismos estatales que permitan una resolución del conflicto. En ese sentido, Reile pidió también más tiempo antes de decidir sobre el desalojo. El pedido de la lof trata de pensar el problema de fondo y observar desde una perspectiva tanto indígena como histórica. Por eso, se insistió con la presencia en una mesa de diálogo por parte del INAI y el Parlamento Mapuche Tehuelche.
Finalmente, el juez Joos no dió lugar al pedido de impugnación de la orden de desalojo sobre la comunidad. El 2022 inició para la lof con una orden de desalojo firme y en término.
“El juez sacó de la esfera de análisis la condición de comunidad Mapuche que tiene la Lof Quemquemtreu”
La Lof Quemquemtrew resiste en la montaña cercada por un cordón policial que lleva más de tres meses hostigando a quien circula por el paraje. El pedido de impugnación de la medida por la defensa alegó prejuicio y arbitrariedad manifiesta del juez Calcagno al mal nombrar a una de las imputadas como “Huala” y justificar aquella confusión al decir que “he leído tanto ese apellido que lo tengo incorporado”.
De ese modo, el expediente por el desalojo de la lof en Cuesta del Ternero, en manos de Calcagno, fue ligado a Facundo Jones Huala, preso político mapuche en Chile, juzgado dos veces en la misma causa a pedido de extradición por el Estado chileno.
“Evidentemente sacó (el juez) de la esfera de análisis la condición de comunidad mapuche que tiene la Lof Quemquemtreu. De hecho, él mismo lo dijo: ‘Yo voy a hablar sobre los seis imputados, el resto…’ Entonces hay un desconocimiento total del derecho, lo que nos parece no solo motivo de arbitrariedad manifiesta sino también motivo de recusación y un planteo frente al Consejo de la Magistratura por incumplimiento”, sostiene la abogada defensora de la comunidad mapuche, en diálogo con Tierra Viva.
“Es muy grave que un juez tenga un prejuicio tan marcado (…) fue un acto claro de racismo puro, de xenofobia de parte de un integrante del Poder Judicial, demuestra una incapacidad para llevar adelante un proceso de este tipo”, sentenció Reile.
El lunes 27 de diciembre fue la última ventana para abrir un camino de diálogo. Ese día se llevó adelante la prevista audiencia de impugnación a la medida cautelar que ordena el desalojo a la comunidad indígena. La querella del empresario forestal alegó “peligro en la demora de la explotación forestal”. Explotación que realiza en tierras fiscales otorgadas a Rolando Rocco por 90 años.
Anteriormente a la audiencia, el abogado de Rocco propuso un acuerdo en el que la Lof Quemquemtreu se comprometía a concluir su registro y reconocimiento administrativo que declara haber iniciado en el Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indigenas (CoDeCi) a nivel provincial y avanzar en gestiones frente al INAI, mientras que el empresario resolvería el trámite del título de las tierras que pertenecen legalmente a la Provincia. Se trataba de condicionantes que delimitan el territorio y ofrecen una “ocupación precaria” y “en forma transitoria”.
El acuerdo presentado por Rocco exigía también que, en caso de realizarse ceremonias, la lof debía “comunicar a la querella quienes asistirán, a qué comunidad pertenecen, el día y la hora en que se llevará a cabo”. Esta propuesta de acuerdo no prosperó, siendo que no comprende las solicitudes de ambas partes sino que resulta absolutamente desigual.
Reile había insistido en la creación de una mesa de diálogo más amplia que un “acuerdo entre partes” que involucre veedores de instituciones de derechos humanos e indígenas del Estado nacional y provincial, organismos de DDHH, el Parlamento Mapuche Tehuelche y el CoDeCI.
“Nos acusan de violencia, pero olvidan toda la violencia institucional a la que sometieron al Pueblo Mapuche”
Un día antes de la audiencia en la que se confirmó la orden de desalojo para la Lof, el la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, recibió a Pablo Pimentel, representante de APDH La Matanza. La misma sucedió sin la solicitada presencia, por parte de la lof, de Orlando Carriqueo integrante del Parlamento Mapuche Tehuelche. El argumento de Carreras para no recibirlo fue burocrático, además expresó sentirse agraviada por las recientes declaraciones de Carriqueo. En el mismo argumento subyace el rechazo a la insistencia del Parlamento por una mesa de diálogo.
En un comunicado público, Pimentel destacó el compromiso de la gobernadora de enviar al secretario de DDHH de Río Negro a conversar con la comunidad a mediados de enero, pero lamento que aquello no signifique una mesa diálogo. “Debe tener presencia de organismos como la Dirección de Tierras, Dirección de Bosques, Secretaría de DDHH más la participación del Estado Nacional a través de sus organismos competentes para llegar a una solución sobre la tierra”, insistió el referente de la APDH.
“El gobierno provincial marca su grado de racismo cuando no me recibe, no dialoga y, por atrás, intentan romper la relación entre las comunidades, diciendo que algunas son buenas y otras malas”, denuncia Orlando Carriqueo, werken del Parlamento Mapuche Tehuelche, en diálogo con Tierra Viva, y sentencia: “Sentimos desazón. Ofrecemos diálogo y nos dan desalojo. No tienen la capacidad de verlo, sólo gestionan y extraen y eso es para ellos un buen gobierno”.
“No pueden no mirar que el resguardo de los territorios es resistencia a la violencia histórica. Estamos en una discusión sobre el uso del territorio entre dos cosmovisiones distintas donde una se sigue imponiendo sobre la otra”, analiza el werken.
En ese sentido, Carriqueo marca algunas acciones por parte del gobierno provincial respecto a los conflictos con comunidades indígenas. Recuerda que la orden de desalojo a la Quemquemtreu se suma a los desalojos vigentes sobre la Comunidad Cañumir y la Antual Albornoz, también conocida como Carrilafken. Asimismo denuncia que existe “falta de diálogo y hay desfinanciamiento del CoDeCi como también de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB)”.
Los casos que enumera son el emergente de un problema de base de los conflictos territoriales: se trata de la no reparación histórica del Estado nacional en tiempos anteriores a la conformación de las provincias y hasta la actualidad, ya que muchos de los conflictos suceden en tierras fiscales.
“La discusión en torno al conflicto de tierra es una nueva Campaña del Desierto, donde nos acusan de violencia y no querer dialogar, pero olvidan la violencia desde entonces hasta hoy”, reconstruye Carriqueo y completa: “Olvidan toda la violencia institucional a la que han sometido al pueblo mapuche. Olvidan los alambrados, el corrimiento y el despojo”.
Un mes sin Elías Garay Cayicol
El martes 21 de diciembre, dos días antes de conocerse la decisión del juez Calcagno de ordenar el desalojo, se cumplió un mes de aquella tarde en la que socios del empresario Rolando Rocco asesinaron a Elias Garay Cayicol en territorio recuperado por la lof, cercados por el cordón policial de la Policía de Río Negro. Portaban un permiso de paso firmado por la ministra de seguridad provincial Betiana Minor.
Tanto Diego Ravasio —quien portaba la carabina 22 y dijo que “tiró para arriba y se escapó” y luego “salió el segundo” y “salió el tercero”, sobre los disparos que acabaron con la vida del joven mapuche e hirieron a otro— como quien lo acompañaba, Martín Fielberg, se encuentran en prisión preventiva por evasión, fuga y entorpecimiento a la autoridad, acusados de coautoría de homicidio. En sus declaraciones ante la Justicia, confirmaron ser socios de Rocco.
Uno de los abogados defensores, Estanislao Cazaux, dijo durante la audiencia de formulación de cargos que el arma utilizada fue una “matagatos”, reforzando el argumento de su defendido al decir que la comunidad “parecía una jauría de perros”. Ravasio declaró haber sentido que “unos caballos lo corrían por detrás”. Fielberg comenzó su declaración hablando de negocios y explicando que es un trabajador forestal, bien podría haber sumado a sus palabras que es un aficionado a las armas y un entusiasta por la megaminería, tal como lo anuncia en sus perfiles de redes digitales.
La investigación está en marcha, pero se espera que en marzo culmine el proceso de instrucción para saber si elevan a juicio oral a los socios forestales imputados.
La parcialidad política que avala el desalojo contra la Lof Quemquemtreu
La Lof Quemquemtreu lleva poco más de tres meses en el territorio en Cuesta del Ternero, a unos 15 kilómetros de El Bolsón, municipio que promueve el turismo por sus paisajes pero no reconoce a quienes lo habitan ancestralmente. El intendente Bruno Pogliano —parte de Juntos Somos Río Negro, partido de la gobernadora Carreras y ligado a intereses especulativos inmobiliarios— se preocupa por los “grupos minúsculos que rompen la paz social y cometen actos vandálicos” en la ciudad.
El discurso contra la comunidad mapuche también se oyó hace poco tiempo y a pocos kilómetros en otra ciudad rionegrina, Bariloche. Allí, en 2017, Rafael Nahuel fue asesinado por la Prefectura Naval Argentina en el marco de una balacera a la Comunidad Lafken Winkul Mapu en lo que se conoce como Villa Mascardi.
El mismo poder político de turno en la provincia hace solo cuatro meses atrás abría el micrófono del Foro Consenso Bariloche con las palabras de la gobernadora Carreras: “Valoramos esta iniciativa en un contexto de conflictividad por la temática de la ocupación de tierras, con una vocación de encontrar una salida positiva para todas las partes, siempre con un espíritu de no confrontación”.
Del mismo foro participaban el ex senador del PJ y aliado del macrismo Miguel Ángel Pichetto, los diputados nacionales por Río Negro Lorena Matzen y Anibal Tortoriello, y exministro de seguridad del Chubut Federico Massoni.
El Foro Consenso Bariloche contó con la participación también de Diego Frutos, propietario de un lote en Villa Mascardi, que saltó a la escena pública por convocar a caravanas en “defensa de la propiedad privada y la patria”. La mesa en la que fue orador se tituló “Problemas y realidades a atender”.
El panel de “Perspectiva jurídica” tuvo como orador al abogado Ernesto Saavedra, defensor tanto de Frutos como del empresario forestal Rocco. Entre los oradores estuvo el ex ministro de Chubut Massoni quien aseguró: “No estamos hablando de pueblos originarios, hablamos de gente que delinque y que está fuera de la ley”.
En ese mismo tono, la periodista Mónica Gutiérrez presentó a Pichetto en un video en el cual afirma que “el Estado tiene que hacer y ha hecho una tarea de reconocimiento con pobladores originarios que acrediten la propiedad de la tierra.” Concluyó Gustavo Genusso, intendente de Bariloche, quien contrariamente a sus políticas manifestó “tenemos que llegar a acuerdos, a poder sentarnos en una mesa y poder escucharnos. Necesitamos sentarnos a dialogar y a escucharnos con tres principios básicos: respeto, justicia y reparación”. Mucho ruido, pocas nueces.
Entre El Bolsón y Lago Puelo, se encuentra una garita de colectivo: piso de carpeta, paredes de ladrillo rojo y techo de chapa. Al fondo, escrito en aerosol negro dice «Brujo presente» y la “A” anarquista lo sintetiza todo. A su costado, una estampa de un rostro indígena, las líneas lo dibujan con dureza y en letras brutas pero firmes dicen: “Elias Garay. Marichiweu”.