El acuerdo presidencial que blinda los proyectos y obras del gobierno federal fomenta la «utilidad privada y despojo público», así como representa «una sentencia de muerte a las comunidades y territorios afectados» por los megaproyectos, aseguraron organizaciones indígenas y campesinas, colectivos y activistas.
Las organizaciones recordaron que el acuerdo, emitido el 22 de noviembre de 2021, contraviene varios artículos de la Constitución y viola una serie de leyes existentes, pues legitima cualquier proyecto del gobierno federal sin cumplir los requisitos que evalúan su impacto en el medio ambiente, su legalidad en el ámbito de la propiedad y la no violación de los derechos humanos y de los pueblos, como el derecho a la consulta previa, libre e informada.
«Esto intenta excluirlos de la esfera legal y refrenda nuevos despojos de nuestros derechos, tierras, aguas, bosques y territorios», señalaron las organizaciones, entre las que se encuentra la Red en Defensa del Maíz, el Grupo ETC y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
«Mucho antes de 2018, nuestros pueblos ya estaban denunciando la devastación generada por infinidad de megaproyectos que ahora serán considerados estratégicos y de seguridad nacional», destacaron las organizaciones y colectivos, quienes añadieron que las comunidades se han organizado para interponer 17 amparos con reclamos de fondo por el acuerdo, pero sólo uno en Puebla ha procedido.
En la mayoría de los demás amparos, explicaron, los tribunales han contestado a las comunidades indígenas con «dificultades innecesarias, demandando trámites complementarios absurdos y/o declarándose incompetentes, lo cual en los hechos es una negación al acceso a la justicia a los pueblos indígenas».
Las organizaciones también denunciaron que aunque muchos medios masivos quieran presentar una imagen como si los empresarios y algunos partidos políticos fueran críticos al acuerdo, «en realidad su principal preocupación es que este decreto sólo favorece a algunas empresas nacionales y trasnacionales que trabajan en los proyectos considerados prioritarios por el gobierno, cuando lo que quisieran es que la suspensión de derechos y obligación de cumplir con las leyes ambientales y de consulta se aplicara a todas sus empresas y sus actividades».
Por ello, denunciaron la utilidad pública al servicio de los intereses privados y exigieron la derogación inmediata del acuerdo, así como hicieron un llamado a las comunidades y colectivos a resistir a su imposición por todas las vías pacíficas y de la ley.
A continuación el comunicado completo:
NO AL GOBIERNO POR DECRETO
NO ES DESARROLLO, ES DESPOJO
NO AL “ACUERDO” PRESIDENCIAL DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2021
Los y las abajo firmantes, comunidades, ejidos y organizaciones sociales de todo México, reconocemos y denunciamos las consecuencias negativas e irreversibles sobre nuestros pueblos, territorios y la naturaleza con la que convivimos y cuidamos, que se derivan del Acuerdo presidencial emitido el 22 de noviembre de 2021, (DOF: 22/11/2021) por lo que…
EXIGIMOS SU DEROGACIÓN INMEDIATA
El decreto, mal llamado Acuerdo, tiene dos puntos centrales:
1. Declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, “por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud se consideren prioritarios o estratégicos para el desarrollo nacional”.
2. Establece además que las diferentes instancias gubernamentales relacionadas, deben otorgar una autorización provisional en 5 días luego de presentada la solicitud y que si ésta no se expide, se entenderá resuelta en sentido positivo. Dichas instancias tendrán un año para tomar una resolución definitiva.
El decreto contraviene varios artículos de la Constitución y viola una serie de leyes existentes, como detalla Francisco López Bárcenas (Gobernar por decreto, La Jornada, 27/11/21).
Es la legitimización de cualquier proyecto del gobierno federal para ejecutarse sin cumplir los requisitos y los términos de ley que evalúan su impacto en el medio ambiente, su legalidad en el ámbito de la propiedad y la no violación de los derechos humanos como el derecho a la consulta previa, libre e informada establecida en las leyes nacionales y tratados internacionales, esto intenta excluirlos de la esfera legal y refrenda nuevos despojos de nuestros derechos, tierras, aguas, bosques y territorios.
Estas resoluciones llamadas provisorias por un año, intentan poner en situación de acto consumado los megaproyectos del gobierno, impidiendo el amparo y protección de la justicia a través del juicio de garantías, ya que si no se impide su realización, generarán impactos negativos irreversibles debido al tipo de obras de infraestructura, tala de bosques y selvas, contaminación de agua, inundaciones, arrasamiento de tierras y poblados. El acuerdo es en realidad una sentencia de muerte a las comunidades y territorios afectados.
Adicionalmente es una legalización de la represión y persecución a quienes legítimamente nos organizamos y defendemos nuestros territorios y vidas ante los impactos irreversibles de estos proyectos sobre los que ni siquiera habremos sido informados, consultados ni dado nuestro consentimiento. En el gravísimo contexto del avance de la militarización del país que promueve y favorece el gobierno, esto es una declaración de impunidad ante la represión contra los pueblos indígenas y campesinos, quienes hemos vivido y cuidado los territorios desde tiempos inmemoriales y mucho antes de la constitución del Estado Mexicano. Para muestra basta con leer lo que declaró el director general del proyecto Interoceánico del Istmo de Tehuantepec Rafael Marín sobre el decreto-acuerdo: “éste no sólo facilitará la reducción de los trámites y tiempos que impiden el avance de las obras, sino también garantizará la intervención veloz de la autoridad para contener probables bloqueos; esto nos va a ayudar a hacer más ágil la tramitología y por el otro, pues el que se declaren instalaciones estratégicas los proyectos, también nos ayudan a que puedan intervenir inmediatamente las autoridades en caso de bloqueos y este tipo de cosas”.
Son los mismos empresarios y partidos que han cuestionado este decreto por sus intereses comerciales y politiqueros que en gobiernos anteriores impusieron este mismo tipo de proyectos a nuestros pueblos, y contra quienes hemos protestado, denunciado y resistido igualmente desde hace muchas décadas, de lo cual hay numerosos testimonios e historia escrita. Entre éstas, las luchas y denuncias del Congreso Nacional Indígena desde 1996 al presente en todo el país, los testimonios asentados en más de 40 pre-audiencias y audiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos capítulo México entre 2011 y 2014, los testimonios de devastación territorial y ambiental en verdaderas zonas de sacrificio en más de 10 regiones del país, también constatadas por caravanas y misiones de pueblos y organizaciones nacionales e internacionales en 2020-21.
Mucho antes de 2018, nuestros pueblos ya estaban denunciando la devastación generada por infinidad de megaproyectos que ahora serán considerados estratégicos y de seguridad nacional: megaproyectos carreteros, hidráulicos, energéticos, de infraestructura que invaden y despojan nuestros territorios, como el Proyecto Integral Morelos, el Corredor Transístmico, y el mal llamado Tren Maya, contra el que muchas comunidades nos hemos amparado.
Igual se pronunciaron las comunidades, movimientos y organizaciones en el Pronunciamiento del Encuentro Nacional de Luchas contra Gasoductos y Proyectos de Muerte, del 17 de enero de 2022, donde afirman los pueblos: “el Decreto Presidencial del 22 de noviembre de 2021 representa una nueva embestida contra quienes defienden la vida porque, a pesar de que los megaproyectos se han impuesto sin el consentimiento de nuestros pueblos y a través de la fuerza, hoy el despojo y la imposición se legalizan intentando anular la posibilidad de la acción organizativa y de la acción legal” (https://www.centrodemedioslibres.org/…/pronunciamiento…/)
Sabemos que la SCJN suspendió la aplicación de este acuerdo en atención a lo planteado por el INAI, pero solamente en sus aspectos relacionados al acceso a la información, mientras que las consecuencias del decreto son mucho más amplias.
Comunidades y organizaciones del Congreso Nacional Indígena han interpuesto 17 amparos con reclamos de fondo. Uno de éstos fue aceptado y el juzgado en Puebla ha concedido un recurso de suspensión de la aplicación del acuerdo. (https://tinyurl.com/465yt4ek) En la mayoría de los demás amparos, los tribunales han contestado planteando a las comunidades indígenas dificultades innecesarias, demandando trámites complementarios absurdos y/o declarándose incompetentes, lo cual en los hechos es una negación al acceso a la justicia a los pueblos indígenas.
Denunciamos también que aunque muchos medios masivos quieran presentar una imagen como si los empresarios y algunos partidos políticos fueran críticos al decreto, en realidad su principal preocupación es que este decreto sólo favorece a algunas empresas nacionales y trasnacionales que trabajan en los proyectos considerados prioritarios por el gobierno, cuando lo que quisieran es que la suspensión de derechos y obligación de cumplir con las leyes ambientales y de consulta se aplicara a todas sus empresas y sus actividades.
Como manifiestan las organizaciones indígenas y campesinas de Oaxaca (https://tinyurl.com/f36nu9nt), lo que este gobierno y los anteriores llaman “desarrollo nacional” no es tal, sino un renovado plan para el despojo.
Denunciamos la utilidad pública al servicio de los intereses privados. Es utilidad privada y despojo público.
Exigimos la derogación inmediata del decreto…
Llamamos a todas las comunidades y pueblos a denunciar y…
Resistir por todas las vías pacíficas y de ley.
2 de febrero de 2022, día de la Candelaria
Red en Defensa del Maíz. Unión de organización de la Sierra Juárez de Oaxaca, SC. Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca. Asamblea de defensores del Territorio Maya Múuch’Xíinbal. Centro Nacional de Ayuda a Misiones Indígenas (Cenami). Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz. Desarrollo Económico y Social para Los Mexicanos Indígenas (Desmi), AC. Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam). Colectivo por la Autonomía. Grupo ETC. GRAIN. Ejidos en Defensa del Territorio Maya. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruíz García, Chicomuselo, Chiapas. Jóvenes Ante la Emergencia Nacional. Casa Temilco. Espacio de Todos para la Defensa Comunitaria (ETCO). Sección XXII CNTE-SNTE. Guardianes del Mar. Colectivo Xa´aybej. CODEDI. Frente de la Juventud Comunista. Partido Comunista de México. Frente Peninsular de la Resistencia Popular. Pueblo de Loma de Bacum de la Nación de la Tribu Yaqui. Lagos de Colores. ZODEVITE. Misión de Bachajón, Chiapas. Comuneros de San Pedro Atlapulco. Magdalena Gómez. Evangelina Robles González. Lorenzo Moreno Pajarito. Julián Vázquez Guzmán.
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