por Aram Aharonian y Jorge Marchini
De ser aprobado el acuerdo con el FMI en el Congreso argentino -con la excusa que «no hay nada más que hacer» – a libro cerrado, se frustrará con mayores golpes a la condiciones de vida de las mayorías nacionales la sincera expectativa y la enorme esperanza original generada por el actual gobierno.
En su plataforma electoral de 2019, el Frente de Todos se comprometió a combatir prioritariamente: “la creciente pobreza; destrucción y precarización del mercado de trabajo; marcada caída del poder de compra de salarios en un contexto de aceleramiento inflacionario; esquema tarifario que desconfiguró la economía; políticas de ajuste impuestas sobre el Estado, y endeudamiento externo que condiciona el accionar de una futura administración gubernamental”.
Dos años perdidos de este gobierno que había despertado expectativas tras los cuatro de neoliberalismo macrista. Pese un ministerio de Economía que -aun habiéndose sumado el inesperado factor crítico adicional de la pandemia- dedicó su tiempo centralmente a tratativas confidenciales que supuso exitosas , la presión financiera sobre Argentina ha crecido, no disminuido.
Claros signos de ésta lo son la presión devaluatoria, la brecha cambiaria y la aplicación de medidas cada vez más restrictivas para el uso de divisas. La contrapartida y complemento de ello, ha sido la expansión de LELIQS (para remunerar a los bancos por sus depósitos) y pases del Banco Central argentino (BCRA)
Si hace dos años se dudaba del destino laberíntico de la deuda tomada por el gobierno Macri, hoy no hay dudas. Tanto el gobierno como el FMI están en un verdadero laberinto. El economista Eduardo Lucita indica que lo que puede observarse en este laberinto es que la situación económica está dominada por las relaciones con el FMI, pero las relaciones con el FMI están dominadas por la política, local e internacional, que a su vez está dominada por el horizonte electoral que ya está en la mira de oficialistas y oposición.
El gobierno dilapidó un contexto favorable para apuntalar la reactivación, aislar a la derecha y forjar un frente de resistencia a la presión de los acreedores, no avanzando, en nombre de lograr “comprensión de los mercados”, en la investigación de innumerables irregularidades denunciadas tanto en la concesión de créditos como por la utilización del endeudamiento para el beneficio de especuladores y la fuga ilegal de capitales.
La batalla en el Congreso y en las calles recién comienza
Hoy el gobierno está concentrado casi de manera exclusiva en terminar de cerrar el acuerdo con el FMI y en conseguir los consensos necesarios para que el entendimiento, que pretende lograr en el corto plazo de forma definitiva con el organismo, sea aprobado en el Congreso, antes del enorme vencimiento por 2900 millones de dólares que habrá que afrontar el 22 de marzo.
La presión política y mediática del Fondo es constante. Su vocero, Gerry Rice, aseguró que se continúa trabajando con el ministro de Economía Martín Guzmán para alcanzar un «acuerdo definitivo lo más rápido posible», que ya tiene entendimientos previos en materia de subsidios a la energía y financiamiento externo.
Este esquema cambiario, monetario, financiero y fiscal del gobierno de Fernández y del ministro Guzmán –alumno del nóbel Joseph Stiglitz- ha dado claramente muy malos resultados: no sirvió como ancla inflacionaria, tampoco se cerró la brecha cambiaria , y las autoridades del Banco Central (BCRA) han debido incrementar, recientemente, la tasa de interés.
Pese a resultados muy favorables en el comercio exterior (superávit acumulado de 27.278 millones de dólares en los dos años) las reservas del BCRA han disminuido más de 7.500 millones de dólares.
Hoy los economistas críticos no entienden los motivos por los cuales, desde el Ministerio de Economía y el BCRA, se continúa con esta situación. Si algo fracasa es lógico que no se perpetúe y se tomen las medidas adecuadas para producir los cambios pertinentes.
Este cuadro puede empeorar aún más si se acelera la devaluación de la moneda y se aumentan las tasas de interés, con el peligro que se genere, además, una nueva ola de especulación financiera sin tenerse en cuenta qué tanto daño ha provocado reiteradamente, señala –incluso- la Central de Entidades Empresarias Argentinas (CEEN)
Al principio de su gestión, antes de la pandemia, este gobierno, tenía 70% de reconocimiento. Bien pudiera haber planteado al inicio un argumento elemental, cuando el propio presidente Fernández expresaba que FMI “se haga responsable del daño que hizo”.
Si el crédito récord otorgado por el FMI -con desembolsos hasta el momento de 44.000 millones de dólares, 30 mil millones más que el que habilitaba en porcentaje de la cuota correspondinte a la Argentina-, tenía claras sospechas de irregularidades y manipulación política, deberían haberse suspendido los pagos (intereses y amortizaciones) hasta que no se investigara en forma transparente tanto su obtención como su utilización.
Pero el gobierno se abstuvo de hacerlo , de suspender los pagos, y siguió adelante con un cronograma de pagos de crecientes e imposible cumplimiento. Y, entonces, se llegó a este momento con un gobierno debilitado en tres dimensiones: por la debilidad programática de Alberto Fernández y sus evidentes diferencias con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por la pandemia y por las elecciones parlamentarias de medio tiempo perdidas.
Según la muy limitada información anticipada, el gobierno sustituiría el crédito suscripto por Macri por otro que refinancia el incumplimiento de ese préstamo. El FMI refinanciaría en realidad sólo el cobro de lo adeudado con la prolongación de los plazos pero, además, garantizaría la custodia de la política económica. Esa auditoría se concretar ía a través de diez revisiones trimestrales, garantizando al Fondo una estratégica cogestión durante los próximos mandatos presidenciales.
El ministro Martín Guzmán presenta esa reinstalación del FMI como un dato “razonable” que contribuirá a reducir la “incertidumbre”, pero omite que esa injerencia reactivará el desprecio que exhibieron por el país todos los emisarios del Fondo, en los 22 acuerdos suscriptos en las últimas seis décadas.
Mientras la mandamás del FMI, Kristalina Giorgieva pone cara de ocasión y comparte con el papa Francisco los mensajes indulgentes, los directivos reales del organismo (David Lipton, Ilan Goldfajn) son viejos cómplices del expresidente Macri, que exigen una gran cirugía de Argentina, y por esa razón han demolido todas las peticiones de benevolencia, señala el economista de izquierda Claudio Katz.
Señala que rechazaron la posibilidad de una condonación o quita del capital adeudado y también la conversión de los pasivos en obligaciones climáticas o la extensión a 20 años de los vencimientos. Incluso mantuvieron el cobro de una insólita sobretasa por el exorbitante volumen del crédito que ellos mismos colocaron para que fuera dilapidado por sus amigos en el gobierno. Han vetado, además, el eventual otorgamiento de fondos adicionales por parte de otros socios de la institución.
Lo único que se puede hacer ahora, desde el Congreso, es rechazar la aprobación de un acuerdo que afectará a varias generaciones de argentinos, sin que se investigue y transparente previamente su origen y utilización. Sería un acto de responsabiidad democrática elemental. Es patear el tablero, dejar en claro que Argentina va a pagar en la medida que le vaya sobrando dinero . Eso supone, sin duda, un golpe de mercado inmediato, y la única forma de soportarlo es con movilización popular. Pero, como dicen en Argentina, “Alberto no tiene uña de guitarrero”.
Para Claudio Katz, el gobierno legitima la estafa y la renegociación eterna de un pasivo impagable. Acepta inspecciones que condicionan la política económica y obstruyen la redistribución del ingreso. Promete sin fundamentos recortar el déficit sin ajuste y propicia una dureza monetaria que afecta la continuidad del crecimiento. Las minidevaluaciones y los aumentos de tarifas socavan la reducción de la inflación y el proyectado incremento de las reservas no es compatible con la fuga de divisas.
Katz afirma que el FMI ha sido responsable de todas las pesadillas financieras: asfixió la gestión de Raúl Alfonsín en 1985, provocó el colapso del 2001 y monitoreó la devastación del gobierno neoliberal de Mauricio Macri.
El ministro Guzmán disimula esa dureza, alabando los cuatro compromisos acordados con el FMI para los próximos dos años y medio. Realza, en primer lugar, la reducción del déficit fiscal que el gobierno proponía situar en 3,3% del PBI para el año en curso y que finalmente se ubicará en 2,5%. Para el 2023 deberá ser de 1,9% y en 2024 de 0,9%.
Lo que vendrá
Este año 2022 vencen cuotas de capital del crédito otorgado por el organismo internacional al gobierno neoliberal de Cambiemos, en los cuatro trimestres, por un total de 19.115 millones de dólares. En el año 2023 son 19.365 millones de dólares y en el año 2024 los 6.920 millones de dólares restantes para completar el pago. Cada trimestre, de ahora en más, será revisado por los técnicos del FMI, quienes determinarán si se cumplió o no con las metas propuestas.
Mientras, se dieron a conocer las metas anuales de déficit fiscal sobre el PIB de 2,5% para este año 2022, de 1,9% para el año 2023, de 0,5% para el año 2024 y de 0% para el año 2025, acompañadas de una fuerte reducción del financiamiento por parte del Banco Central, que fue del 3,7% del PIB en el año 2021 y pretenden que sea solo del 1% para este año 2022.
El economista Horacio Rovelli señala que el ajuste fiscal total del año 2022 es del 0,7% del PIB, pero se le debe sumar el menor financiamiento del BCRA en 2,7% del Producto Interno Bruto. Por ende el ajuste de las cuentas públicas es del 3,4% del PIB, que se calcula en 416.111 millones de dólares. Por ende el ajuste este año con respecto al año pasado debe ser equivalente a unos 14.100 millones de dólares (es en pesos).
Rovelli advierte que el gasto público de la Administración Nacional es del 22,1% del PIB, uno de los más bajos de los últimos 75 años y pretenden llevarlo al 18,7% del PIB. Es claramente imposible. Entonces van a exigir que se vendan los recursos naturales a precio vil, con leyes como la de Emergencia Económica y la de Reforma Administrativa del Estado de 1989.
Y alerta que vienen por el subsuelo argentino y por lo que cultiva el país, para comprarlo a precio de remate. Es más, para ello van a utilizar los dólares que fugaron en la gestión de Cambiemos y los que “alegremente” les vendió el Banco Central en los dos últimos años, sostiene.
Por eso, indica Rovelli, se debe rechazar este acuerdo y suspender todos los pagos con el FMI, mientras se recupera parte de la deuda fugada por lo que compraron dólares baratos con dinero ilegal, como lo hicieron mayoritariamente las 100 empresas que en la gestión de Cambiemos compraron 24.769 millones de dólares. Y de esa manera determinaría Argentina la cancelación de la deuda con el FMI.
Las alternativas
La alternativa que tiene el gobierno es plantear que los próximos vencimientos de este año sean incluidos en las negociaciones y no seguir de rehenes de tener que hacerlo contra reloj ante la magnitud de pagos de 19.000 millones de dólares que irresponsablemente acordaron para este año el FMI con el gobierno de Macri en 2018.
Asimismo, el gobierno debiera avanzar en tanto en la investigación/auditoria del endeudamiento y transparentar y controlar más estrictamente las operaciones de comercio exterior (sub-facturación de exportaciones, sobrefacturación de importaciones) y otros pagos al exterior, priorizando el sostenimiento de la producción y el trabajo . Debe sostenerse el control cambiarios, y combatirse las presiones devaluatorias de reconocibles “golpes de mercado”.
Además, se debe levantar el secreto bancario y que los organismos de fiscalización exijan a los grandes compradores de monedas extranjeras (se puede empezar con los primeros 100 compradores que lo hicieron por 24.769 millones de dólares en la gestión de Cambiemos) que expliquen cómo hicieron para comprarlo.
Es necesario establecer un férreo control cambiario con intervención de todo el poder de policía del Estado, que se castiguen todas las operaciones paralelas habidas y por haber en el marco de la emergencia cambiaria.
Está mal el origen, está mal el presente. La renuncia de Máximo Kirchner (hijo del expresidente Néstor y de la actual vicepresidenta Cristina Fernández) a la presidencia del bloque de diputados oficialistas da una ventaja de oportunidad para las elecciones de 2023, en el marco de una interna del peronismo.
Resulta a esta altura evidente que Cristina se equivocó profundamente con proponer la candidatura de Alberto Fernández, cuya trayectoria no garantizaba una línea de firmeza ante presiones del establishment financiero.
Y también al no dar vitalidad -paralelamente- a un soporte político y social activo que permitiera impedir actos contra la soberanía del país. Twitters y cartas no pueden reemplazar la necesaria participación y movilización política y social para afrontar una encrucijada histórica clave como la que atraviesa Argentina con el FMI.
Sin dudas, las decisiones que se tomen en relación a este tema son claves para el futuro del país. Antes de comprometer el futuro del país y las finanzas públicas, este endeudamiento debe ser investigado exhaustivamente en forma transparente y se determinen quiénes fueron sus responsables y beneficiarios.
*Marchini es Profesor Titular de Economía de la Universidad de Buenos Aires. Coordinador para América Latina del Observatorio Internacional de la Deuda, investigador del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso). Aharonian es periodista y comunicólogo uruguayo, magíster en Integración, creador y fundador de Telesur. Ambos son analistas del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
