Les quitaron la ropa y los zapatos y les hicieron cruzar el río. Según denuncia Turquía, 19 refugiados murieron por congelamiento después de que la policía griega los expulsara ilegalmente
Por El Salto
“Ipsala, frontera entre Turquía y Grecia. Doce de los 22 de inmigrantes empujados por las unidades fronterizas griegas, despojados de sus ropas y zapatos, han muerto congelados. La UE es irremediable, débil y vacía de sentimientos humanos”. El mensaje soltado en Twitter el pasado 2 de febrero no pertenece a un activista indignado ni a una red de ONG. Lo escribió Süleyman Soylu, ministro de Interior de Turquía. El recuento final elevó los cuerpos congelados a 19.
Aunque el Gobierno griego califica las acusaciones de “falsa propaganda” y Ankara utiliza sus fronteras como principal arma de negociación frente a Bruselas y Atenas, lo que cuenta Süleyman Soylu es coherente con las denuncias de cientos de migrantes recogidas por las organizaciones de derechos humanos.
Turquía cuenta con cerca de cuatro millones de refugiados y la frontera griega, ya sea a través de las islas del Egeo o de la frontera continental, son pasos obligados para miles de refugiados que quieren llegar a los países más ricos de Europa.
Los 19 migrantes fueron encontrados por las autoridades turcas sin zapatos y casi sin ropa. Según denuncian, la policía griega les había obligado a cruzar el río Evros, frontera entre ambos países, en una nueva devolución en caliente. El paso del río a la altura de Ipsala, donde fueron encontrados los cuerpos, es una ruta habitual de miles de migrantes que se exponen a los peligros del caudal del río y de las bajas temperaturas en invierno.
Diversas organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional o Migreurop, llevan años denunciando la complicidad de las instituciones de la UE con la violación sistemática de derechos humanos en las fronteras de la Unión y en los países de origen y de paso de la migración, donde ha recurrido a la externalización de las fronteras a golpe de talonario.
Una investigación de Amnistía Internacional de junio de 2021 ya advertía que las devoluciones en caliente violentas “se habían convertido de facto en la política de control de la frontera griega en la región de Evros”, donde fueron hallados los 19 cadáveres
Según denunciaba Amnistía Internacional en junio de 2021, las devoluciones en caliente son una práctica habitual de Grecia: “Está claro que diversas autoridades griegas se están coordinando estrechamente para aprehender y detener a las personas que buscan seguridad en Grecia, sometiendo a muchos a la violencia y luego transportarlos a las orillas del río Evros antes de ser devueltos ilegalmente a Turquía”, explicaba Adriana Tidona, investigadora sobre migración de Amnistía Internacional para Europa.
Esta investigadora insistía en que los “rechazos violentos se han convertido de facto en la política de control de la frontera griega en la región de Evros”. Las investigaciones de campo de Amnistía Internacional realizadas en el mismo sitio donde fueron encontrados los 19 cuerpos documentaron la utilización de palos, patadas, puñetazos, bofetadas y empujones y un uso sistemático de las devoluciones ilegales.
El 8 de febrero, las devoluciones en caliente volvían a ser noticia después de que la guardia costera turca rescatara a 95 migrantes que habían sido repelidos ilegalmente por las autoridades griegas. El presidente turco Tayyip Erdoğan prometió que haría públicas todas las devoluciones en caliente. Mientras, Grecia sigue negándolo todo y la Comisión Europea mira a otro lado.
“Desnudar a las personas en pleno invierno antes de una devolución ilegal es una de las prácticas comunes por parte de agentes de policía de países de la Unión Europea”, denuncia la ONG No Name Kitchen
Desde la ONG No Name Kitchen, organización que trabaja en diversos campos de refugiados en las fronteras europeas, dan credibilidad a las acusaciones de Turquía: “Desnudar a las personas en pleno invierno antes de una devolución ilegal es una de las prácticas comunes por parte de agentes de policía de países de la Unión Europea”.
Este tipo de prácticas no son exclusivas de Grecia. Según esta organización, la policía de Croacia, miembro de la UE desde 2013, quemó las posesiones y la ropa de migrantes antes de devolverlos ilegalmente fuera de las fronteras de la Unión. Según un informe Border Violence Monitoring Network de 2020, se trata de una práctica habitual y hasta el 40% de los casos registrados por esta red que optaron por la ruta balcánica sufrieron destrucción de sus posesiones.
Los testimonios recogidos por No Name Kitchen demuestran que no es raro que la policía prenda fuego a la ropa de las personas migrantes antes de devolverlas al otro lado de la frontera, “completamente desnudas, obligándolas a caminar sin ropa durante varias horas, a menudo en condiciones meteorológicas extremas, hasta la ciudad o refugio más cercano para buscar asistencia”.
Más que complicidad
La complicidad de las más altas instancias de la UE en las devoluciones ilegales y otras prácticas contrarias al derecho humanitario internacional es mucho más que una teoría. En diciembre de 2021, el director de Derechos Fundamentales de la Agencia Europea de Fronteras (Frontex), Jonas Grimheden, reconocía que este organismo podría estar implicado en vulneraciones de derechos humanos en distintas fronteras de la UE, especialmente en las devoluciones en caliente en Grecia. “Dado que Frontex apoya cada vez más a Estados miembros como Grecia y Lituania, el riesgo de que seamos cómplices de violaciones de derechos humanos es enorme”, señalaba al medio sueco Svenska Yle.
Y no se trata solo de que sabían qué estaba ocurriendo y no hicieron nada. Una investigación de revista alemana Der Spiegel, Report Mainz, Lighthouse Reports y la televisión Asahi y ARD demostró que unidades de Frontex habían estado involucradas en la devolución ilegal de personas refugiadas por los guardias fronterizos griegos, algo que confirmaban correos internos de Frontex filtrados. Entre las diversas acusaciones de esta investigación hecha pública a finales de 2020, un equipo de agentes suecos de Frontex fue testigo de una devolución ilegal y quiso reportar el incidente, como es su obligación. Pero un superior de la agencia trató de encubrirlo.
En diciembre de 2021, el director de Derechos Fundamentales de Frontex, Jonas Grimheden, reconocía que este organismo podría estar implicado en vulneraciones de derechos humanos en distintas fronteras de la UE, especialmente en las devoluciones en caliente en Grecia
Las violaciones de los derechos humanos en las fronteras de la Unión no son exclusivas de la ruta griega o balcánica. En Libia, se ha cumplido este febrero cinco años desde que la Unión Europea firmó con este país un memorándum de entendimiento para externalizar el control de las fronteras y evitar la llegada de migrantes y refugiados a aguas europeas.
Desde entonces, 82.000 personas han sido interceptadas en alta mar por la Guardia Costera libia, una entidad acusada de todo tipo de atrocidades y de un “uso excesivo de la fuerza” por Stefano Turchetto, comandante de la Operación Irini de la Fuerza Naval de la Unión Europea Mediterráneo, según un informe confidencial publicado por AP. Maltratos, torturas, detención arbitraria, campos de concentración clandestinos, violencia sexual, trabajos forzados y homicidios son las prácticas habituales de las fuerzas libias con los migrantes que intentan llegar a Europa, según Amnistía Internacional. Ante estos escándalos, la Comisión Europea ha decidido aumentar la capacidad de actuación de la Guardia costera, que solo en 2021 interceptó 32.425 personas refugiadas y migrantes en el mar que fueron devueltas a Libia.
