Movimiento Diversidad Abelardo Araya
Uno de los derechos democráticos fundamentales, es aquel que tutela la libertad religiosa, es decir, el derecho de cada persona a profesar la fe que prefiera, y hacerlo sin ser de ninguna manera importunada, ni mucho menos perseguida. En las sociedades contemporáneas, complejas y heterogéneas, tal cual es la sociedad costarricense actual, la plena vigencia de este principio exige que exista cierta saludable distancia entre la política y, en general, el manejo de los asuntos públicos, respecto de la religión. Porque, en un contexto democrático y republicano, al Estado de derecho le toca velar por el respeto de todas las expresiones religiosas, con especial atención a las religiones minoritarias que, por ello mismo, podrían en mayor grado ser vulnerables. Lo cual materializa un principio republicano fundamental, que aspira a la plena igualdad ante la ley, y, por lo tanto, a la supresión de cualquier tipo de privilegio a favor de un sector u otro de la sociedad.
En Costa Rica, según un estudio del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP-UCR), publicado en julio de 2021, el 47,5% de la población se declaraba católica, y un 19,8% evangélica. De tal modo, cerca del 33% de la población costarricense -una de cada tres personas- se identifica con otras denominaciones religiosas (como el judaísmo o el islamismo), u otras formas de espiritualidad, o bien son personas que se consideran a sí mismas agnósticas o ateas.
Claramente tenemos ante nuestros ojos la realidad de una sociedad compleja y diversa. Frente a eso, los principios fundamentales del republicanismo, la democracia y los derechos humanos, establecen una obligación ineludible: en este multicolor conglomerado social y humano, ninguna persona merece menos respeto que cualquiera otra, indistintamente de si es católica, evangélica o de otra confesión religiosa, o si es no creyente. Por otra parte, esa es la base, absolutamente indispensable, en que descansa el principio de libertad religiosa.
Alarma que los candidatos presidenciales que disputan la segunda ronda electoral, señores Figueres Olsen y Chaves Robles, no hayan dado muestras de entender claramente lo que eso significa, y de las grandes implicaciones que de ahí se derivan. El que llegue a ser presidente, debe ser presidente de todos y todas, y para todas y todos, sin distingo de fe religiosa. No puede gobernar condicionado a ninguna fe religiosa particular, sea esta la que fuere, porque al hacerlo así, automáticamente dejará por fuera a quienes no profesen esa religión.
Ahí está el germen de la violencia contra los derechos humanos, las libertades ciudadanas, la república, la democracia y el Estado social de derecho. Más aún, ahí está el germen que puede destruir la paz social.
Es gravísimo que haya líderes religiosos dispuestos a subordinar la democracia a su fe religiosa, a sabiendas de que, al hacerlo así, estarán atropellado los principios republicanos de igualdad ante la ley y de universalidad de los derechos humanos, en que se asienta nuestro Estado social de derecho y la democracia ¿Acaso no captan que su propia libertad religiosa depende del respeto a la libertad de las otras personas para tener una fe distinta, no tener fe alguna o, en fin, vivir otras formas de espiritualidad?
Más que terrible, es sumamente peligroso que haya candidatos presidenciales que subordinan su eventual gobierno a las consignas e imposiciones de una religión en particular, y todavía peor, cuando se firman documentos de compromiso, en que se llega al extremo de entregar en manos de los representantes de una religión particular, nombramientos en ministerios importantísimos como Salud, Educación y Relación Exteriores.
Detrás de esto hay un ataque directo al corazón mismo de la república y la democracia, orquestado por líderes religiosos que no tiene escrúpulo en imponer sus intereses inmediatos y directos, incluso en prejuicio de la paz social. Pero muchísimo más grave es que tengamos dos candidatos presidenciales incapaces de asumir, como les corresponde y es su obligación, una posición de defensa de los principios republicanos, y de resguardo de la democracia, el Estado social de derecho y los derechos humanos. Es indignante verlos claudicar, con tal grado de ligereza e irresponsabilidad, ante imposiciones abiertamente antidemocráticas y contrarias a la igualdad y los derechos humanos.
Hacemos un llamado vehemente a ambos candidatos presidenciales para que enmienden de inmediato la peligrosa deriva antidemocrática y antirrepublicana en la que se han embarcado. Y ante la ciudadanía costarricense, advertimos acerca del grave peligro que esto comporta. La democracia y el Estado social de derecho están siendo puestos en gravísimo peligro.
Por el Movimiento Diversidad Abelardo Araya, firman Luis Paulino Vargas Solís, Erika Susana León Rey y Víctor Hugo Monge Aguilar
