Por Alberto Salom Echeverría
La historia moderna de Chile está jalonada de sorpresas. En 1970, una coalición de fuerzas de izquierda denominada la Unidad Popular, llevó a la presidencia a Salvador Allende Gossens, primer presidente marxista electo por voto popular en el mundo. Un hito sin duda en la política del país austral y en el mundo. Después del cruento golpe de estado de setiembre de 1973, una oposición democrática y popular se agrupó nuevamente para derrotar al dictador Pinochet, en el plebiscito que fue convocado el día 5 de octubre de 1988. No sin cierta sorpresa, una marejada popular, a pesar de la intimidación por parte del dictador, derrotó la aspiración de Pinochet a perpetuarse en el poder. La participación fue de un 97.53% de los inscritos para votar, de los cuales, los partidarios de la no continuidad del dictador, desafiándolo, sumaron 3.967.569 votos, un porcentaje del 55.99%; contra 3.119.110 votos, un 44,01% que emitieron su voto por el “sí”. Una gran mayoría popular había derrotado una sangrienta dictadura.
Después de estos acontecimientos, se sucedieron una serie de gobiernos coaligados en lo que se denominó “la Concertación Democrática”, una suerte de transición de la dictadura hacia la democracia. Estos gobiernos se extendieron de 1990 hasta el 2010. Ese año queda electo por primera vez Sebastián Piñera, para reintroducir a plenitud el neoliberalismo en Chile, contando con la legitimidad de haber resultado electo con el 51% de los votos. Piñera se reelige el 11 de marzo del 2018, periodo durante el cual pretendió reemprender un crecimiento económico sin atender la creciente desigualdad y pobreza que generó el mismo modelo. Fue en estas condiciones que un pueblo exhausto se lanzó a la calle en octubre del 2019. Se produjo un auténtico estallido social, en gran parte dirigido por Gabriel Boric y todas las personas dirigentes que le acompañaban en aquella empresa social tan significativa. El movimiento social obligó al gobierno de Sebastián Piñera a sentarse a negociar. La hora final de este capítulo de un gobierno neoliberal que le dio continuidad al de Pinochet, estaba tocando la puerta.
No dejó de sorprender semejante estallido social con violencia incluida. Puede que ayude a entenderlo, un estudio sobre el llamado período de “transición democrática” desde la dictadura de Pinochet, que comenzó en la década de los 90 con los gobiernos de la “Convergencia”. Se suponía que en el 2010 habían quedado saldadas las cuentas con la imposición neoliberal por parte de Pinochet. Manuel Antonio y Roberto Garretón, en un estudio publicado en el 2010, en la Revista de Ciencia Política de la Universidad de Chile, desmenuzan ese período anterior a los dos gobiernos de Piñera y postulan lo siguiente:
“Nuestra hipótesis central es que estamos frente a una democracia incompleta, como resultado de la transición desde la dictadura de Pinochet ocurrida a finales de los ochenta.3 No es que no se haya terminado la transición, como sostienen algunos, o que hubiera terminado, ya sea en el gobierno de Lagos o de Bachelet, sino que si bien ella terminó con la inauguración del gobierno del Presidente Aylwin, lo que quedó después de esa transición, e incluso pese a ciertas reformas políticas implantadas por los gobiernos democráticos, fue esta democracia incompleta en las tres dimensiones: electoral, constitucional y ciudadana. Lo que explicaría tal caracterización es que la institucionalidad de la democracia chilena fue en gran parte impuesta por la dictadura, por lo que estaríamos frente a gobiernos elegidos de manera legítima, vigencia de libertades públicas, es decir, lo que podríamos llamar una “situación” democrática,4pero difícilmente el régimen institucional en cuanto tal pasaría el test democrático […] el caso chileno -prosiguen los autores- presenta enclaves autoritarios heredados tanto de la dictadura como de los amarres o acuerdos de transición, que limitan el carácter democrático […] esta hipótesis u orientación básica -continúan argumentando- entra en contradicción con el sentido común generalizado en la opinión pública de la región y difundido por múltiples informes y rankings internacionales que ubican en un lugar privilegiado de los índices democráticos a Chile. […] estamos frente a una paradoja básica, -concluyen- esto es, existe una contradicción entre esta democracia incompleta y el desempeño de los gobiernos con respecto al crecimiento económico, la superación de la pobreza y la inserción en la economía global, por nombrar sólo algunas variables (aunque los niveles de desigualdad se mantienen relativamente constantes, con muy leve mejoramiento en los últimos años gracias a la focalización de subsidios y gasto social).” (Cfr. Garretón, Manuel A. y Roberto, “La Democracia Incompleta en Chile. La realidad tras los Ranking Internacionales.” Scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s0718-090×2010000100007)
A lo dicho hay que sumarle, la aceleración de las desigualdades y de la pobreza, a pesar del crecimiento económico, sobre todo en los dos siguientes gobiernos de Piñera (2010-2014 y 2018-2022), que tuvieron un interregno”, el gobierno Bachelet (2014-2018), que tampoco fue muy auspicioso en reformas democráticas. Ello explica el estallido social que, no obstante, sorprendió a muchos.
Todo ello constituye el contexto del triunfo de Gabriel Boric en las más recientes elecciones celebradas este año.
El nuevo gobierno que acaba de iniciar en Chile posee algunas características peculiares respecto de todo lo anterior, que permiten preconizar que se tratará de una inédita experiencia político social. Para comenzar diremos que el gabinete recién integrado posee, por primera vez también en la historia de Chile, más mujeres que hombres. No esta una característica meramente cuantitativa, responde a un formidable repunte de los movimientos feministas que han sido protagonistas de primer orden, tanto durante el estallido social y en las negociaciones con el gobierno de Piñera, como en el proceso electoral que llevó al poder a esta nobel coalición. Esto quiere decir que el gabinete resulta en una medida muy importante de las lideresas y los líderes que encabezaron las luchas del 2019 contra el modelo neoliberal.
El programa enarbolado contiene las reformas educativas largamente planteadas por el movimiento estudiantil universitario, en el centro de la propuesta. Además de esto el Plan de Gobierno del movimiento “Apruebo Dignidad”, se estructuró sobre cuatro perspectivas transversales que integran cada una de las propuestas que buscan justicia social, descentralización del poder y garantía del trabajo decente, así como feminismo y transición ecológica justa. El programa contiene además 53 cambios concretos para Chile, entre los que destacan: recuperar 500 mil empleos femeninos, reducción de la jornada laboral a 40 horas, reparar la deuda histórica con el profesorado chileno, generar el sistema universal de salud y reducción de las listas de espera, relevar la importancia de la salud mental integral, duplicando el presupuesto y creación de al menos 15 nuevos “Centros Comunitarios de Salud Mental”, reactivar la economía con las Mipymes, fortalecer el Ministerio de la Mujer y la equidad de Género, generar un plan nacional de derechos sociales LGBTIAQ+, protección de la infancia, creación del sistema nacional de cuidados, un plan para disminuir el precio de la vivienda, firma del acuerdo de Escazú, impulso a la mediana y pequeña agricultura, creación de un Banco Nacional de Desarrollo, avanzar en seguridad y soberanía alimentaria, creación de una empresa estatal del litio, un fondo estatal para financiar pensiones alimenticias adeudadas. (Cfr, reseña biográfica de Gabriel Boric Font. Bcn.cl).
El presidente Boric ha enfatizado que el desafío que se tiene como gobierno, es el de generar un nuevo orden, ya que el contrato social ha sido roto por las élites, desde su punto de vista.
Es en verdad el triunfo de una nueva idea, una nueva generación, una nueva sociedad opuesta a la que representó el gobierno anterior. Se busca un mejor camino de renovación, no en función de las élites sino de los grupos subalternos de la sociedad, en el que se consagren los derechos sociales universales, el pleno respeto a los derechos humanos, la descentralización del poder, que se haga cargo de los enormes desafíos ambientales generados por la crisis climática, en lo que a Chile concierne. La ruta está planteada, el reto es enorme.
