El pasado 11 de enero se dieron a conocer los resultados de la Prueba de Transición (PDT), el instrumento utilizado en Chile para determinar el ingreso a la universidad y, una vez más, queda de manifiesto que no da lo mismo ni dónde se nace ni dónde se estudia.

Hasta hoy, solo se conocen estadísticas parciales, pero ya se pueden sacar conclusiones gruesas en relación al desempeño de quienes obtuvieron puntajes nacionales, la naturaleza de sus establecimientos y el tipo de sostenedor.

Lo primero que destaca es que la Región Metropolitana de Santiago continúa superando largamente el porcentaje de puntajes nacionales, llegando a casi 2 de cada tres (64%), mientras que las otras quince regiones solo alcanzan un 36%, con la siguiente distribución: 14 en el Biobío; 10 en Valparaíso; 8 en O’Higgins; 7 en la Araucanía; 7 en el Maule; 6 en Antofagasta; 5 en Coquimbo; 4 en Los Lagos; 2 en Tarapacá; 2 en Los Ríos; 2 en Magallanes; y 1 en la Región de Ñuble.

Los resultados promedio de los 100 establecimientos educacionales con mayores puntajes a nivel nacional muestran que 96 son particulares, 2 son subvencionados y 2 municipales. La desigualdad en educación queda de manifiesto cuando se observa que, de este centenar, 40 son particulares y están ubicados en Lo Barnechea, Las Condes, Vitacura, Providencia y La Reina.

El informe oficial del subsecretario de Educación Superior muestra como un gran logro la disminución de brecha entre establecimientos científico humanistas (CH) y técnicos profesionales (TP) llegando este año a una diferencia promedio de 71 puntos. Sin embargo, esta diferencia significa que, en promedio, las y los estudiantes provenientes de TP tienen una desventaja de 15%, respecto de quienes estudiaron en CH.

Chile es desigual desde la cuna y no existen las oportunidades para nivelar la cancha a través de la educación. Cuando hago esta afirmación escucho voces que me contradicen señalando casos individuales de personas que han logrado superar todos los obstáculos para superar las condiciones socioeconómicas, culturales y territoriales en que nacieron, se criaron y educaron. Es cierto, existen esos casos que son dignos de alabanza, pero no debemos olvidar que es responsabilidad del Estado proveer educación de calidad a todas y todos sus ciudadanos, para que niñas, niños y jóvenes puedan desarrollar en plenitud sus potenciales.

El Estado falla en su rol de entregar igualdad de oportunidades educativas. Al igual como en salud, previsión y vivienda, solo acceden a servicios de calidad aquellas personas capaces de pagar por ellos. Es en este punto cuando debemos ser capaces de aplicar pensamiento crítico y diferenciar entre un derecho y un bien privado que se transa en el mercado.

Estamos frente a un gran desafío de abordar las desigualdades y realizar los cambios estructurales necesarios para lograr que niñas, niños y jóvenes sean un aporte intelectual y creativo a la sociedad, en vez de ser mano de obra barata “por nacer en el lugar equivocado”. Es urgente avanzar en estos temas, porque en la educación de calidad se juega el destino de Chile y hoy estamos al debe.