Por Carme Suñé, presidenta de FundiPau.

 Después de varios aplazamientos, la primera Conferencia de Estados Parte del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN) tendrá lugar en Viena del 21 al 23 de junio de 2022.  La coyuntura actual provocada por la situación de guerra en Ucrania y la amenaza por parte del gobierno ruso de utilizar armas nucleares convierte esta conferencia en el único encuentro multilateral para avanzar hacia un desarme nuclear, que hoy se demuestra más urgente que nunca. La amenaza de Rusia, además de ser una gran irresponsabilidad, pone de manifiesto la peligrosidad y precariedad de la idea de la disuasión nuclear. La capacidad destructiva del arsenal nuclear existente exige un cambio fundamental en las relaciones entre potencias nucleares y un primer paso significativo sería su asistencia como observadores a la Conferencia de Viena.

 Este encuentro quiere poner el foco en las devastadoras consecuencias humanitarias del uso de las armas nucleares y por ello se ha fijado como objetivos principales la implementación de las obligaciones positivas que recoge el tratado y que desgranan los artículos 6 (asistencia a las víctimas y reparación medioambiental), 7 (cooperación y asistencia internacional) y 12 (universalización del tratado). La conferencia ofrece una oportunidad para que la asistencia a las víctimas se considere una prioridad central de este tratado de desarme humanitario, así como la reparación medioambiental de las zonas afectadas por el uso de armamento nuclear y la necesaria cooperación y asistencia internacional para poder implementar ambas obligaciones.

 Las obligaciones positivas son centrales para conseguir los objetivos humanitarios del tratado y pretenden abordar el daño causado por el uso y los ensayos con armas nucleares que se han realizado en el pasado, así como prevenir cualquier daño en el futuro. Los estados miembros del TPAN se comprometen a asistir a las víctimas que se encuentren bajo su jurisdicción y a reparar el daño de las zonas contaminadas de sus respectivos países. La consecución de dichos objetivos humanitarios solamente será posible con la cooperación de todos los estados miembros. De esta manera cada estado tiene el derecho a buscar y recibir la ayuda necesaria por parte de otros estados miembros del tratado, y los países que estén en posición de hacerlo deben facilitar la asistencia técnica, material y económica necesaria a los estados miembros afectados por el uso de las armas nucleares.

 La implementación de las provisiones recogidas en los artículos 6 y 7 del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares adquirirá la relevancia necesaria si en la conferencia los estados miembros exhortan a la participación activa de todos los países, de las organizaciones internacionales, de grupos de la sociedad civil y de las comunidades afectadas por el armamento nuclear. Es necesario escuchar todas las voces para que en las conclusiones de la conferencia los estados miembros puedan adoptar un informe final, una declaración y sobre todo un plan de acción para la puesta en marcha de las obligaciones positivas del tratado.

 La conferencia de Viena también tiene como objetivo la universalización del TPAN, es decir conseguir aumentar el número de países que se adhieran al mismo. Para los colectivos de la sociedad civil que forman parte de la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN) la universalización del tratado debe ser una prioridad de la conferencia. A día de hoy un total de 60 estados lo han firmado y ratificado y aunque al menos 138 países han manifestado su apoyo al TPAN, ICAN considera una prioridad que los estados que se han adherido al tratado animen a otros a hacer lo mismo. La universalización lleva implícita una serie de acciones por parte de los estados miembros que se deben llevar a cabo en distintos foros además de la conferencia. Estos incluyen las Naciones Unidas, foros regionales, acuerdos bilaterales y los contextos nacionales.

 La conferencia de Viena supone el inicio del despliegue del TPAN y todos los países, pero muy especialmente aquellos que poseen o albergan armas nucleares y aquellos miembros de alianzas que mantienen la disuasión nuclear como estrategia para garantizar la seguridad planetaria, deberían comprometerse con los objetivos de desarme humanitario del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares y asistir a la conferencia de Viena como observadores.

 La campaña ICAN se felicitó al conocer hace unos meses que Noruega y Alemania, miembros de la OTAN, decidieran participar. A día de hoy, el Estado español no ha dado respuesta a las múltiples peticiones que, por parte de las campañas locales, nacionales e internacionales, le han llegado para que acepte la invitación expresa del secretario general de la Naciones Unidas, Antonio Guterres, y participe en Viena como estado observador. La situación provocada por la invasión de Ucrania y el peligro real que supone poner en alerta el arsenal nuclear debería ser razón suficiente para que el gobierno español abandone la creencia que la disuasión nuclear es la garante de nuestra seguridad y apueste claramente por el desarme acudiendo a la conferencia de Viena como estado observador.

 El Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares es una realidad que incomoda a los países poseedores de estas armas de destrucción masiva y a la mayoría de estados miembros de la OTAN porque significa un cambio de paradigma sobre cómo garantizar la seguridad global. El nuevo enfoque humanitario supone desterrar la disuasión nuclear como estrategia securitaria y poner la vida y el bienestar de las personas y del planeta como la razón urgente para el desarme nuclear. Conscientes que la carrera nuclear es una carrera que no se puede ganar, cada día son más los países que abrazan este nuevo paradigma que supone la adhesión al TPAN. España debe seguir el ejemplo de estos países y comprometerse en el camino hacia la paz, la seguridad humana y el desarme que implica la adhesión al TPAN.

  

Esta publicación forma parte de la campaña «10 Razones para firmar el TPAN», que une a entidades de la sociedad civil a nivel estatal con el objetivo de que España se adhiera al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN), que entró en vigor el 22 de enero de 2021.