1
El componente mayoritario del que se calificó quizás con retranca como “gobierno más progresista de la historia” (sic), el PSOE, decía en su programa electoral con el que se presentó a las últimas elecciones españolas:
“Promoveremos la solución del conflicto de Sáhara Occidental a través del cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, que garantizan el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Para ello, trabajaremos para alcanzar una solución del conflicto que sea justa, definitiva, mutuamente aceptable y respetuosa con el principio de autodeterminación del pueblo saharaui, así como para fomentar la supervisión de los derechos humanos en la región, favoreciendo el diálogo entre Marruecos y el Frente Polisario, con la participación de Mauritania y Argelia, socios claves de España, que el enviado de la ONU para el Sáhara Occidental está propiciando”.
Apenas unos meses después de redactado este párrafo meridianamente claro, el PSOE y el gobierno español por boca de su presidente y del ministro de asuntos exteriores, daba un giro el viernes 18 de marzo. Este giro se concretaba en la aceptación de la propuesta del régimen semi-feudal y violador habitual de los derechos humanos de Marruecos de Mohamed VI, y tan amigo de los Borbones españoles, propuesta según la cual se acepta el plan de autonomía que Marruecos presentó en el 2007 para el Sáhara Occidental. Sabido es que, a principios de año, fue el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, que ya había manifestado al sátrapa Mohamed VI que “Alemania considera el plan de autonomía presentado en 2007 como un esfuerzo serio y creíble, y buena base para llegar a un acuerdo a este conflicto”. Una idea que ratificaba la reciente ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, de Los Verdes, añadiendo además que con el plan de autonomía “Marruecos aporta una importante contribución de un acuerdo de paz”. Poco después, y ya empezada la guerra de Ucrania, Wendy Sherman del Departamento de Estado de EEUU, visitó Madrid, Rabat y Argel. La idea sobre la “autonomía” propuesta por Marruecos era clara: la misma que Alemania. Y después, casi con las mismas palabras (“la base más seria, creíble y realista para la resolución de esta disputa”) el presidente del gobierno español dirigía al rey de Marruecos una carta que concreta el giro sobre el Sahara Occidental. Ya en diciembre de 2020, Trump dio el visto bueno al plan del rey marroquí. Los demás han ido siguiendo su camino. Entre ellos el presidente español y el PSOE.
Reléase el programa del PSOE apuntado más arriba, efectivamente un giro de magnitud. Nadie se engaña: el plan marroquí de “autonomía” es una anexión sin más. El gobierno español avala abiertamente desde el 18 de marzo el plan del rey marroquí y renuncia al “principio de autodeterminación del pueblo saharaui”. Un gobierno que como también es harto conocido se declara contrario al derecho de autodeterminación de las naciones catalana, vasca y gallega. Y contrario también al derecho de autodeterminación del propio pueblo español al que nunca se ha dejado decidir si quería la monarquía o la república. Aunque hay razones para defender que el caso saharaui es distinto -¡qué caso no es distinto de otro!-, lo del “derecho a la autodeterminación” molesta. En cambio “autonomía” suena a más casero y constitucional. Más propio del régimen del 78, sin duda. Casi parece que se han sacado un peso de encima. La Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) tendrá trabajo en las próximas semanas. La ONU, por lo que se ve, va bien si defiende lo que a uno le interesa, si no, pues no pasa nada ir contra una misión especial de la ONU cuyo nombre se debe y dedica a un referéndum. El del Sáhara Occidental, precisamente. Referéndum al que el gobierno español cambia por una anexión de un país que por si algo es conocido no es precisamente por su defensa inquebrantable de los derechos humanos.
2
El Congreso de los Diputados votó mayoritariamente en contra de la reforma del Código Penal planteada por ERC, Junts, la CUP, el PNV, EH Bildu, el BNG, Más País y Compromís. Según la propuesta que fue rechazada el 15 de marzo se hubiera permitido investigar los delitos cometidos durante el levantamiento militar contra la república y durante la dictadura posterior. El partido gobernante, PSOE, sumó sus votos a los derechistas de Ciudadanos y del PP, y a los franquistas de Vox. Esta proposición de ley pedía añadir un nuevo artículo a la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal:
“Lo dispuesto en los dos artículos precedentes no impedirá el juicio ni la condena de actos u omisiones que, en el momento de su comisión, constituían, según el derecho reconocido por las naciones que conforman la comunidad internacional, los delitos señalados en los capítulos II, II bis, III y IV, del Título XXIV del Libro II de este Código Penal”.
En la exposición de motivos de este proyecto de ley se declara:
“Dada la situación generada en el Estado español respecto al mantenimiento de una situación de impunidad derivada de la falta de investigación de los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista y el enjuiciamiento de sus responsables, invocándose, entre otros argumentos para ello, el principio de legalidad establecido en los artículos 1 y 2 de nuestro actual Código Penal, se hace necesario incorporar a nuestro Derecho interno una disposición contenida en diferentes instrumentos internacionales ratificados por el Estado español y a los que posteriormente se hará referencia, para que a las víctimas de la dictadura y sus familiares le sea reconocido, de forma eficaz, su derecho de acceso a la Justicia —derecho a la tutela judicial efectiva— conforme a los estándares exigidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.
Los derechos humanos una vez más arrinconados.
3
Tambores de guerra. El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados declaró el 15 de marzo sobre el aumento de los gastos militares: “Es un compromiso que no está en discusión y que el Gobierno va a cumplir para tener capacidad de respuesta ante desafíos como el de Ucrania”. Cosa que se traduce en un aumento del 2% del PIB para este fin: armas. A la altura de lo que los gobiernos europeos están haciendo: tambores de guerra que se traduce en aumento del gasto para los ejércitos. El mismo portavoz del PSOE dijo que “España debe estar a la altura”. Si “la altura” se refería a la locura belicista tantas veces repetida en el siglo XX y XXI o a la racionalidad de la lucha por la paz, no hay duda de que, para Héctor Gómez, pues ese es el nombre del portavoz del PSOE, se refería a la primera. 24.059.880.000 euros, eso es el 2% del PIB, es una cifra considerable. Muy superior a la actual que estaría situada en torno a los 15.730 millones.
4
Las medidas aprobadas por el Consejo de ministros el pasado 28 de marzo son conocidas y se resumen en 16.000 millones de los cuales 6.000 serían ayudas directas y el resto en créditos ICO. Lo más espectacular quizás sean los 15 céntimos (y cinco más por parte de las petroleras) por litro de combustible, la prohibición de los despidos objetivos por parte de las empresas que reciban alguna ayuda de este mismo plan, la revisión del alquiler no podrá ser superior al 2%, ayuda por sectores (agricultura y ganadería 363 millones, pesca 68, y a distintos sectores industriales), una rebaja de impuestos de la luz hasta el 30 de junio y la subida del ingreso mínimo vital (IMV) en un 15%. En los próximos días el gobierno español tendrá que presentar, junto con Portugal, a la Comisión Europea la concreción de las medidas temporales de fijación de un precio de referencia del gas que influirá en el precio de la electricidad. Algunas medidas tienen una importancia mayor que otras y algunas son meramente simbólicas. Con datos actualizados, el IMV llega al 9,3% de las personas que en el reino de España están por debajo del umbral de la pobreza. Nada más ni nada menos: el 90% de las personas pobres no reciben el IMV. Todo un récord de cobertura. Según los últimos informes disponibles, ya son 11 millones las personas en situación de exclusión social y 6 millones las que se engloban en la pobreza severa. Cuando se recuerda que algunos llegaron a calificar el IMV de avance histórico del Estado de Bienestar y majaderías parecidas, hay que pensar que los conceptos de “avance” y de “histórico” hay quien los tiene muy degradados.
5
En esta edición de Sin Permiso hay un artículo y una entrevista dedicados a las investigaciones de Citizen Lab de la Universidad de Toronto contra abogados, activistas, políticos relacionados con la lucha por la autodeterminación nacional de Cataluña. El editorial del Washington Post del 21 de abril lo calificaba de violación flagrante. Y añadía: “Cuando las democracias se involucran en violaciones de las libertades civiles tan flagrantes como parece haber ocurrido en Cataluña, merecen ser condenadas. Pero incluso cuando utilizan programas de espionaje con aprobación judicial o justificación legal, siguen haciendo daño al dar legitimidad y apoyo financiero a un producto exportado a lo largo y ancho para todo tipo de fechorías”. El gobierno español no es que “deba” dar una explicación que al menos suene a sincera y que satisfaga a las personas afectadas, que evidentemente debe hacerlo. Pero, salvo que sorprenda con algo difícil de imaginar, diga lo que diga no bastará para contrarrestar lo que es algo cada vez más evidente no ya por parte de las personas afectadas, o por los simpatizantes republicanos del reino de España, o por los partidarios del derecho de autodeterminación de Cataluña, o simplemente por demócratas de cualquier lugar del mundo: que el gobierno español está de mierda hasta el cuello. Hasta ahora lo que han dicho distintas ministras es para poner en el museo mundial de la estulticia. Estulticia criminal.
En todo caso, la estabilidad del gobierno español vuelve a peligrar porque el apoyo de sus socios “rojos y separatistas” tiene escaso margen en caso de que no se tomen las medidas adecuadas ante un deep state que hace y deshace a sus anchas.
6
Finalmente, siguen los habituales de “no molesten al conductor”. Se hable de Nicaragua, de Venezuela, de la agresión militar de Rusia, de la crítica a las actuaciones del gobierno del reino de España. Son diferentes los grupos que se sienten ofendidos, pero todos “analizan” (sic) con la misma finura: no hay que molestar al conductor. En el caso de las críticas al gobierno del reino de España: no hay que ser demasiado críticos con el gobierno porque la extrema derecha está amenazando. Y el gobierno de Castilla y León, acabado de constituir, con la participación de franquistas de Vox solamente es un aviso. Así que no molesten al conductor. Cualquier crítica, cualquier comentario no aprobatorio, cualquier análisis racional no servil es interpretado como una amenaza que beneficia a la derecha franquista y a la derecha que no anda lejos, a Vox y al PP. No critiquen, no incomoden, no analicen, en definitiva, no molesten al conductor. No hay que ser maximalista, hay que entender lo del mal menor. Precisamente fue el genial sardo – el 27 de abril se cumplirá el 85 aniversario de su muerte en las cárceles fascistas de Mussolini- quien dedicó unas palabras al concepto del mal menor:
“El concepto de mal menor es uno de los más relativos. Enfrentados a un peligro mayor que el que antes era mayor, hay siempre un mal que es todavía menor aunque sea mayor que el que antes era menor. Todo mal mayor se hace menor en relación con otro que es aún mayor, y así hasta el infinito”.
No, no parece que estas obscurantistas palabras del infame Conde duque de Olivares caractericen ni figuradamente la situación social y política del reino de España: “Dios es español y está de parte de la nación estos días”.
[1] El hecho de que si las 10 personas más ricas del mundo perdieran el 99,999% de su riqueza seguirían siendo más ricas que el 99% de las personas del planeta, ¿no informa de algo realmente terrible del mundo actual?
