La localidad catamarqueña de Andalgalá mantiene su movilización en defensa del agua. A las caminatas de todos los sábados se sumó un acampe en la localidad de Choya. Exigen que bajen las máquinas mineras del cerro y que dejen de contaminar los ríos de la región. A un año de la feroz represión y detención de asambleístas, ratifican el firme rechazo el extractivismo.
Por Agencia Tierra Viva
A un año de la feroz represión contra asambleístas, el oeste catamarqueño redobla su rechazó a la megaminería. A las caminatas de los sábados en la plaza de Andalgalá (ya cuentan 636 marchas), se sumó un acampe y bloqueo en la localidad de Choya. Exigen que bajen del cerro las máquinas del proyecto minero MARA (Agua Rica-Alumbrera), de las empresas Yamana Gold, Glencore y Newmon. «Las mineras corrompen a la política. Tienen tomados a los gobiernos nacional, provincial y la justicia federal», denunció Raúl Barrionuevo, vecino de Choya.
En Choya viven unas 400 personas, es una localidad del departamento de Andalgalá. Al igual que otros pueblos de la zona, su fuente de agua es el cerro Aconquija, donde las empresas mineras realizan perforaciones aún sin tener licencia social y en violación de la ordenanza 029/16 que prohíbe la megaminería en ese departamento catamarqueño. En las últimas semanas se produjeron tres derrumbes en la zona del Aconquija y los pobladores comenzaron a notar que el río Choya comenzó a tener otro color y olor. Por ese motivo, resolvieron acampar en el cerro y denunciar la contaminación que la actividad extractiva genera en el territorio. También exigieron la intervención del intendente de Andalgalá, Eduardo Córdoba, y del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. “Queremos que vean lo que están haciendo las máquinas”, manifestaron.
Raúl Barrionuevo tiene 74 años, es colla y vecino de Choya. Pese a que es ciego, afirma que quiere acompañar a sus vecinos, que acampan a 4500 metros de altura para impedir que las mineras sigan destrozando el río. Raúl nació en Las Capillitas, donde ahora Glencore explota la piedra rodocrosita (un mineral también muy preciado). «Hace 75 años que Andalgalá, que es dueña de esa mina, no recibe una moneda. Esa es la explotación que hacen estos políticos delincuentes que tenemos», cuestiona.
Recuerda con dolor el momento en que las máquinas del proyecto MARA subieron al cerro para comenzar las perforaciones, pese a que la población sostiene hace años que el agua vale más que cualquier metal. También cuenta que tiene un pequeño establecimiento de productos artesanales y orgánicos, pero aún no consigue las habilitaciones provinciales para ponerlo en funcionamiento. “Cada vez que uno quiere crear una fuente de trabajo para la localidad, para el Gobierno es negativo porque quieren que dependamos de la minería”, explica.
—¿Cómo se produce la contaminación del río Choya?
—Cuando hay una veta de muchos minerales contaminantes como el uranio, si se los moviliza y se empiezan a hacer esos movimientos tan grandes de tierra que hacen las mineras, los activan. Entonces el agua que bebemos –porque acá tomamos el agua del río– contiene esos minerales pesados que llegan desde la montaña. Acá todo el mundo tiene diabetes, problemas óseos, problemas de tiroides. Hay chicos que ya nacen con diabetes o que tienen leucemia. Pero como esto es un proyecto muy grande de empresas como Glencore y Yamana Gold, ellos corrompen a la política. Tienen tomados los gobiernos nacional, provincial y la justicia federal. No tenemos justicia en Catamarca. El Estado no se mete, lo único que hace es mandar a la Gendarmería para que nos atropellen. Nosotros queremos que bajen las máquinas del cerro.
El vecino de Choya enfatiza: «Dicen que la minería es sustentable, pero cuando se termina la veta que ellos quieren explotar, se llevan la riqueza de nuestro país y nos dejan solamente el desastre. La megaminería nunca le trajo riqueza a ningún pueblo. Quiero que el país sepa la riqueza que tiene la gente de Andalgalá. Le estamos poniendo el pecho a las balas, estamos resistiendo el atropello».
Foto de Nicolás Pousthomis, Subcoop / Agencia Tierra Viva
La carta del Intendente
Eduardo Córdoba, de la UCR, envió una carta documento a la empresa Minera Agua Rica-Alumbrera (MARA) para intimarla al cese de tareas de apertura de huellas en la zona de Campo Grande y en la cuenca hídrica del río Choya, en un plazo de 24 horas. También demandó la reparación del “daño causado” a los vecinos del distrito de Choya. De lo contrario, advirtió el mandatario, iniciará acciones legales contra la firma.
Pero Barrionuevo se muestra escéptico. «A la carta que envió el Intendente la usaron como papel higiénico y la tiraron en un tacho. Qué valor puede tener una carta que envía él a semejante empresa dándole 24 horas para que suspendan su actividad o caso contrario iniciará una demanda judicial. Si no lo hizo hasta ahora, que ya pasaron cinco o seis días desde que la mandó y todo sigue igual».
Mientras tanto, en declaraciones a FM La Perla, la jefa del departamento de Geoquímica de Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera (Dipgam), Gabriela Maidana, aseguró que el río Choya no tiene alteraciones y que se pudo constatar «que está dentro de los rangos de variabilidad histórica en las estaciones involucradas». Además, remarcó que los monitoreos se hacen trimestralmente y están disponibles para consulta pública.
Barrionuevo asegura que «el Gobierno es leal transmisor de la información de la empresa, que dice que acá no pasa nada». Cuenta que en enero hubo muchos casos de diarrea en Choya. «En el hospital me aconsejaron que no tome más el agua. Pero ahora el hospital niega todo, porque la mina les provee lavandina, detergente. El Gobierno cede todas las obligaciones que tienen a la minera para que el pueblo sienta que la minera es necesaria. Pero nosotros sabemos que nos están sometiendo de a poco con la necesidad», analiza. Y agrega, contundente: «No lo vamos a combatir con facilidad, pero sí le vamos a hacer frente».
Foto de Susi Maresca/Agencia Tierra Viva
Detenciones ilegales, torturas y complicidad con las corporaciones
En abril de 2021, Aldo Flores, Damián Abel, Augusto Brizuela, Enzo Brizuela, Ailén Diamante Saracho, Sara Fernández, Walter Mansilla, Oscar Martiarene, Matías Paz, Jorge Ramos y Eduardo Villagra fueron detenidos de forma ilegal por la policía de Catamarca. Todos ellos tienen un rasgo en común: militan por el derecho a la vida y a la salud frente al avance del extractivismo minero.
“Me golpearon, me esposaron y en la comisaría cuando les dije que no nos iban a callar, me arrodillaron, y me apretaron más las esposas”, contó Aldo Flores, de 72 años. Su caso no fue aislado: en todas las detenciones se negaron las garantías constitucionales y los procedimientos legales correspondientes. También se registraron torturas. Los hechos estuvieron vinculados a las caminatas que la población de Andalgalá realiza todos los sábados en la plaza principal de la ciudad. Las personas violentadas por las fuerzas de seguridad, la policía y Gendarmería, participan regularmente de esas movilizaciones populares.
En ese contexto, el gobernador Raúl Jalil expresó en la porteña Radio con Vos: “No hubo ningún tipo de represión. Yo le pedí a la Policía que no reprima y no reprimieron. Después salieron los allanamientos que tienen que salir y está en manos de la Justicia. Tampoco se puede incendiar la sede del Partido Justicialista e incendiar toda una empresa internacional y pensar que la Justicia no va a actuar. Está bien que actúe la Justicia”. Los incendios referidos por el gobernador catamarqueño efectivamente se registraron, no se registraron los autores y los «allanamientos» —que incluyeron golpes, roturas de viviendas y amenazas— apuntaron exclusivamente contra asambleístas.
La abogada Verónica Gostissa resumió: “Hubo episodios de violencia institucional que fueron constatados. Las detenciones son ilegítimas. Esto claramente es una causa política y armada”.
A un año de la represión, Barrionuevo afirma que «el gobierno de Jalil es enemigo del pueblo, modificó la Constitución provincial, puso jueces a dedo». Pone el ejemplo de minera Alumbrera: estuvo trabajando 26 años en la zona y culminó sus actividades dejando pasivos ambientales y pueblos fantasmas. También cuenta que, pese a la ordenanza existente, aprovechó el aislamiento de la población por el coronavirus para habilitar el ascenso de las máquinas al cerro Aconquija a través de la localidad de Santa María: «A espaldas de Andalgalá».
«Eso fue el 7 de marzo del año pasado. Después de eso hicimos una caravana, de las que venimos sosteniendo desde 2010, y la minera aprovechó que esa marcha fue grande y mandaron a prender fuego las oficinas para evitar que se revisen irregularidades. Nos echaron la culpa a nosotros y detuvieron a doce personas. Nos señalaron a dedo, por participar de las caravanas. Fue como en los peores momentos de la dictadura, yo viví esa época y siento mucho dolor por lo que nos hacen a los andalgalenses», denuncia Barrionuevo.
—¿Por qué ustedes afirman que la megaminería es un delito de lesa humanidad y de lesa naturaleza?
—Porque contaminan y destruyen la fuente de agua de un pueblo. Sabemos que vamos a desaparecer porque nos vamos a tener que ir o nos vamos a morir por la megaminería. Una persona de mi edad ya no tiene los bronquios como para soportar explosiones de cien toneladas diarias de nitrato de amonio. Agua Rica va a ser tres veces más grande que Alumbrera. Piense en el polvillo de esas explosiones. ¿Va a ser respirable? Por eso decimos que es de lesa humanidad, porque no les importa que muramos. Y es de lesa naturaleza porque es irreversible el daño que le generan a la naturaleza, no solamente en Andalgalá sino en el mundo. Nosotros tenemos la mejor agua y la están destruyendo.
