Las multitudinarias manifestaciones pacíficas que han tenido lugar en Sri Lanka, con el pedido de renuncia del presidente ante la grave situación económica, la falta de alimentos básicos y medicamentos, entre otros, ha sido enfrentada por el gobierno con medidas represivas que incluyen el decreto de estado de emergencia, la detención de alrededor de 600 manifestantes hasta el momento, gases lacrimógenes, cañones de agua y bloqueo de redes sociales.
Por todo ello, expertos en derechos humanos y la propia ONU han hecho un insistente llamado al gobierno, recordándole su obligación de respetar y garantizar derechos humanos fundamentales, tales como la libertad de expresión y reunión pacífica.
«Instamos al Gobierno de Sri Lanka a permitir que los estudiantes, los defensores de los derechos humanos y otras personas puedan protestar de forma pacífica, y a que puedan compartir libremente sus opiniones políticas y expresar su descontento, tanto en internet como fuera de la red», afirman los expertos.
A la profunda crisis en el pais asiático y como un factor determinante se suma el hecho de que el país se ha declarado en default por impago de su deuda externa por un monto de 51 mil millones de dólares y ha abierto nuevas negociaciones con el FMI.
