La transición del régimen militar a la democracia ha resultado un fracaso. La mayoría de la sociedad ya no cree que el crecimiento y el asistencialismo sean la solución a los males económico-sociales, ni tampoco que la actual institucionalidad política sean el paradigma de la representación ciudadana. La explosión popular del 18 de octubre lo dejó meridianamente claro. Es el origen de la Convención Constitucional y de los cambios que está proponiendo.

Sin embargo, los grandes negocios se resisten a los cambios y la derecha no acepta disminuir sus posiciones de poder. A ellos se agregan senadores de “centroizquierda”, que temen por sus cargos y también los economistas de siempre, serviles a los grupos económicos y, por cierto, la prensa conservadora.

El Partido del Orden es enemigo de la Convención Constitucional (CC) porque ésta propone un nuevo marco para nuestra convivencia, que entregará democracia plena a nuestro país. Y los que cuidan el orden actual lo encuentran peligroso, porque hace perder poder a los políticos tradicionales y porque terminará con las ganancias abusivas del gran empresariado. Les resulta más cómoda la democracia a medias, semisoberana (como la ha calificado Carlos Huneeus).

Digamos las cosas como son.

El orden económico existente, favorable a los grandes empresarios, junto a las políticas de segregación social, fundadas en la Constitución de 1980, multiplicaron la riqueza del 1% de los poderosos. Esa Constitución se vio legitimada con la firma del presidente Lagos, y no modificó la esencia del régimen de exclusiones sociales económicas y políticas.

Chile ha vivido una democracia a medias, tutelada por la derecha política, los grandes empresarios y por las armas de Carabineros y las FF.AA., los que no han modificado su visión pinochetista. Lamentablemente, algunos personeros de la “centroizquierda” se han sumado a ese ordenamiento económico y político, junto a una mayoría de economistas que se han convertido en empleados del empresariado o que, en el mejor de los casos, han mantenido silencio frente a los abusos y desigualdades del neoliberalismo.

El orden neoliberal ha resultado un desastre. El régimen productivo de alimentos, pesca industrial explotación de bosques y minerales elude la transformación económica y ha servido, en años recientes, para favorecer la industrialización de China. Las utilidades del empresariado rentista han crecido en medio del trabajo precario, con un notable aumento de la informalidad. La educación, convertida en negocio, y la pobre enseñanza en la escuela pública han amplificado la segregación social y la delincuencia, en niños y adolescentes. La salud es un vía crucis cotidiano para pobres y capas medias, mientras los jubilados sufren las pensiones de hambre que les entregan las AFP.

La corrupción aparece hoy día en el centro de la sociedad chilena. Creció primero con la compra de políticos por el gran empresariado y luego se extendió a varias instituciones, entre las que destacan Carabineros y las Fuerzas Armadas. Ello, unido al individualismo del “sálvese quien pueda”, se han convertido en rasgos dominantes de nuestra sociedad.

Tuvieron que venir los jóvenes a decirnos que los asuntos en Chile no andaban bien. Primero, los estudiantes de la enseñanza media y luego los universitarios. Fueron los que abrieron el camino para reconstruir la democracia, para hacerla más plena.

Fueron esos jóvenes los que, saltándose los torniquetes del Metro y movilizándose el 18-O, dieron esperanzas a la sociedad para construir un país más justo y decente. Y luego vinieron las mujeres, los medioambientalistas, los defensores de la descentralización, pobladores, indígenas y luchadores contra las AFP. Todos ellos, bajo la dirección de la juventud, instalaron la Convención Constitucional, con una mayoría abrumadora de personas que antes habían estado ausentes de la vida política. Ellos son los que están redactando ahora la nueva Constitución. La política se ha democratizado.

El Partido del Orden esté asustado, porque se les desordena el sistema. Teme por sus privilegios. A los grupos económicos les duele que sus ganancias disminuyan. A la clase política, de derecha y “centroizquierda”, le incomoda la paridad de derechos de la mujer, que los jóvenes comiencen a mandar y sobre todo que los marginados de siempre tengan representación en las instituciones de la República.

Ello explica que la Convención Constitucional sufra un bombardeo atroz, parecido al de Ucrania. La derecha, los grupos económicos, los medios de comunicación del establishment, y una centroizquierda convertida en amarilla, intentan desprestigiar el trabajo de los constituyentes y anuncian el Rechazo a la nueva Constitución.

Los convencionales han hablado a través de las normas acordadas y anuncian una nueva economía, que les duele a los fácticos. En efecto, la nueva economía terminará con la sobreexplotación de los recursos naturales y apuntará a la diversificación. Terminará con el actual Estado subsidiario y con mercados sin regulación. Los constituyentes entienden que sólo un Estado activo podrá potenciar nuevos sectores productivos, que agreguen valor a los bienes, para generar empleo de calidad. Esto no gusta a los rentistas ni a los depredadores del medioambiente. La economía se democratizará.

Por otra parte, hay una propuesta social integradora. Los constituyentes se han propuesto desarmar la muralla que divide a los chilenos. Sólo así se terminará el enojo de esos jóvenes que no estudian ni trabajan o de aquellos que estudian en colegios inservibles. Ello permitirá también cerrar puertas a la delincuencia y drogadicción, que se extiende en las poblaciones marginales. La Convención Constitucional apunta a la integración social cuando propone un Estado Social de Derecho, lo que también disgusta a los grandes empresarios porque con ello se acaba la mercantilización de la salud, educación y previsión.

Los miembros del Partido del Orden se han puesto nerviosos porque terminará el Senado y será reemplazado por una Cámara de las Regiones. Nada tan terrible. Se cumple con ello una demanda histórica en favor de otorgar más poder a las regiones y reducir un centralismo abrumador. Tampoco les gustará seguramente el artículo contra la corrupción, consignado en el borrador de la nueva Constitución (Art. 13), el que impide optar a cargos públicos y de elección popular a las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales, de violencia intrafamiliar, y aquellos vinculados a corrupción como fraude, soborno, cohecho y malversación de caudales público.

La rebelión del 18 de octubre fue un desafío a las desigualdades y abusos del modelo económico y también a la escasa participación del sistema político. Es lo que ahora está ordenando la Convención Constitucional, cuya responsabilidad es entregar respuestas a las demandas ciudadanas. La nueva Constitución es un salto sustantivo en favor de la igualdad, la inclusión y la democracia.