Desesperada por escapar de la zona rural donde sobrevivía en la economía informal en Kayonza, un distrito del este de Ruanda, Sharon emprendió un largo y difícil viaje a Kenia con la esperanza de que allí se iba a encontrar con un trabajo bien remunerado.
Una persona no identificada se puso en contacto con ella, le pagó el billete y le dio una modesta cantidad de dinero trasladarse a Kenia por carretera. La persona le dijo a la joven de 19 años que en su destino tendría una buena oportunidad de empleo.
Sin embargo, Sharon, de la que se omite su apellido a su pedido, se encontró en situación de servidumbre sexual en un bar de karaoke de las afueras de Nairobi, la capital de Kenia.
El trabajo de Sharon consistía en hacer una elegante reverencia a todos los clientes en la puerta y acompañarlos al interior del bar.
«También me contrataban como bailarina de un club nocturno y a veces mi empleador me obligaba a mantener relaciones sexuales con los clientes para ganarme la vida», dijo la graduada de la escuela secundaria en una entrevista con IPS.
Al igual que Sharon, los activistas dicen que el número de mujeres jóvenes de las zonas rurales que son víctimas de la trata para el comercio sexual, está creciendo en muchos países de África oriental donde se ubican tanto Kenia como Ruanda.
Las jóvenes son atraídas con la promesa de buenos trabajos o de matrimonio. En cambio, son vendidas para la prostitución en ciudades como Nairobi y Kampala, la capital de Uganda.
Tanto los activistas como los legisladores advierten que personas con objetivos ocultos actúan captando jóvenes en Ruanda, un pequeño país situado en la región de los Grandes Lagos, con algo más de 13 millones de habitantes.
El proceso de tráfico de la mayoría de estas jóvenes hacia los países vecinos más prósperos, es complejo. Implica falsas promesas a sus familias y a las víctimas a las que se les promete una vida mejor, dicen los activistas.
En muchos casos, los traficantes atraen a las jóvenes de las aldeas a los países vecinos con la promesa de un trabajo bien remunerado. Luego, las víctimas son transferidas a personas que se convierten en sus esclavistas, especialmente en hoteles de dudosa reputación y bares de karaoke.
Ruanda intenta luchar contra el tráfico de personas, pero los organismos encargados de hacer cumplir la ley al respecto subrayan que el principal reto gira en torno a la asistencia financiera y de otro tipo para las víctimas, tanto durante la repatriación como una vez retornadas al país.
Los limitados presupuestos de las instituciones encargadas de la investigación y rehabilitación de las víctimas, han hecho que estos programas no funcionen de forma óptima.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Regionales y Resolución de Conflictos de la Asamblea Legislativa de África Oriental, Fatuma Ndangiza, advirtió que si no se adoptan medidas urgentes, es probable que el problema se agrave.
«La mayoría de estas jóvenes sin empleo fueron víctimas de una red de tráfico de personas bien establecida que opera bajo la apariencia de agencias de empleo en la región», dijo Ndangiza a IPS.
Las últimas cifras de la Oficina de Investigación de Ruanda (RIB, en inglés) indican que en los últimos tres años se investigaron 119 casos de tráfico de personas, migración ilegal y contrabando de migrantes en la región.
Se trata de 215 víctimas, de las cuales 165 eran mujeres y 59 hombres.
Impulsadas por la demanda de mano de obra barata y sexo comercial, las redes de trata de personas de toda la región de África oriental aprovechan principalmente las vulnerabilidades económicas y sociales para explotar a sus víctimas, según los expertos.
Pero las estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) muestran que la falta de legislación pertinente y de instituciones administrativas necesarias en toda la región de África oriental, ha seguido dando a los traficantes y contrabandistas una ventaja indebida para llevar a cabo sus actividades.
Para prevenir la trata de personas, Ruanda ha adoptado varias medidas, incluida la aprobación de una nueva y amplia ley en 2018.
Según la legislación actual, los delincuentes se enfrentan a penas de hasta 15 años de prisión, pero los activistas afirman que esta medida no es lo suficientemente disuasoria.
Los agentes policiales y funcionarios aduaneros fueron capacitados para aplicar la nueva ley y combatir la trata de personas, dijo Evariste Murwanashyaka, un muy dedicado defensor de los derechos humanos, con su sede en Kigali.
«Pero hacer cumplir las leyes es un desafío, principalmente porque es difícil detectar a las mujeres que se dedican al trabajo sexual o a otras formas de explotación sexual en los países vecinos», dijo a IPS.
Murwanashyaka es el director de programas de la organización Collectif des Ligues et Associations de Defense des Droits de l Homme (Cladho, en francés).
El activista argumentó que las mujeres jóvenes siguen siendo más propensas a convertirse en víctimas de la trata debido a la creciente demanda de esclavitud sexual en toda la región.
Además, desde que estalló la pandemia de covid-19 se ha incrementado la falta de concienciación sobre el delito, lo que lleva a que las víctimas, especialmente las más jóvenes, no sean conscientes de que son víctimas de un delito de trata de seres humanos.
«La mayoría de las ofertas de trabajo informales del extranjero para estos jóvenes ruandeses, están asociadas a negocios ilícitos como la trata de personas, principalmente de mujeres, y su explotación sexual y laboral», dijo Murwanashyaka.
Según el Centro Africano de Estudios Estratégicos, el aumento de las tasas de desempleo, la desnutrición y el cierre de escuelas han incrementado el tráfico de personas.
Por su parte, el portavoz de RIB, Thierry Murangira, está convencido de que la trata de personas es parte del crimen organizado transnacional.
Al tratarse de un delito de esa naturaleza, «requiere la participación de más de una jurisdicción y la cooperación regional para investigar y perseguir el delito», dijo.
