Entre 2019 y 2022 los países de la UE han incrementado el objetivo de electricidad proveniente de fuentes renovables para 2030 del 55% al 63%. La subvención de carburantes y la escasa electrificación de sectores hoy dependientes de combustibles fósiles se erigen como los grandes lastres de la descarbonización.
La crisis energética derivada de la suma de las consecuencias de la pandemia de covid-19, la crisis del gas y la guerra de Ucrania dejaba en Europa una incógnita en materia climática que solo el tiempo aclarará: si la confluencia de desequilibrios servirá para acelerar los planes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero o, por el contrario, reforzará la industria fósil, especialmente impulsando al gas natural siempre que llegue desde cualquier parte del planeta que no controle Vladímir Vladímirovich Putin.
Sin que esa respuesta esté aún del todo clara, nuevos datos ponen algo de luz en el túnel de la emergencia climática. El último informe del Centro para la Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA, por sus siglas en inglés) y el think tank especializado en cambio climático Ember indica que, desde 2019, el conjunto de los gobiernos de la UE ha incrementado sus objetivos relativos a energías renovables.
En concreto, si los planes nacionales de energía y clima señalaban hace tres años que el 55% de la electricidad procedería de fuentes renovables en 2030, el análisis de los nuevos objetivos nacionales anunciado en los últimos tres años aumentan esa cifra al 63%. El dato podría ser aún mayor, aunque esta última cifrea habría que cogerla con pinzas: la estrategia de la Comisión Europea REPowerEU, planteada específicamente para frenar la dependencia europea del petróleo y gas rusos, podría incluso incrementar el porcentaje de electricidad proveniente de fuentes renovables hasta un 69%.
Del mismo modo, los datos analizados por las dos organizaciones señalan que la generación de electricidad a partir de combustibles fósiles prevista para 2030 ha pasado, en solo tres años, de 867 TWh (teravatio-hora) a 595 TWh, lo que supone un descenso de casi un tercio: un 31%.
Grandes importadores
Los nuevos objetivos son el reflejo de la publicación, en los últimos dos años, de nuevos planes de descarbonización por parte de 19 gobiernos europeos. El informe destaca que “algunos de los mayores importadores de combustibles fósiles procedentes de Rusia proponen ahora algunos de los avances más ambiciosos en materia de implantación de energías renovables, calefacción, transporte y transformación de la industria”.
Resalta especialmente los casos de Alemania, históricamente dependiente de los combustibles fósiles rusos, que ha aumentado su objetivo de electricidad renovable para el 2030 del 62% al 80%; los Países Bajos, que planean duplicar la instalación de energía eólica marina hasta los 21 GW (gigavatios) en 2030; o Italia, que ha puesto en marcha el primer parque eólico marino del Mediterráneo en abril.
“Hay consenso en que acelerar la energía eólica y solar puede ayudar a la UE a evitar múltiples crisis”, señala Pawel Czyzak, analista de datos sobre Energía y Clima de Ember. Por su parte, la analista de CREA, Erika Uusivuori, destaca que “el panorama energético actual no tiene precedentes, pero un salto en la ambición de reducir la dependencia de los combustibles fósiles está poniendo a los países en el camino hacia una mayor seguridad”.
España, aunque no ha incrementado el objetivo de renovables en los últimos dos años, se mantiene entre los países con una meta más amplia, al señalar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-30 que el 74% de la electricidad debe proceder de renovables en 2030.
Baja electrificación
El alto porcentaje de renovables en la electricidad de España contrasta con unos bajos objetivos de electrificación del total de la energía y de reducción de emisiones. “Lo que tiene que hacer España es incrementar el porcentaje de electrificación de la demanda de energía total”, señala Ismael Morales, responsable de Política Energética de la Fundación Renovables. Si actualmente la electricidad en España solo supone el 22% de la energía total que se consume, el PNIEC plantea incrementar esa cifra al 27% en 2030, un porcentaje muy bajo para las organizaciones centradas en frenar la crisis climática.
“En la revisión del PNIEC —prevista para 2023— debería revisarse esto para alcanzar un 50% de electricidad, pero claro, para ello hay que avanzar en la electrificación de vehículos, de la flota de camiones y autobuses… Más allá de la generación de electricidad con renovables, lo que hay que hacer es electrificar los combustibles fósiles, algo por lo que muchos países están apostando, mientras nosotros no”, expone Morales.
De fondo se encuentra la posibilidad de que España, en la próxima revisión del PNIEC, aumente su objetivo global de emisiones de gases de efecto invernadero. Si actualmente la Ley de Cambio Climático y el plan del Gobierno apuestan por reducir un 23% las emisiones con respecto a los niveles de 1990, la estrategia Fit for 55 de la UE apuesta por disminuirlas un 55%, una cifra a la que desde las organizaciones de movimiento por el clima exigen que se acerque el Estado español.
Asimismo, el peligro de la gasificación es algo que las organizaciones integradas en el movimiento por el clima vienen alertando desde hace meses, especialmente desde el comienzo de la Guerra de Ucrania. Este martes, el consejero delegado de la compañía gestora del sistema gasista en España, Enagás, Gonzalo Aizpiri, pedía desatascar el gasoducto Midcat, un proyecto que pretendía duplicar el intercambio de gas entre España y Francia, abandonado a medio construir en 2019 por las protestas ciudadanas y el desinterés francés. El objetivo era dar mayor acceso europeo a las reservas gasísticas del Magreb y al gas llegado a las regasificadoras de España, el país que tiene la mitad de capacidad regasificadora de Europa, para acoger el gas licuado proveniente de Estados Unidos, Qatar y otros proveedores de combustibles fósiles que no sean Rusia.
“Lo que se está promoviendo es reforzar unas infraestructuras de gas que se construirán en tres o cinco años con dinero público, ya sea español o europeo, cuando debemos apostar por lo mismo que están haciendo otros países. Somos los únicos que estamos planteando crear nuevas infraestructuras de gasoductos o instalaciones como la regasificadora de El Musel, que ahora se plantea como almacenamiento para enviar regasificación a Alemania”, denuncia Morales. “No tiene ningún sentido, vamos en contra de lo que está diciendo Europa”, continúa.
Bombas de calor
El informe del CREA y Ember destaca que cinco países —Alemania, Francia, Reino Unido, Irlanda y Dinamarca— han anunciado nuevas medidas para avanzar en la descarbonización de la calefacción, la industria y el transporte. Uno de los puntos donde pone el foco la Estrategia REPowerEU es el de la eficiencia energética en materia de calefacción, con un plan para instalar 10 millones de unidades de bombas de calor en cinco años para sustituir calefacciones a base de combustibles fósiles, especialmente de gas.
“Hay un dato interesante y es que el Reino Unido plantea llegar a 600.000 bombas de calor anuales para 2028, mientras que aquí el PNIEC se queda en 100.000 anuales cuando deberíamos alcanzar el millón para 2030”, apunta el responsable de la Fundación Renovables.
El informe se hace eco además de una denuncia que ya han realizado multitud de organizaciones preocupadas por la crisis climática: la subvenciones de carburantes ante la escalada de precios. “España, Francia, Italia y Alemania han gastado en torno a 20.000 millones de euros desde septiembre de 2021 subvencionado los precios de la electricidad, el gas, la gasolina y el petróleo”, señalan los autores de la investigación. Si bien estas medidas de limitación de precios “pueden aliviar la carga de los ciudadanos con menores ingresos, también tienen inconvenientes: pueden obstaculizar los avances en materia de eficiencia energética y la reducción del consumo y pueden afectar negativamente a la seguridad del suministro”, denuncian.
“No tiene lógica ninguna, va en contra de la fiscalidad que promueve Europa. Lo que hay que hacer es quitar margen de beneficio a gasísticas y petroleras para bajar los precios, no subvencionarlas”, defiende Morales. “Se ha visto que de los 20 céntimos que se da de subvención por litro de carburante, cinco van directos a las cuentas de las petroleras. Estamos incrementando los beneficios de la petroleras en tiempos de crisis cuando lo que hay que hacer es reducirles el margen”.
Por razones como la que esgrime el portavoz de la Fundación Renovables, desde el CREA y Ember apuestan por que las intervenciones en el mercado den prioridad a soluciones que tengan efectos positivos a largo plazo —como es el caso de las bombas de calor— y que sean socialmente responsables y reduzcan las desigualdades en lugar de agravarlas.
