En el comienzo de nuestra era, el acceso al conocimiento estuvo restringido a pequeños grupos de poder compuestos por hombres. Mujeres y la población en general no tuvieron acceso a la educación. Recién el siglo XIX los Estados comenzaron a asumir su rol en la educación.

En Chile la Ley de Instrucción Básica Obligatoria entró en vigencia el 26 de agosto de 1920 después de un extenso debate en el Congreso Nacional que duró 20 años. Los “educacionistas” tuvieron un duro trabajo en lograr mayoría para imponer esta ley a quienes se oponían bajo pretexto que no le correspondía al Estado destinar recursos públicos a la educación de sus niñas y niños porque era dinero malgastado.

Pero la oposición no venía solo de la élite conservadora, sino que también de quienes no veían beneficio alguno en la educación. La Ley finalmente estableció que: “los padres o guardadores debían hacer que sus hijos o pupilos asistieran durante cuatro años a lo menos -antes de los trece años de edad- a un establecimiento de educación primaria fiscal, municipal o particular», y quienes no lo hicieran estaban expuestos a penas privativas de libertad.  En mi niñez, tuve la oportunidad de escuchar a personas mayores que aún recordaban como la policía de la época y después los carabineros iban a las casas en busca niñas y niños para llevarlos a la escuela.

Si bien la ley contempló la obligatoriedad de asistencia a niñas y niños, eran segregados y con currículum diferenciado, situación que se mantuvo hasta la reforma de la década del 60 cuando se crearon establecimientos mixtos, momento en el que éste se unificó. A pesar de estos cambios, hoy aún enfrentamos una educación sexista, así como otras limitaciones.

Como se puede observar, la educación siempre ha generado divisiones entre quienes favorecen el statu quo (que nada cambie) y aquellos que creemos que la sociedad se debe ir adaptando a las nuevas realidades. La educación es mucho más que adquirir conocimientos y por ello el artículo 16 del borrador de Constitución me identifica en cuanto señala que:

“Todas las personas tienen derecho a la educación. La educación es un deber primordial e ineludible del Estado”.

“La educación es un proceso de formación y aprendizaje permanente a lo largo de la vida, indispensable para el ejercicio de los demás derechos y para la actividad científica, tecnológica, económica y cultural del país. Sus fines son la construcción del bien común, la justicia social, el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza, la conciencia ecológica, la convivencia democrática entre los pueblos, la prevención de la violencia y discriminación, así como, la adquisición de conocimientos, el pensamiento crítico y el desarrollo integral de las personas, considerando su dimensión cognitiva, física, social y emocional”.

“La educación se regirá por los principios de cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género, pluralismo y los demás principios consagrados en esta Constitución. Tendrá un carácter no sexista y se desarrollará de forma contextualizada, considerando la pertinencia territorial, cultural y lingüística.”

Una educación integral abre las puertas de la libertad. Libertad que nace de desarrollar un pensamiento crítico y vivir una ciudadanía participativa.