Por Tomás Hirsch

Para quienes hemos luchado durante 40 años por tener una nueva Constitución en Chile, el momento que estamos viviendo hoy es profundamente significativo. Hemos dicho durante mucho tiempo que necesitamos una nueva Constitución porque la actual es antidemocrática, tanto en su origen como en su contenido.

En su origen, porque fue creada por un pequeño grupo de amigos de Pinochet, sin ninguna posibilidad de debate, sin participación ciudadana, sin posibilidad de presentar opciones diferentes y votada sin existir registros electorales ni control ciudadano. Es decir, fue impuesta en un plebiscito absolutamente ilegítimo y fraudulento. Pero también, y sobre todo, es antidemocrática en su contenido: porque, si bien se han podido modificar algunos artículos a través de los años, todavía mantiene una concepción autoritaria, que concentra el poder en pocas manos, y que no garantiza una sociedad de derechos, en la que cada una y cada uno pueda vivir con dignidad. Es una Constitución en la que el Estado está ausente, como mero espectador de las inequidades, impedido de tener un rol protagónico en la búsqueda de mayor equidad y justicia social.

Sumado a lo anterior, y más allá de su ilegítimo origen, la Constitución actual no da cuenta de los temas, desafíos y demandas que han ido surgiendo con el paso del tiempo y que son fundamentales para enfrentar el siglo XXI: los derechos de los pueblos originarios; la equidad de género; el respeto y la valoración de las diversidades y disidencias sexuales; la crisis climática; la dramática crisis del agua y la insatisfecha demanda por este elemental derecho humano; la descentralización que permita que las regiones puedan desarrollarse con más equidad.

Todos estos temas y muchos otros no estaban presentes hace 40 años, ni siquiera estaban contemplados en Chile. Que hoy se incorporen esas temáticas en una Constitución nos permite enfrentar, de mejor manera, los desafíos que nos imponen los tiempos actuales. Por eso es importante que se hayan incluido estas temáticas, y los derechos asociados a ellas, en la nueva Constitución.

En el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre va a estar en juego si aprobamos un nuevo texto constitucional generado en democracia y en paridad o si se lo rechaza manteniendo la Constitución de la dictadura, pero también va a estar sobre la mesa si vamos a enfrentar el siglo XXI poniendo al centro de nuestra carta fundamental los desafíos que trae este nuevo tiempo. Al aprobar este texto vamos a estar ubicándonos a la vanguardia del planeta con una Constitución moderna y que, por primera vez, pone al centro temas que fueron obviados en el siglo pasado.

Esta será la primera Constitución del mundo generada en paridad, por un número exactamente igual de hombres y mujeres, con participación de todos los pueblos originarios de nuestro país, con un proceso de participación ciudadana expresada no sólo en la elección de los convencionales, sino que también con la presentación de cientos de mociones, con más de dos millones y medio de firmas de temas que son de interés ciudadanos para que fueran vistos por la convención, muchos de los cuales fueron recogidos e incorporados como artículos del nuevo texto constitucional.

¿Está todo lo que queremos en esta nueva Constitución? Por supuesto que no. Todo texto se puede perfeccionar y a futuro, una vez que esté plenamente vigente, sin duda habrá que ir incorporando nuevos derechos, nuevos artículos que den cuenta de cómo la sociedad va evolucionando, cambiando y exigiendo nuevos derechos. Tenemos que seguir profundizando la descentralización y desconcentración del poder en todas sus formas: político, económico, social, racial, generacional y geográfico. Todos estos son desafíos que tenemos por delante y, por cierto, este nuevo texto permite avanzar en la incorporación de nuevos derechos.

Por todo lo anterior es que necesitamos avanzar hacia una nueva Constitución aprobando la propuesta de la Convención Constitucional en el plebiscito de salida el 4 de septiembre. No me cabe duda que con el Apruebo Chile se pondrá a la vanguardia de derechos fundamentales, no sólo a nivel latinoamericano, sino que a nivel mundial. Incorporar estos derechos en la nueva Constitución nos permitirá avanzar hacia una sociedad más justa, más democrática, más humana, con una mejor calidad de vida para todas y todos.