El pedido de 12 años de prisión e inhabilitación política perpetua para la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta de la Argentina, es un eslabón más en la cadena de persecución contra dirigentes populares en América Latina donde se conjugan el Poder Judicial y los medios masivos de difusión. El objetivo final parece ser demoler la imagen de la principal dirigente política del país, con gran arraigo en el campo popular.

Cristina Kirchner denunció el juicio como «un pelotón de fusilamiento mediático-judicial». «Este no es un juicio a Cristina, es un juicio al peronismo y a los gobiernos populares», añadió. Pero si la causa no se sostiene en sí misma, ¿qué es lo que hay detrás de ella? De lo que se trata es de proscribir a Cristina de la política, máxime cuando se aproximan las elecciones presidenciales del año próximo. Hay que poner esto en contexto.

Las declaraciones pronunciadas en Buenos Aires en la reunión del Consejo de las Américas por Marc Stanley, embajador de Estados Unidos en Argentina, son una clara intromisión en los asuntos internos y por ende debieran resultar inadmisibles. El funcionario indicó al oficialismo y a la oposición que «el momento es ahora» para formar una coalición que «ofrezca lo que el mundo necesita: energía, alimentos, minerales”.

Dijo también: «Olvídense de las ideologías y los partidos y armen ya esa coalición. Se los digo como representante del país que quiere ser su socio y como alguien que ama la Argentina y ve su potencial: trabajen esos acuerdos ahora, no esperen 16 meses». Obviamente contaba con que la “justicia” argentina iba a eliminar el principal escollo para una alianza de ese tipo: la expresidenta Cristina Fernández, y así sería más fácil saquear los recursos naturales y quedarse con el valor agregado que estos generan.

Las recetas que constantemente proponen sirven exclusivamente a sus propios intereses. Por ese motivo es que Néstor Kirchner ayudó a frenarles el ALCA en la ciudad de Mar de Plata en 2005. Stanley invita a profundizar los lazos de dependencia y eso significa que las grandes mayorías quedan afuera…

Es muy difícil no leer el cronograma del juicio según los tiempos electorales del país. Mecanismos similares se usaron en Brasil para encarcelar sin pruebas a Lula Da Silva y allanarle así el camino a la ultraderecha. ¿Misma lógica para mismos resultados? Las dificultades económicas de la gestión del Frente de Todos empoderaron a funcionarios judiciales, que se apresuraron en sobreseer a Macri por el espionaje a los familiares del submarino Ara San Juan – que la justicia comprobó y aprobó -, mientras, por el otro lado, preparan una condena a Cristina.

El mensaje que buscan dejar los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola es que el kirchnerismo no fue o es un proyecto político (al que a la vez un sector judicial descalifica por ‘populista’) sino una organización delictiva para apropiarse del dinero público.

Para eso exprimieron el último día del alegato con la misma fórmula discursiva para los titulares de la prensa hegemónica: “nos encontramos ante un crimen de extrema gravedad”; “la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”; “arrasaron todos los principios de contratación pública”; “los organismos de control están parasitados”, fueron algunas de las expresiones. También afirmaron que para ellos el perjuicio al Estado fue de 5.231 millones de pesos, que pidieron decomisar.

A pesar de la falta de pruebas después de tres años de juicio, y los papelones cometidos con las “evidencias” tomadas de otras causas, los fiscales pidieron 12 años de cárcel y proscripción de por vida para Cristina Kirchner. Confirmando su parcialidad, el tribunal le negó a la expresidenta su derecho a ampliar la declaración indagatoria y motivó una contundente respuesta.

El escándalo ganó un nuevo capítulo con la aparición de pruebas que dan cuenta de la connivencia del ex presidente Mauricio Macri, dirigentes de la coalición neoliberal Cambiemos de primer nivel y de los fiscales y el juez que llevan adelante la causa Vialidad. Durante 2016, por lo menos, se juntaban a jugar al fútbol en casa de Macri, mientras desangraban el país y comenzaba el entramado que derivaría en este juicio.

La vicepresidenta cuestionó a la fiscalía por no investigar la infinidad de sospechosas comunicaciones entre el exsecretario de Obras Públicas José López y el empresario Nicolás Caputo, amigo del expresidente Mauricio Macri, a quien calificara como «hermano de la vida», y otros referentes de la obra pública, que desnudan los vínculos del exfuncionario con los empresarios macristas ligados a la obra pública. «No investigaron esto porque no les convenía, ya que aparecían ellos, los macristas», dijo.

Quienes hoy hablan de corrupción son los responsables de la inmoral fuga de capitales por más de 86.000 millones de dólares durante los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri.

Pero la naturaleza monárquica reina aún en el Poder Judicial, y le da potestad para poner en jaque a la democracia argentina. ¿Acaso en los tribunales no comprenden que la persecución a Cristina involucra a millones de argentinos y argentinas que se sienten representados con sus ideas? ¿18 años de proscripción del principal líder del peronismo (Juan Perón) no fueron enseñanza suficiente sobre lo que implica el odio político?, pregunta el colectivo de la Agencia Paco Urondo.

Hablando de odio y fascismo corriente, el diputado macrista Francisco Sánchez, pidió la pena de muerte para la vicepresidenta.

Hubo todo tipo de reacciones, sobre todo en los medios y las llamadas redes sociales, pero también en las calles. Referentes políticos internacionales de América Latina y Europa manifestaron su respaldo a la vicepresidenta y denunciaron la “persecución política” en su contra, que enmarcaron en las prácticas de “lawfare” ampliamente expandidas por los países del Cono Sur.

Agrupaciones del Frente de Todos (FdT), organizaciones sociales, estudiantiles y organismos humanitarias de diferentes provincias están en estado de alerta y movilización en su apoyo y en defensa de la democracia.

El Presidente Alberto Fernández, cuestionó el pedido de 12 años de prisión e «inhabilitación especial perpetua» que realizó la fiscalía. El fiscal que lo hizo solía jugar al fútbol con el expresidente neoliberal Mauricio Macri en la quinta personal del expresidente. Condenó la “persecución judicial y mediática” contra la ex presidenta.

La debilidad de la carga probatoria sostenida durante el juicio por los fiscales en el proceso que investiga presuntas irregularidades en la obra pública de la sureña provincia de Santa Cruz, no impidió que el primer día de alegato del Ministerio Público Fiscal se encendieran las marquesinas de la guerra jurídica. Los grandes medios hegemónicos dieron una centralidad al comienzo del alegato.

Como ya no se les hace fácil apelar a los golpes de Estado del siglo pasado, los sectores más poderosos -en nombre de la democracia y la lucha contra la corrupción- usan el Poder Judicial que han estructurado para que los beneficie desde la creación de nuestras naciones hace 200 años, señala Pedro Brieger, el director de Nodal.

Algunos de los planteos desde los grupos de izquierda coincidieron en el rechazo al antidemocrático pedido de inhabilitación del fiscal Luciani, la condena y la persecución política que incluye la utilización de la figura «asociación ilícita”, ilegítima e inconstitucional.

El científico Alberto Kornblihtt señala que “la fuerza de la razón, la valentía que sólo da el genuino respaldo popular, el desenmascaramiento del ocultamiento de los fiscales sobre las relaciones carnales de López y el «amigo del alma», la convicción de que las verdaderas razones de su persecución radican en las medidas progresistas de sus gobiernos y el de Néstor que no pueden soportar los dueños del país, aun amparados por la justicia de «clase», ligada históricamente a la dictadura genocida, que no hace otra cosa que evidenciar que la lucha de clases sigue existiendo”.

No es sólo la contundencia y claridad cristalina de sus argumentos, es la estatura de una enorme estadista que advierte a los políticos y, entre ellos, a sus aliados en el Frente de Todos, que el ataque hacia ella tiene por objeto disciplinarlos a todos. Y también es una prueba de que la movilización popular que hoy la banca es la única salida para torcer el posibilismo y el giro a la derecha, añade Kornblihtt, biólogo molecular que se especializa en la regulación del splicing alternativo.

Para quienes hayan seguido las audiencias de debate deben haberse sorprendido por la vehemencia del fiscal en su apertura de alegato y la falta de coherencia con lo que fueron las audiencias durante el juicio. Semana tras semana, decenas de testigos fueron demoliendo los fundamentos de la acusación fiscal.

Para los analistas es descabellado y falto de materialidad el intento de incluir al expresidente Néstor Kirchner y su esposa en una delirante figura de asociación ilícita por licitaciones que se hicieron en la provincia de Santa Cruz. Durante el juicio oral no apareció ningún documento que demostrara favoritismo al empresario Báez, a pesar de que desfilaron decenas de testigos a los cuales se les consultó justamente eso.

La mayor dificultad encontrada para Luciani y Mola fue vincular en su alegato a Cristina Fernández de Kirchner -que nunca fue mencionada durante todo el proceso- a la acusación.

Para lograr ese supuesto vínculo los fiscales tuvieron que apelar a fuego de artificios: escuchas de última hora del expediente por el cual fue condenado el exsecretario de Obras Públicas, José López, por intentar esconder nueve millones de dólares en un convento. La prueba autorizada por el tribunal, recién en el último día, expone lo endeble de la acusación.

Cristina le recomendó a los fiscales: “Agarren la Constitución y el Código Penal Procesal, que no muerden”, tras cuestionar el latiguillo mediático de las “tres toneladas de pruebas”. Eduardo Zaffaroni, exjuez de la Corte Suprema de Justicia, aseguró que si Cristina Kirchner es condenada “el único recurso que quedará será el indulto presidencial”.

El caso que jaquea el futuro político de Cristina es escandaloso. Los fiscales juegan futbol con el expresidente Macri, y en tiempos del gobierno del empresario neoliberal visitaban la Casa Rosada. Para ponerle broche de oro, lo que decida el Tribunal Oral será revisado por camaristas que jugaban paddle en la residencia presidencial y también visitaban asiduamente la casa de gobierno.

El desenlace de este juicio llega en medio de la crisis política que sumerge al gobierno del Frente de Todos. El presidente Alberto Fernández entregó el año final de su mandato a Sergio Massa, referente del ala derecha de la alianza de gobierno y ahora superministro de Economía, quien sin Cristina en la lucha, cree tener asegurada su candidatura presidencial. En este contexto, el oportuno resurgir mediático del lawfare es cualquier cosa menos casual.

En el kirchnerismo saben que la condena está lista, tal como advirtió la misma Cristina hace tres años, en el arranque de la causa. Sin dudas, es un caso más de utilización de la justicia para la persecución política. Certeza que no esconde una resignación que a su vez revela –además de la aceptación mansa de la injerencia del embajador estadounidense en asuntos internos de la Argentina- una incapacidad política para desarmar el lawfare, incluso siendo gobierno.