“Los periodistas pueden solicitar documentos que han sido robados y publicarlos”. Esto escribió el juez federal de Estados Unidos John Koeltl en el fallo emitido en 2019 que desestimó la demanda que el Comité Nacional Demócrata había entablado contra Julian Assange, la organización WikiLeaks y otras entidades. Assange publicó documentos en el sitio web de WikiLeaks exactamente a través de la forma que describe el juez en su dictamen. A pesar de esto, Julian Assange ha permanecido durante más de tres años en régimen de aislamiento en la prisión británica de máxima seguridad de Belmarsh. Antes de ser trasladado a Belmarsh, el fundador de WikiLeaks había vivido durante siete años recluido en las reducidas instalaciones de la Embajada ecuatoriana en Londres. Ecuador concedió asilo político a Assange mientras el editor enfrentaba una creciente persecución por parte del Gobierno de Estados Unidos por haber expuesto los crímenes de guerra estadounidenses en Irak y Afganistán.
Estados Unidos intenta extraditar a Assange del Reino Unido para juzgarlo por espionaje y conspiración, cargos que podrían resultar en una pena de hasta 175 años de prisión. El equipo legal de Assange ha apelado la aprobación por parte del Reino Unido de la solicitud de extradición. Mientras tanto, un nuevo caso relacionado con WikiLeaks está actualmente bajo la consideración del juez Koeltl. Un grupo de periodistas y varios de los abogados de Assange han presentado una demanda contra la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y su ex director Mike Pompeo, a los que acusan de haber espiado sus conversaciones durante las visitas que ellos realizaban a Assange en la sede diplomática de Ecuador en Londres. Los demandantes alegan que sus conversaciones fueron grabadas y que los contenidos de sus teléfonos y computadoras portátiles fueron copiados en secreto.
Deborah Hrbek, una abogada que se reunió varias veces con Assange en la Embajada ecuatoriana, dijo durante una conferencia de prensa que se brindó tras presentar la demanda: “Soy una abogada de Nueva York. Tengo derecho a suponer que el Gobierno de Estados Unidos no está escuchando mis conversaciones privadas y confidenciales con mis clientes y que la información sobre otros clientes y casos que pueda tener en mi teléfono o en mi computadora portátil están a salvo de cualquier intrusión ilegal del Gobierno. Esto no es solamente una violación de nuestros derechos constitucionales. Es también un escándalo”.
El espionaje que la CIA ejerció contra Julian Assange y sus visitantes se hizo público a través de un caso judicial iniciado en España contra la empresa española de seguridad UC Global y su director, David Morales. La empresa UC Global fue contratada por Ecuador en 2012 para brindar seguridad a su sede diplomática en Londres. La nueva demanda alega que la CIA contrató los servicios de UC Global en enero de 2017 con ayuda del difunto magnate de los casinos y destacado donante del Partido Republicano Sheldon Adelson, cuando Morales se encontraba participando de una convención sobre armas en la ciudad de Las Vegas. Morales regresó a España y, según la demanda, les dijo a sus empleados que “la empresa jugaría a partir de ese momento ‘en la primera división’ y pasaría a operar en el ‘lado oscuro’ bajo las órdenes de la CIA”.
Donald Trump había sido un entusiasta admirador de WikiLeaks durante la campaña electoral de 2016, luego de que el sitio publicara miles de correos electrónicos filtrados del Comité Nacional Demócrata, así como también de Hillary Clinton y miembros de su círculo más cercano. “Me encanta WikiLeaks”, dijo Trump en un discurso que pronunció en octubre de 2016. Luego de que Trump se convirtiera en presidente de Estados Unidos, en marzo de 2017 WikiLeaks comenzó a publicar una serie de documentos conocidos como “Vault 7” que contenían información filtrada de la CIA y que la propia agencia admitió más tarde como “la mayor fuga de datos en la historia de la CIA”.
Poco después de que se publicara el primer lote de documentos de Vault 7, Mike Pompeo criticó enérgicamente a WikiLeaks en el primer discurso público que pronunció como nuevo director de la CIA del Gobierno de Trump:
“WikiLeaks opera como un servicio de inteligencia hostil y habla como un servicio de inteligencia hostil. […] Se enfoca principalmente en Estados Unidos, mientras busca el apoyo de organizaciones y países antidemocráticos. Es hora de llamar a WikiLeaks por lo que realmente es: un servicio de inteligencia hostil no estatal”.
El año pasado, el medio Yahoo News reveló un complot de la CIA de 2017 para secuestrar y posiblemente matar a Julian Assange mientras este se encontraba asilado en la Embajada de Ecuador en Londres. El medio informó que el complot se discutió “en los niveles más altos del Gobierno de Trump”.
Las conspiraciones para asesinar a editores, el seguimiento de conversaciones privadas sin orden judicial y la duplicación secreta de contenidos de dispositivos electrónicos privados de abogados y periodistas recuerdan el proceder notoriamente delictivo que el Gobierno de Nixon tuvo a principios de la década de 1970.
En ese entonces, quien estaba en la mira era Daniel Ellsberg, el denunciante que filtró los documentos conocidos como los “Papeles del Pentágono”. Estos documentos revelaban la historia secreta de la guerra de Estados Unidos en Vietnam y detallaban cómo los sucesivos Gobiernos estadounidenses le habían mentido a la ciudadanía acerca de la guerra. Daniel Ellsberg fue acusado de espionaje y se enfrentó a una posible condena a cadena perpetua.
La obsesión del entonces presidente Nixon con las filtraciones lo llevó a ordenar el allanamiento ilegal del consultorio del psiquiatra de Ellsberg, hecho que desató la cadena de eventos que condujeron al escándalo conocido como Watergate y, finalmente, a la renuncia de Nixon. Cuando el juez que presidía el tribunal en el juicio contra Ellsberg se enteró de la conducta ilegal del Gobierno estadounidense, desestimó el caso.
50 años después, las protecciones de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos para quienes publican secretos gubernamentales, el espionaje ilegal de la CIA y otros temas más están nuevamente ante la consideración de un juez federal. Cuando era un joven abogado, el juez John Koeltl formó parte de la Fiscalía Especial del caso Watergate. Ahora Koeltl preside el tribunal que tiene a su cargo la demanda presentada por el grupo de periodistas y de abogados de Assange, un caso en el que se espera que salgan a la luz más hechos delictivos cometidos por la CIA. El presidente Biden y su Departamento de Justicia deberían retirar de inmediato todos los cargos contra Julian Assange.
