El Perú es quizás el único país en el mundo en el que más de cinco expresidentes han estado o están inmersos en procesos penales por diversos delitos. Son conocidos los casos de Francisco Morales Bermúdez (sentenciado a cadena perpetua y fallecido en julio de 2022), Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski. Existen serios cuestionamientos e investigaciones sobre Martín Vizcarra en torno a su gestión como presidente regional de Moquegua y también investigación fiscal contra el actual mandatario Pedro Castillo Terrones, protegido por la figura legal de “inmunidad presidencial”.

Con el suicidio de Alan García Pérez –quien se disparó en la cabeza el 17 de abril de 2019 cuando la fiscalía se aprestaba a allanar su domicilio y proceder a su detención preventiva– se extinguió la acción penal contra él.

Asimismo, a raíz del escándalo del caso Lava Jato, se sabe que la empresa constructora Odebrecht se dedicó a pagar sobornos (coimas) a funcionarios de gobierno nacional, regionales y municipios para obtener la buena pro de obras como la ruta Interoceánica, entre otras. Además, según las declaraciones de Jorge Barata (exrepresentante de esa empresa en el Perú), Odebrecht presuntamente habría financiado las campañas electorales de Alejandro Toledo, Alan García, Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori, Lourdes Flores Nano y Susana Villarán. La investigación sobre este proceso continúa.

El índice de corrupción de funcionarios en el Perú es muy alto. Según un informe del Poder Judicial difundido por el diario La República, el año 2018 hubo “un total de 27 mil 20 funcionarios procesados por corrupción a nivel nacional. De esta cifra, 6 mil 731 corresponden a Lima y 20 mil 289 están repartidos en las regiones” (https://tinyurl.com/5ean5c8u).

La corrupción se refleja en la economía y en la disminución de la calidad de vida. La Defensoría del Pueblo, en un informe denominado “Radiografía de la corrupción en el Perú” (2017), reveló que se pierde anualmente 12 mil millones de soles, es decir alrededor de 3 mil 600 millones de dólares por actos de corrupción. El documento precisa que esto es equivalente a perder 10 millones de dólares diarios y señala que “el precio de la corrupción asciende al 10% del presupuesto nacional por año”.

En uno de mis anteriores ensayos sobre la corrupción en el Estado peruano señalé lo siguiente: “En el Perú el Estado se ha convertido en la sucursal detrás de la cual operan organizaciones criminales, que bajo diferentes modalidades delictivas y usando la corrupción como metodología tienen como único fin apropiarse del botín que representa el presupuesto nacional. Las estadísticas son contundentes: trece gobernadores regionales procesados por delitos de corrupción y la mayoría con orden de detención preventiva. Asimismo más de veinte alcaldes y exalcaldes provinciales y distritales afrontan procesos judiciales o han sido sentenciados por delitos de corrupción en sus gestiones”.

Recientemente, el procurador público especializado en delitos de corrupción, Amado Enco, reveló que a nivel nacional hay 2 mil 289 gobernadores regionales y alcaldes investigados por casos de corrupción. Y cuatro expresidentes de la República (uno de ellos en prisión), están cuestionados por presuntos delitos.

CASO MORALES BERMÚDEZ

En el mes de enero de 2017, el expresidente peruano Francisco Morales Bermúdez (general del Ejército Peruano que sucedió al dictador Juan Velasco Alvarado en la década del setenta) fue condenado de cadena perpetua por un tribunal de Roma (Italia) por su participación en el “Plan Cóndor”, al ser hallado responsable, junto a otros acusados, de la muerte de una veintena de ítalo-latinoamericanos. Dos exmilitares del Perú también fueron sentenciados.

Este plan –dirigido por los gobiernos militares de Chile y Argentina– fue organizado en esta región de América para acabar con una veintena de ítalo-latinoamericanos, acusados de subversivos que supuestamente buscaban sacar del poder a las mencionadas dictaduras de Pinochet y Videla.

Cabe anotar que el “Plan Cóndor” fue una operación que ideó el exdictador chileno Augusto Pinochet para acabar con la oposición política entre 1970 y 1980. Esta se ejecutó principalmente en Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay, Bolivia y Chile.

En el artículo “Cuatro claves para entender la sentencia contra Francisco Morales Bermúdez” de Cristina Blanco, coordinadora académica y de investigaciones del IDEHPUCP (https://tinyurl.com/2s95j9ms), señala que, para entender esta sentencia, “se debe recurrir a los supuestos habilitantes de jurisdicción interna frente a graves violaciones de derechos humanos en impunidad”.

“Hay que recordar que las investigaciones fiscales en Italia se inician con la denuncia de un familiar de detenidos-desaparecidos contra el exmarino uruguayo Jorge Néstor Troccoli, quien fugó a Italia tiempo antes para evitar ser procesado en su país. Uruguay solicitó la extradición de Troccoli, la cual fue denegada y exigió a Italia aplicar el principio aut dedere aut judicare, por el cual si un país se niega a extraditar, debe juzgar al extraditable por los delitos que se le acusan. La denuncia contra Troccoli fue seguida por varias otras en los años siguientes y, tras la acusación fiscal, se inició el juicio penal contra 27 imputados nacionales de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay; en perjuicio de 43 víctimas, entre ellos 23 ítalo-latinoamericanos y 20 uruguayos”, comenta.

Y añade que “si bien, como principio general, los tribunales tienen competencia sobre crímenes cometidos dentro de su territorio, existen ciertos nexos jurisdiccionales para que el Estado ejerza competencia por hechos ocurridos fuera de este, supuesto conocido como jurisdicción extraterritorial. Una de las habilitantes más comunes, y que establece el ordenamiento italiano, es el de la nacionalidad de las víctimas, aplicado en este caso. Pero también es posible -como ocurriría con relación a las víctimas no italianas- que una instancia penal conozca hechos cometidos fuera de su territorio, y con acusados y víctimas extranjeras cuando se trate de graves crímenes internacionales que, de otro modo, quedarían en la impunidad. Estamos aquí ante el principio de jurisdicción universal por el cual, aunque no estén presentes los factores tradicionales de conexión (lugar de los hechos, nacionalidad de víctimas o acusados), los tribunales nacionales pueden procesar a una persona sospechosa de haber cometido un crimen internacional en cualquier parte del mundo al entender que atentan contra la comunidad internacional en su conjunto”.

CASO ALBERTO FUJIMORI

El expresidente Alberto Fujimori actualmente cumple una condena de 25 años por haber sido considerado como autor mediato de homicidio calificado con alevosía, lesiones graves y secuestro agravado correspondientes a los casos de las matanzas de La Cantuta, Barrios Altos, y el secuestro al periodista Gustavo Gorriti y al empresario Samuel Dyer Ampudia. La sentencia se emitió el año 2009.

Para sus seguidores, las condenas son un exceso porque consideran que Fujimori hizo una lucha frontal contra el terrorismo para poder pacificar el país de la violencia iniciada por Sendero Luminoso y el MRTA. Ellos argumentan que en esa guerra frontal hubo consecuencias e incluso excesos por parte de elementos de las fuerzas armadas, razón por la cual están en desacuerdo.

Desde que fue extraditado desde Chile en el año 2007, el historial de los procesos penales contra Fujimori ha tenido varios episodios. A fines del año 2000, Alberto Fujimori viajó del Perú hacia Brunéi en el marco de la cumbre anual de la APEC. Desde allí se dirigió a Japón, desde donde renunció a la presidencia del Perú vía fax. En Japón permaneció hasta el año 2005, y amparado en su doble nacionalidad, pudo evadir las acusaciones judiciales en su contra por delitos de corrupción, de peculado y de lesa humanidad (https://tinyurl.com/3j2azxpz).

El 6 de noviembre de 2005, Alberto Fujimori viajó a Chile, donde fue detenido al día siguiente por las autoridades de aquel país y desde entonces se inició, exactamente el 11 de noviembre de ese año, un proceso de extradición en su contra.

El 21 de septiembre de 2007, la Corte Suprema de Chile aprobó la petición del Poder Judicial del Perú para extraditarlo. Tras su arribo a nuestro país, afrontó diversos procesos en su contra y terminó siendo condenado por lo señalado líneas arriba.

Una década después, el 24 de diciembre de 2017, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski le concedió un indulto humanitario a Fujimori, debido a que “una junta médica oficial ha evaluado al interno y ha determinado que el señor Fujimori padece de una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable y que las condiciones carcelarias significan un grave riesgo a su vida, salud e integridad”.

A las horas de anunciado el indulto, la defensa de los deudos de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta interpuso un recurso para revocar la gracia concedida.

El 3 de mayo del 2016 el Tribunal Constitucional del Perú rechaza la nulidad de la condena de Alberto Fujimori, razón por que se determinó que prosiga su condena de 25 años impuesta por responsabilidad en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, bajo la polémica teoría de “autor mediático”.

El 03 de octubre de 2018, tras meses de audiencias, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró inaplicable el indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori y ordenó su ubicación y captura inmediata.

A pesar de todas las acusaciones y condena en su contra, muchos peruanos de las zonas urbanas y rurales se muestran a favor de un indulto humanitario, considerando que fue un presidente que estabilizó la economía y derrotó al terrorismo con una estrategia frontal que terminó con la captura, juicio y condena de los principales cabecillas terroristas.

Esto es solo parte del panorama de las denuncias, investigaciones, juicios y condenas contra expresidentes. Los casos de Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski los analizaremos en un próximo artículo.