Las cifras entregadas por el Ministerio de Educación sobre la deserción escolar en el año 2021 indican que cerca de 40 mil niños, niñas y jóvenes en edad escolar abandonaron sus estudios en el último año, de ellos, un 53% son hombres y el 46% mujeres. Este número sólo se refiere a aquellos que, habiendo estado dentro del sistema, no se matricularon este año.

Muchos otros estudiantes simplemente no asisten. El ausentismo es la principal causa de déficit en el aprendizaje de contenidos y desarrollo de habilidades socioemocionales. Según Fundación Presente, uno de cada tres estudiantes tiene ausentismo crónico, es decir falta a clases un mes o más al año.

Las tres principales causas que explican la deserción y el ausentismo son, sentirse o estar siendo agredidos por sus pares (matonaje) o desvalorizados por uno o más profesores, no contar con condiciones para asistir a clases (ser cuidadores de un familiar, tener que trabajar, etc.) o falta de valoración de la educación por parte del estudiante y/o de su familia.

Recordemos que la obligatoriedad en la educación fue contemplada por primera vez en Chile en la ley N°3.654 del 26 del año 1920 que establecía que “a falta de cumplimiento que se refieren a las obligaciones de los padres o guardadores con respecto a la matrícula y a la asistencia escolar, será penada: a) Con amonestación verbal; b) Con multa de dos a veinte pesos, o prisión de uno a diez días, si pasados quince después de la amonestación no se ha cumplido todavía con la ley; y c) En caso de reincidencia, con pena doble de la anterior, precedida de amonestación hecha con quince días de anterioridad”.

Y continuaba: “La misma pena señalada en el inciso primero del artículo precedente sufrirá el director de fábrica o taller que acepte como trabajadores a menores de dieciséis años que no hayan cumplido la obligación escolar”.

La suspensión de clases presenciales por la pandemia de COVID-19 ha demostrado que la escuela juega un rol fundamental en la socialización; el aprender a vivir en comunidad y compartir con otros niñas, niños y jóvenes. En otro ámbito fue una buena decisión del Ministerio de Educación suspender la aplicación del SIMCE que ha terminado siendo un instrumento de discriminación más que un aporte al aprendizaje de las y los estudiantes.

Actualmente la educación básica y media son obligatorias, sin embargo, no existe política pública que haga a padres, madres y/o apoderados, ni al Estado hacer cumplir la ley resguardando el interés superior del niño, niña o joven. Por tanto, nadie se hace cargo efectivamente de la exclusión escolar.

En el caso de la educación, aplica el refrán popular que dice: “lo que por conocido se calla, por callado se olvida”. Y a eso podemos agregar que el discurso hegemónico, pero equivocado, de estos días es que en Chile la educación es de mala calidad. Hay problemas, sí, pero la educación es mucho más que el rendimiento en pruebas estandarizadas.

Quienes trabajamos en educación tenemos el desafío de revalorizar, resignificar y volver a dignificar la escuela como el lugar donde se aprende a convivir y también se aprenden materias. Por el interés superior del niño, niña y joven, la escuela debe valorarse como un lugar de convivencia y bienestar de las comunidades educativas.