El Estado español ha de asumir su responsabilidad y ser un agente activo en la solución del problema. La sociedad civil y la opinión pública son elementos fundamentales para conseguir ese objetivo
MANIFIESTO de Edurne Portela / Olga Rodríguez / Virginia P. Alonso y 83 firmas más
La historia del Sáhara Occidental está intrínsecamente relacionada con la del Estado español y las personas que lo habitan. Por un lado, la colonización de este territorio durante casi un siglo ha dejado a la antigua metrópolis un legado de responsabilidad por su situación irresuelta. Por otro, la posición de subalternidad a la que quedaba relegada la población saharaui por este hecho no evitó que se crearan vínculos sentimentales y emocionales, culturales, sociales, económicos, familiares… con personas españolas. La historia reciente del pueblo saharaui está ligada a la nuestra en esa doble dimensión.
Como periodistas, narradores y narradoras de lo que acontece en el mundo, somos conscientes del marco en el que se inscribe esa relación, y de que sigue condicionando lo que ocurre en el Sáhara Occidental, también ahora.
El Estado español tiene una responsabilidad con el pueblo saharaui. Los Acuerdos Tripartitos de Madrid en ningún momento transfirieron la soberanía ni a Marruecos ni a Mauritania. Como reconocen los organismos internacionales y la propia Justicia española, el Estado español sigue siendo la potencia administradora del proceso de descolonización del Sáhara Occidental, un territorio no autónomo según la definición de Naciones Unidas. En este sentido, la Audiencia Nacional declaró en 2014 en un auto de la Sala de lo Penal presidida por Fernando Grande-Marlaska Gómez que:
“España al ingresar en las NN.UU., y firmar la Carta de las Naciones, San Francisco, 26 junio 1945 –publicado en BOE el 16 de noviembre 1990– reconoció el hecho colonial del Sahara español, contrayendo una serie de obligaciones, y convirtiéndose en Potencia administradora. En esta dirección, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Resolución 2072, de 16 de diciembre de 1965, por la que se considera a España potencia administradora sobre el Sahara español. Como potencia administradora se obliga según el apartado a) del artículo 73: «a asegurar, con el debido respeto a la cultura de los pueblos, su adelanto político, económico, social y educativo, el justo tratamiento de dichos pueblos y su protección contra todo abuso…”.
Pero España ha dejado caer en la desmemoria su relación con las colonias que durante siglos ocupó de una forma extractiva, un pasado oscuro que sigue sin abordarse. La cuestión saharaui es el caso en el que las consecuencias de ese pasado irresuelto se muestran de un modo más paradigmático y más claro. Al no resolverla, el Estado español sigue instalado en una página negra de la historia de la humanidad, la colonización, que todavía no ha sido capaz de cerrar.
España abocó a los saharauis a la guerra en 1975, al vender el territorio del Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania. La guerra duró hasta 1991, cuando se firmó el alto el fuego bajo la promesa de Naciones Unidas de celebrar un referéndum de autodeterminación para que el pueblo saharaui decidiera su futuro político. Una consulta que nunca se llegó a celebrar por el bloqueo de Marruecos.
Ahora, la guerra ha vuelto al Sáhara Occidental. Fue Marruecos quien violó el alto el fuego el pasado 13 de noviembre, cuando soldados marroquíes entraron a zona neutral para disolver una manifestación pacífica de civiles saharauis. El regreso a las armas del Frente Polisario, tras 29 años apostando por una solución pacífica y diplomática, es un fracaso de la humanidad, más concretamente de Naciones Unidas y de la gobernanza global basada en el multilateralismo; así como de España, que sigue siendo legalmente la potencia administradora del territorio.
El Sáhara Occidental es un territorio no autónomo según la definición de las Naciones Unidas, y su derecho de autodeterminación está refrendado por los tribunales internacionales. Por ello, el reciente anuncio en que el presidente saliente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmaba la soberanía marroquí sobre el Sáhara está fuera de derecho y no puede ser considerado como aceptable por las propias Naciones Unidas –organización responsable de encontrar una solución aceptable por las partes basada en el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui–. Trump ha actuado contra el multilateralismo, contra una forma de gobernanza y de convivencia global que nos hace partícipes a todas las personas del mundo en el que vivimos.
Durante cuarenta y cinco años, el pueblo saharaui ha sido sometido a las duras condiciones del exilio y el refugio o de la ocupación. Las zonas ocupadas por Marruecos son “una cárcel a cielo abierto” para la población saharaui. Se han violado sistemáticamente sus derechos más elementales: reunión, expresión, identidad, culturales, sociales, económicos, a la integridad física, a la propia vida. Desapariciones, encarcelamientos arbitrarios, juicios sin garantías procesales…
Desde la ruptura del alto el fuego, la situación en los territorios ocupados se ha hecho más peligrosa y dura para la población saharaui, en especial para activistas que defienden los Derechos Humanos y para periodistas. Informes de organizaciones como la Organización Mundial Contra la Tortura o Reporteros Sin Fronteras han dado a conocer los recientes asedios a las casas de periodistas saharauis de colectivos como Equipe Media o la Fundación Nushatta, así como intentos de secuestros de estos periodistas saharauis, residentes en las zonas ocupadas. También la Instancia Saharaui contra la Ocupación Marroquí, de la que forman parte activistas de reconocido prestigio internacional como Aminatou Haidar o El Ghalia Djimi, se ha hecho eco de esta situación. Las amenazas y coacciones a través de redes sociales contra estas personas que se dedican a la información y la comunicación son habituales.
Tampoco debe olvidarse, en este sentido, que siete periodistas saharauis se ven privados de su libertad, dispersos en prisiones marroquíes. Cuatro de ellos forman parte del conocido grupo de Gdeim Izik: Bachir Khada (Equipe Media, 20 años de cárcel), Hassan Dah (TV RASD y Equipe Media, 25 años de cárcel), Mohamed Lamine Haddi(RASD Radio, 25 años de cárcel) y Abdalahi Lechfauni (colaborador de Equipe Media, cadena perpetua). Los otros tres son Mohamed Bambari(seis años de cárcel), Oualid El Batal (dos años de cárcel) y Faraji Khatri Dadda (20 años de cárcel). Esta situación también contraviene la legislación internacional. El derecho a la información, libertad de expresión y comunicación están reconocidos en diversos tratados y compromisos, especialmente cuando se trata de una zona en conflicto, como el Sáhara. Así lo indican la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 19; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 19; y la norma 34 del Derecho Internacional Humanitario.
Todo el sufrimiento generado al pueblo saharaui desde hace décadas es consecuencia de los deberes y obligaciones incumplidas por España. Por ello, el Estado español tiene la posibilidad y la responsabilidad de tomar y liderar la iniciativa que dé una solución acorde al Derecho Internacional. Una postura valiente, que devuelva a España a una política exterior activa que cumpla con la Carta Universal de los Derechos Humanos y con lo indicado por el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas. Una política responsable con su papel en el mundo y con su historia.
Más allá de la responsabilidad jurídica, el vínculo entre la sociedad española y la saharaui se revela en muchos ámbitos. Culturalmente, se trata de un pueblo hermano con el que compartimos lengua, arte e imaginario colectivo. Iniciativas como el FiSahara, Artifariti, ArTifariti y Un micro por el Sáhara han unido a la cultura española con la saharaui durante años. Esos lazos también tienen que ver con la memoria histórica y democrática: es necesario recordar que, igual que tenemos la responsabilidad de abrir las cunetas para resolver nuestro pasado en la Península, también hay cunetas en el desierto. También hay cuerpos con DNI español enterrados bajo aquella arena.
Los lazos solidarios duran hasta hoy. El programa Vacaciones en Paz ha hecho que decenas de miles de familias españolas hayan acogido a menores saharauis durante décadas. Familias que ahora ven cómo esos jóvenes se visten de soldados, van al frente, ante la carencia de perspectivas de futuro y de posibilidades.
En cuanto a los vínculos económicos, el Sáhara es un territorio rico en recursos naturales. Estos están siendo explotados por Marruecos y por empresas multinacionales (muchas de ellas españolas), sin que la población saharaui se beneficie, en contra de lo que establece la legislación sobre territorios no autónomos. Es un expolio constante. La política exterior española no solo puede servir a grandes empresas: tiene que tener en cuenta los derechos humanos.
Es curioso observar que en el momento en que se cerraba el régimen franquista y se iniciaba la Transición democrática el Sáhara estaba en el centro del momento político; y que también ahora, cuando la historia política española vive un nuevo punto de inflexión, el Sáhara vuelve a estar presente. En aquel momento, la solución no fue tal y el problema y el sufrimiento de todo un pueblo se mantuvo durante décadas. Hoy, aunque tarde, puede ser el momento para empezar a buscar soluciones acordes a la legalidad internacional.
Si el problema es político, la solución es política. El Estado español ha de asumir la responsabilidad y ser un agente activo en la solución de este problema; y la sociedad civil y la opinión pública son elementos fundamentales para conseguir ese objetivo. Si no se actúa hoy, el conflicto del Sáhara Occidental seguirá siendo un bochorno, una hipoteca para la dignidad de España.
Somos conscientes de los lazos históricos y de los lazos presentes. Somos conscientes de la responsabilidad con la memoria y con el futuro. Y porque somos conscientes, lo hemos de reflejar a la hora de informar y narrar lo que acontece. No podemos permitir que un silencio informativo arroje más olvido sobre este pueblo.
Lista de firmantes:
Rosa Montero, Javier Gallego, Virginia P. Alonso, Antonio Maestre, Andrea Momoitio, Pascual Serrano, Olga Rodríguez, Daniel Bernabé, Ana Pardo de Vera, Pedro Vallín, Edurne Portela, Miguel Mora, Yolanda Sobero, Gerardo Tecé, Pepa Blanes, Raimundo Castro, Alejandro Torrús, Ana Camacho Urtiaga, Pablo Elorduy, Miquel Ramos, Anita Botwin, Guillem Pujol, Fabiola Barranco, Sato Díaz, Carmen Domingo Soriano, Manu Tomillo, Teresa Villaverde Martínez, Aitor Albizua, Ebbabba Hameida, Pablo Morán Martínez, Leila Nachawati, Ignacio Pato, Ary Suárez, David Bollero, Isabel García Caballero, Miguel Muñoz, Laura Casielles, Xosé Manuel Pereiro, Mónica Santos Carrillo, Manuel Martorell, Beatriz Asuar Gallego, José Antonio Bautista García, Sarah Babiker, Rafa Panadero, Sara Montero, Jalil Mohamed, María F. Sánchez, Fernando Íñiguez, Esther Ferrero, Luis Díez Álvarez, Tato Puerto, Mª Ángeles Fernández González, José Ovejero, Violeta Muñoz, Santiago Escribano López, Clara Asín, Gorka Andraka, Kristina Berasain Tristan, Santi Donaire, Isabel Cadenas Cañón, Marcelo Ortega Picazo, Silvia Casado Arenas, Emilio Martínez, Naciu Varillas, Manolo Ballesteros, María José Fal Miyar, Pedro Menéndez González, David Artime Coto, Marisol Flórez Borges, Iván G. Fernández, Cristina Natal, Francisco Álvarez González, Xicu Ariza Fernández, Javier Cuevas Domínguez, Miguel Ángel Pérez Suárez, Germán Rodríguez Lourenço, Diego Díaz, Raúl Álvarez Rodríguez, Pablo Zariquiegui, José Pérez, Míguel Fernandi García, Fernando García de Dios, Alfonso Suárez Rodríguez, Luis Ordóñez, David Orihuela Sancho, Isidoro Vegue García.
