LAS ENSEÑANZAS DE UN MODO DE PRODUCCIÓN

Un modo de producción, nos enseña un filósofo, no es solamente una forma de producir sino, además, un modo de vida. Configura una cultura, una forma de relacionarnos con los demás y, a la vez, una forma de comportarnos que, por lo mismo, suponemos ecuánime (más exactamente, ‘neutra’) y que, sin embargo, responde a los requerimientos del modo de producir dentro del cual estamos inmersos. Por ello, suponemos imparcial (neutra) la forma de organización que adopta la sociedad en que vivimos y que se llama Estado. Y suponemos neutras sus instituciones e, incluso, a sus autoridades porque somos parte de todo ello.

No debe sorprender, por lo mismo, que esperemos justicia inmanente de instituciones que suponemos dotadas de aquellos atributos y, sin embargo, responden a las necesidades de ese modo de producir; y esperemos de esas mismas instituciones la investigación de hechos contrarios al derecho, suponiendo que lo van a hacer.

UNA CUENTA ULTRA PETITA

Estas breves reflexiones se nos vienen a la mente a propósito de la Cuenta Pública del Ministerio Público correspondiente al año 2021, entregada el pasado 28 de abril. En esa oportunidad, el Fiscal Nacional, sr. Jorge Abbott se refirió a la necesidad de crear una Fiscalía especializada en DD.HH., revisar las causas archivadas relativas al estallido social y emitir un nuevo oficio referido a los criterios de actuación en causas de ese tipo, proposiciones todas loables. Sin lugar a dudas.

Probablemente, la intervención del sr. Fiscal hubiere pasado desapercibida, como muchas otras, de no haber reiterado esos conceptos en la reunión semanal que sostuvo con los fiscales regionales el día 4 del presente donde, además,

“[…] mencionó incluso la posibilidad de fijar metas de gestión en la materia”[i].

La Fiscalía Nacional no solamente ha sido negligente e, incluso, irresponsable, en el caso de las violaciones a los derechos humanos con ocasión de las protestas sino, también —algo que se contrapone al concepto de justicia—, abiertamente parcial. Aun así,

“[…] el Ministerio Público reconoce haber tomado conocimiento de a lo menos 11.488 graves vulneraciones a los derechos humanos, constitutivos de crímenes cometidos por agentes del Estado, de las cuales un 55% de esas investigaciones se dieron por concluidas, por vía administrativa, sin investigación ni sentencia”[ii].

Dado que, de acuerdo a los informes emanados de la propia Fiscalía, el 46% de las causas continúa pendiente, las causas que se encuentran archivadas, sin que se las haya investigado ni, consecuentemente, se haya, siquiera, intentado determinar quiénes fueron los responsables de la comisión de tales delitos, alcanzarían el número de 6.321.

Los últimos informes de la propia Fiscalía indican que solamente se han formalizado 57 causas por violaciones a los derechos humanos, encontrándose responsables de los delitos cometidos a 113 carabineros, 4 militares y 1 marino.

Uno de los hechos más vergonzosos protagonizados por la Fiscalía ha sido la pertinacia de la misma y sus agentes, en cuanto a emplear el sistema de la prisión preventiva para arruinar la vida de un número considerable de estudiantes que, luego de permanecer más de un año privados de libertad, aún permanecen en ese estado sin haber sido condenados por la comisión de delito alguno.

LA CONFORMIDAD DE LOS INSTITUTOS DEL ESTADO

Que la Fiscalía Nacional se haya planteado en tales términos, ha provocado enormes muestras de gratitud por parte de quienes representan o pertenecen a los institutos del Estado. Por supuesto que el ministro de Justicia, Hernán Larraín se ha apresurado a señalar lo mucho que le complace saber que

“[…] el Ministerio Público y el fiscal nacional estén procurando ver cómo ser más eficientes, porque aquí cuando se archivan la mitad de las causas quiere decir que en esas no hay investigaciones y, por lo tanto, se pierde el objetivo que es poder llevar a personas que han cometido delitos a la justicia”[iii].

No de manera diferente se ha manifestado el Director del Instituto de Derechos Humanos, Sergio Micco, quien ha dicho, al respecto:

“[…] valoramos que la Fiscalía Nacional examine los criterios aplicados en las causas de derechos humanos asociados a la crisis social, sobre todo respecto de aquellas investigaciones que fueron en principio archivadas, en varias de estas en que el INDH actúa como querellante”[iv].

Y para qué hablar del ministro Secretario General de Gobierno Jaime Bellolio para quien:

“[…] somos los principales interesados en que todas las causas de eventuales violaciones a los DD.HH. sean investigadas por la Fiscalía, sean tratadas por la Justicia y nunca jamás queden en la impunidad. Eso es lo que nos interesa”[v].

Tampoco algunos de los representantes del Parlamento se han quedado atrás con los elogios, como, por ejemplo, la presidenta de la Comisión de DDHH de la Cámara, Emilia Nuyado:

“Esta es una buena señal, sobre todo porque son cientos los casos donde se denuncian abusos por parte de agentes del Estado, sobre todo durante el estallido social, que no tuvieron respuesta de los tribunales»[vi].

Pero, ¿qué se oculta, verdaderamente, tras las declaraciones del sr. Jorge Abbott? Veamos, primero, por vía ejemplificativa, la reacción de otras organizaciones.

LA REACCION DE ALGUNAS ORGANIZACIONES SOCIALES

Las organizaciones sociales, en general, no se han pronunciado al respecto; las que sí lo han hecho no vacilan en expresar escepticismo ante los anuncios, como Marta Valdés, vocera de la Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular, quien teme sea el anuncio un ‘voladero de luces’.

“Los fiscales han sido super efectivos cuando se detiene algún manifestante, las condenas y lo que amerita para que el manifestante pueda ser juzgado (…) Nos llama la atención que eso no pasa con todos los casos por igual, yo creo que Fiscalía tiene una responsabilidad grande”[vii].

Nathaly Mora, de la Agrupación de Familiares Asesinados en el Estallido, ha sido más dura, al respecto:

“Se han burlado de nosotros y están trabajando para los uniformados. No es posible que en el caso de Kevin Gómez, en el de mi hermano Jorge Mora, estén los videos, las pruebas y esas personas estén en libertad (…) Ellos dan penas gigantescas a nuestros presos políticos y a los verdaderos violadores de derechos humanos los tienen en libertad, ahí se nota realmente que no hay  imparcialidad, están actuando en contra del pueblo y a favor de los pacos y milicos”[viii].

LA FISCALIA NACIONAL Y EL SEÑOR FISCAL

En 2014, luego de la renuncia del segundo Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, asumió el cargo Jorge José Winston Abbott Charme, abogado quien, en sus años mozos, había militado en la Democracia Cristiana, emigrando, posteriormente, en 1970, al Movimiento de Acción Popular Unitaria MAPU. No sabemos si, luego de las múltiples fragmentaciones que sufrió esa organización política, decidió Jorge Abbott permanecer en el MAPU oficial, se fue al MAPU Obrero y Campesino, o si, luego de algunas de las divisiones de esos grupos, ingresó a alguna de éstas o, simplemente, derivó al PPD o al partido Socialista, como lo hizo un sector considerable de esa militancia. Lo cierto es que, en su nombramiento, tuvo mucha participación la coalición Concertación de Partidos Por la Democracia y, en especial, la presidenta Michelle Bachelet. Abbott, que deberá hacer abandono del cargo el próximo año (2022), no fue elegido, en consecuencia, para ejercer esa justicia inmanente que todos anhelaban; tampoco, para proteger los intereses de los sectores populares ni, mucho menos, para hacerlo respecto de los inmigrantes. En realidad, su nombramiento no tuvo finalidad alguna que no fuese, como lo señalamos en una de nuestras obras,

“[…] proteger la vida mercantil y tributaria de los grandes empresarios del país. No por algo había dejado libre a los involucrados en el ‘affaire’ del financiamiento irregular de la política, nombre eufemístico que se le había dado al soborno en esos años. Para lo mismo se había limpiado al Servicio de Impuestos Internos de la molesta presencia de los funcionarios que deseaban procesar a numerosos políticos y empresarios evasores (y elusores) de impuestos. La corrupción operaba e imperaba en Chile”[ix].

Tal fue el fin tenido en vista para designar a este sujeto y Abbott lo sabía. Lo sabía perfectamente. Y perseveraba en el ejercicio de prácticas que beneficiaban a la clase empresarial. Actitud que contrastaba con la que exhibía respecto a la persecución de delitos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas policiales a partir del 18 de octubre de 2019. No debe extrañar que el criterio empleado en la nominación de Abbott se haya reproducido a lo largo y ancho de toda la Fiscalía, lo que se manifiesta en el hecho que, luego de entregar su propuesta a los fiscales en las reuniones a que hemos hecho mención, algunos lo hayan

“[…] acusado de ceder ante las presiones por abrir las investigaciones que involucran a víctimas de delitos relacionados con una violación de los derechos humanos, tras el estallido social de octubre de 2019”[x].

Si Abbott jamás quiso involucrarse en investigar los luctuosos hechos ocurridos con ocasión de la revuelta social de octubre de 2019, ¿qué lo hizo desistirse de tal empeño? A nosotros nos parece que existen poderosas razones que lo obligaron a ello.

UNA DENUNCIA SUMAMENTE MOLESTA

Según lo expresa Mauricio Weibel, en un reportaje que hiciera para el Centro de Informaciones Periodísticas CIPER a fines del mes pasado,

“La decisión de llevar a Piñera y sus colaboradores civiles, militares y policiales a esta instancia comenzó a gestarse en enero de 2020, durante la visita de Baltasar Garzón a Chile como invitado del Foro Latinoamericano de Derechos Humanos, organizado por los senadores Alejandro Navarro, Adriana Muñoz (PPD) y Juan Ignacio Latorre (RD), miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta”[xi].

Piñera, en consecuencia, sabía lo que se aproximaba; también el Fiscal Nacional. Simplemente, esperaban que aquello se materializara. Y eso ocurrió en marzo de 2020 durante la visita que hiciera Carlos Margotta, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, a Madrid. Como lo expresa Weibel, a partir de ese momento,

“[…] Margotta y los abogados defensores de derechos humanos Yuri Vásquez, Carolina Cubillos y Pablo Corvalán trabajaron en la redacción del escrito, en coordinación con la Fundación Internacional Baltasar Garzón. Luego adhirieron la Asociación Americana de Juristas, presidida por Vanessa Ramos, y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED), liderado por Fabio Marcelli”[xii].

Así, el día 29 de abril de 2021, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, en compañía de quienes adherían a la denuncia, la Fundación Internacional Baltasar Garzón, Asociación Americana de Juristas y CRED, presentó un requerimiento ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que

“[…]abra una investigación respecto de una multiplicidad de hechos que a nuestro entender, configuran graves Crímenes de Lesa Humanidad cometidos por agentes del Estado en contra de la población civil de nuestro país, a partir de Octubre de 2019”[xiii].

La denuncia, al dar cuenta de las razones que obligaron a los interesados a depositarla en manos de la Fiscal General de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, señala

“La naturaleza generalizada y sistemática de las violaciones cometidas, se confirma por el gran número de víctimas provocadas, por la extensión geográfica del ataque, por la extensión temporal del ataque y por el involucramiento directo en la comisión de los crímenes por un aparato organizado de poder encabezado por el Presidente de la República y que se revela en toda la línea de mando de las instituciones castrenses y de orden y seguridad (Carabineros de Chile y Fuerzas Armadas)”[xiv].

REACCION DE LOS ABOGADOS QUE PRESENTARON LA DENUNCIA

La primera reacción de los abogados que presentaron la denuncia en contra de Sebastián Piñera ha sido unánime: la medida adoptada por el Fiscal Jorge Abbott fue la respuesta del aparataje institucional chileno ante la acción de la propia Comisión Chilena de Derechos Humanos,

“[…] una respuesta a la presentación que hemos hecho ante la Corte Penal Internacional (CPI)”[xv].

Tal afirmación es efectiva, sin lugar a dudas. Pero, ¿por qué hacerlo de esa manera? ¿Puede aseverarse que el Gobierno tiene miedo?

Nuestra respuesta es no. No es un problema de miedo o temor, emociones que a veces invaden el campo de la política, sino obedece, más bien, a una estrategia. Porque, en política, la racionalidad termina imponiéndose por sobre las emociones haciendo prevalecer una posible estrategia. Y esa estrategia debe adecuarse a la mecánica que rige las actuaciones de la Corte Penal Internacional.

LA MECÁNICA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL.

La Corte Penal Internacional no opera libremente sobre los Estados. Por el contrario, respeta la juridicidad nacional y, por ello se dice que posee un carácter que esencialmente ‘complementario’ de la justicia nacional. En otras palabras, opera cuando la justicia nacional no lo hace. En consecuencia, si los tribunales chilenos comienzan a examinar los procesos incoados con ocasión del estallido social y se da curso a los autos, cesa, de inmediato, la competencia de la Corte Penal Internacional. Cuando la justicia nacional no opera, opera irregularmente o está entrabada, las denuncias pueden ser acogidas por el tribunal internacional. De esa manera, la denuncia puede ser acogida

“[…] si se cumplen los requisitos de admisibilidad, en especial el carácter complementario de este tribunal frente a la Justicia nacional, como explicó a CIPER la académica Claudia Cárdenas, experta en el tema. Esto último significa que la corte internacional solo opera si se demuestra que el sistema judicial chileno no cumple con sus obligaciones de investigar y sancionar este tipo de casos”[xvi].

Por tanto, si los procesos comienzan a moverse dentro del país, y los Fiscales comienzan a activarlos, la Corte Penal Internacional ha de inhibirse en cuanto a revisar la denuncia que se le ha presentado. He ahí la razón del cambio de actitud del señor Fiscal Nacional. Porque no sería, en modo alguno, conveniente procesar internacionalmente a un presidente de Chile, elegido democráticamente, bajo el cargo de violador de los derechos humanos. Ni, por supuesto, a los colaboradores civiles, militares y policiales, es decir, ministros, generales de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y Fuerzas policiales.

CÓMO PUEDE CONSUMARSE LA ESTRATEGIA

La estrategia del Gobierno, en este aspecto, puede consumarse a través de acuerdos políticos entre la oposición institucional y el Ejecutivo. Por supuesto, sin considerar para nada el interés de las grandes mayorías nacionales. En estas negociaciones, el Senado tendrá enorme gravitación. No solamente porque cuenta ahora con una presidenta tremendamente interesada en llevar adelante una exitosa negociación con el Ejecutivo sino porque también existen mecanismos legales que pueden permitir la impunidad de todos los sujetos involucrados en las violaciones a los derechos humanos tras el estallido social de 18 de octubre de 2019.

En efecto, esa negociación podría permitir que el presidente de la República termine su mandato nombrando a 4 nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia que deberán llenar las vacantes dejadas por Carlos Aránguiz, Carlos Künsemüller, María Eugenia Sandoval y Rosa María Maggi. Como señala, al respecto una publicación:

“De sortear una difícil negociación con el Senado, estos cuatro cupos permitirían al Mandatario —sumando sus dos periodos al mando de la nación— nombrar a más de dos tercios de los ministros titulares de la actual Corte Suprema, ya que habrá designado a 14 de los 21 jueces que la componen. Un enorme poder”[xvii].

Algo que podría complicar al movimiento social que, nuevamente, estaría en vías de ser burlado por las maniobras de las ‘élites’.

 

[i] Redacción: “Señal contra la impunidad: Gobierno, INDH y Congreso valoran decisión de Abbott de revisar causas archivadas de DDHH del estallido social”, ‘El Mostrador’, 05 de mayo de 2021.

[ii] Comisión Chilena de Derechos Humanos: “Declaración sobre Denuncia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional”, publicado por la Radio Universidad de Chile, 07 de mayo de 2021.

[iii] Bustos C., Andrea: “Revisión de causas archivadas abre nuevas expectativas de justicia para víctimas de violaciones de DDHH del estallido”, Radio Universidad de Chile, 05 de mayo de 2021. La negrita es del original.

[iv] Bustos C., Andrea: Id. (2).

[v] Redacción: Id. (1).

[vi] Redacción: Id. (1).

[vii] Bustos C., Andrea:  Id. (3). La negrita es del original.

[viii] Bustos C., Andrea:  Id. (3). La negrita es del original.

[ix] Acuña, Manuel “Joane Florvil de Wanament”, Editorial Senda/Senda Förlag i Stockholm, Santiago, 2021, pág. 91.

[x] Cable de Agencia Uno: “Abbott ordena revisar causas archivadas de presuntas violaciones de DDHH”, ‘El Desconcierto’, 05 de mayo de 2021.

[xi] Weibel Barahona, Mauricio: “Garzón y Comisión Chilena de DDHH acusan al presidente Piñera ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad”, CIPER Chile, 29 de abril de 2021.

[xii] Weibel Barahona, Mauricio: Id. (8). La negrita es del original.

[xiii] Comisión Chilena de Derechos Humanos: Id. (2).

[xiv] Weibel Barahona, Mauricio: Id. (8). La cursiva es del original.

[xv] Redacción: “Abogados de denuncia internacional contra Piñera sobre anuncio de Abbott por revisión de causas: ‘Responde a la presentación ante la Corte’”, ‘El Desconcierto’, 06 de mayo de 2021.

[xvi] Weibel Barahona, Mauricio: Id. (8).

[xvii] Redacción: “Presidente Piñera podría terminar su segundo mandato habiendo nombrado a 14 de los 21 miembros de la Corte Suprema”, ‘El Mostrador’, 03 de mayo de 2021.