Estigmatización, criminalización, judicialización y asesinato de personas defensoras hacen de Honduras uno de los países más letales para quienes defienden tierra y bienes comunes.
El pasado 5 de julio, la Sala Primera del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional declaró culpable a David Castillo, ex presidente de la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA), por ser coautor del asesinato de la dirigente indígena y luchadora social, Berta Cáceres.
Castillo fue también oficial de la inteligencia militar hondureña, graduado de la academia militar estadounidense de West Point.
En aquel entonces, los jueces fijaron el 3 de agosto como fecha para la individualización de la pena. Más de tres meses después, el tribunal aún no ha dictado sentencia, generando una incertidumbre jurídica que preocupa profundamente tanto a las víctimas como al equipo legal que las representa.
En una actividad realizada frente a la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) alertó sobre el incumplimiento de la Sala Primera, que ha dejado que expiraran los tiempos procesales establecidos para dictar sentencia.
También lamentó que la Sala de lo Penal aún no haya resuelto los recursos pendientes, para dejar firme la sentencia dictada en 2019 en contra de siete autores materiales del asesinato de Berta Cáceres – entre ellos ex dirigentes y miembros de la seguridad de DESA, ex militares y militares activos – y que el ministerio público aún no haya presentado, ni procesado a los autores intelectuales del crimen.
En este sentido, el Copinh en un comunicado aseguró que no se quedará callado y que disputará «cada milímetro de justicia que debamos arrebatar y exigir a la espuria institucionalidad hondureña», al tiempo que exigió una «pronta y contundente sentencia».
El llamado del Copinh y de los familiares de la dirigente indígena asesinada fue avalado por la Misión de Observación Calificada en la Causa Berta Cáceres. Sus integrantes deploraron la falta de iniciativa de las instituciones que deben garantizar justicia para perseguir y procesar a los actores claves de la estructura criminal que perpetró el crimen.
A este respecto, la sentencia contra Castillo representa la continuidad del compromiso de seguir el proceso para lograr justicia integral para Berta Cáceres.
«El fallo debería impulsar una investigación con debida diligencia de todos los autores de este crimen, para que sean debidamente llevados a la justicia. Esta inseguridad jurídica pone en riesgo el debido proceso y las garantías de las víctimas a la reparación digna y a la no repetición, dejándolas en una situación de vulnerabilidad y sin acceso a una justicia plena», aseguró la Misión.
Libertad para Guapinol
Más compleja aún es la situación de los ocho defensores del agua y la vida de Guapinol, que desde hace más de dos años guardan prisión preventiva, acusados de los delitos de incendio agravado y privación injusta de la libertad.
A pesar de varios intentos de sus defensores de obtener una revisión de medidas cautelares, los jueces han venido denegando sistemáticamente esta posibilidad, y los ocho defensores siguen presos, siete en la localidad de Olanchito y uno en La Ceiba.
En los años pasados, al menos 32 personas fueron requeridas fiscalmente por defender el territorio y los ríos que bajan del Parque Nacional «Montaña de Botaderos», cuya zona núcleo está siendo amenazada por la empresa minera Inversiones Los Pinares (NE Holdings Inc y NE Holdings Subsidiary Inc), antes EMCO Mining Company.
En esta zona nacen alrededor de 34 fuentes de agua que abastecen ciudades y comunidades. En especial los ríos Guapinol y San Pedro son los que están sufriendo los principales impactos. Nunca las comunidades y poblaciones de la zona fueron consultadas antes de otorgar las concesiones a la compañía minera.
Las holdings que administran Inversiones Los Pinares son controladas por Lenir Pérez Solís, ya involucrado en el pasado en otros conflictos mineros, y Ana Facussé Madrid, hija del tristemente famoso terrateniente palmero Miguel Facussé Barjum. El nombre de Facussé ha sido relacionado en el pasado con el grave conflicto agrario del Bajo Aguán, donde decenas de campesinos organizados perdieron la vida, y con el despojo territorial en la península de Zacate Grande.
Recientemente, el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas determinó que los defensores de Guapinol «se encuentran detenidos arbitrariamente» y recomendó al Estado de Honduras «su libertad sin dilaciones». El Estado nunca respondió e hizo caso omiso de las recomendaciones.
Para colmo, con la clara intención de castigar a los defensores injustamente e ilegalmente encarcelados, el ministerio público solicitó y obtuvo que se ampliara a un año más la prisión preventiva.
«El Estado de Honduras vive en un cinismo estructural permanente: por un lado pregona la defensa de los derechos humanos y por el otro tiene una práctica contraria a estos mismos derechos», dijo Joaquín Mejía, investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), durante el foro virtual ‘Compromisos del Estado hondureño ante los mecanismos de la ONU’.
¿Honduras defiende derechos humanos?
Paradójicamente, este año Honduras anunció su candidatura para integrar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el marco de la 76ª Asamblea General. Más de 50 organizaciones nacionales e internacionales escribieron a los Estados miembros con derecho a voto, instándolos a dejar la papeleta en blanco a la hora de votar por Honduras, ya que este país «no tiene legitimidad para ocupar ese puesto».
Diferentes informes a nivel internacional, entre otros «Última línea de defensa» publicado recientemente por Global Witness, señalan a Honduras como uno de los lugares más peligrosos del mundo para las personas defensoras de derechos humanos, especialmente para quienes defienden la tierra y los bienes comunes.
El uso y abuso del sistema de justicia y la colusión del Estado con empresas extractivistas son dos de los elementos que caracterizan la violación sistemática de derechos humanos en Honduras.
«El Estado ha realizado reformas institucionales y normativas para imponer un modelo económico que se centra en la explotación inconsulta de los bienes comunes, lo cual genera numerosos conflictos con graves consecuencias para los derechos humanos. Frente a eso, el Estado se alinea de manera sistemática e incondicional con las empresas que están imponiendo este modelo. Los impactos son desastrosos y el caso de los defensores de Guapinol es un claro ejemplo de ello», explicó Mejía.
Según Global Witness, en 2020 al menos 129 personas garífunas e indígenas sufrieron ataques por oponerse a proyectos extractivos y son 153 las y los defensores asesinados en la última década. Además, el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) señala a Honduras como el país con más acoso judicial en contra de personas defensoras de derechos humanos.
«Hay un patrón muy claro. En primer lugar se crea el enemigo en el imaginario colectivo, luego se estigmatizan, se amenazan, se hostigan a las personas defensoras y se implementa la represión policial, militar y de guardias de seguridad privados de las empresas. Finalmente viene el uso indebido del derecho penal para criminalizarlas y judicializarlas, aplicándoles de manera automática la prisión preventiva. El último paso puede ser la eliminación física, como ha pasado con Berta Cáceres, Margarita Murillo, Jeannette Kawas, los compañeros garífunas y tolupanes, y muchos otros», aseveró el investigador del ERIC.
En Honduras, entonces, hay un sistema judicial selectivo que actúa de manera tardía y sin ofrecer respuestas efectivas cuando se trata de violación de derechos humanos, y que se vuelve sorprendentemente rápido y eficaz cuando se trata de favorecer los intereses de actores vinculados con el poder político, económico y empresarial, criminalizando a las personas que defienden los territorios.
Criminalización de la protesta
Gilda Rivera, directora del Centro de Derechos de Mujeres (CDM) y miembro de la Coalición contra la Impunidad en Honduras, recordó que en el país se siguen aprobando concesiones extractivas sin cumplir con una serie de requisitos, entre otros, la consulta previa, libre e informada a las comunidades que se verán afectadas por estos proyectos.
El pasado 7 de octubre, el Congreso Nacional aprobó, de manera expedita, unas reformas al código penal, que fueron fuertemente cuestionadas tanto por las fuerzas parlamentarias opositoras como por amplios sectores de la sociedad hondureña.
Entre otras modificaciones que van a dificultar aún más la lucha contra la corrupción y la impunidad, la bancada oficialista y sus aliados endurecieron las penas y ampliaron la tipificación del delito de usurpación. La figura penal de la usurpación ha sido usada sistemáticamente por los gobiernos y demás instituciones continuadoras del golpe (2009) para criminalizar y judicializar la protesta social y territorial.
«Es una clara demostración de la instrumentalización del derecho penal para atacar a las personas defensoras. El territorio nacional está cruzado por conflictos, en los cuales la población y las comunidades están siendo criminalizadas, estigmatizadas, descalificadas y reprimidas en total impunidad», aseguró Rivera durante el foro virtual.
Según la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, desde el asesinato de Berta Cáceres (2016) hasta la fecha, al menos 8 defensoras han sido asesinadas, ha habido 35 intentos de asesinato, 2267 agresiones, 92 casos de criminalización y judicialización, 29 detenciones ilegales y arbitrarias. El 48% de todos estos ataques se ha perpetrado en contra de defensoras de la tierra y los territorios y son 159 las agresiones a manos de entidades estatales y guardias de seguridad privados.
También la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras manifestó fuerte preocupación por las reformas aprobadas que, entre otros, «modifican el tipo penal del delito de usurpación, agravando su pena, extendiéndolo a espacios públicos y facilitando los desalojos, abriendo así la posibilidad de aplicar las nuevas disposiciones no sólo a las organizaciones campesinas, sino también a personas en ejercicio de sus derechos a la reunión, la expresión y la manifestación pacífica».
«El extractivismo afecta directamente a las personas. Como Copinh rechazamos estas reformas al código penal porque apuntan a profundizar aún más la criminalización, la violencia y la represión de quienes defienden los territorios», señaló Laura Zúniga Cáceres, miembro del Copinh e hija de Berta Cáceres.
Señales de esperanza
En medio de tantas problemáticas, no cesa la lucha en defensa de los derechos humanos y de las personas criminalizadas.
El pasado 17 de septiembre, después de una larga lucha y 19 meses de prisión preventiva en una cárcel de máxima seguridad, fueron absueltos de todos los delitos que se les imputaban los presos políticos Edwin Espinal y Raúl Álvarez. Tres meses antes, el otro preso político Rommel Herrera Portillo, fue liberado después de más de dos años de injusta reclusión. Asimismo, a los dirigentes y defensores indígenas Víctor Vásquez y José Santos Vigil les acaban de conceder medidas alternativas a la prisión para que puedan defenderse en libertad.
Pequeñas pero importantes señales. Victorias populares que marcan la necesidad de seguir organizando y articulando esfuerzos y acciones, de hacer alianzas a nivel nacional e internacional, promoviendo e impulsando procesos de demandas colectivas.
