Detención del perito de Río Negro: los dólares termosellados, la ropa de Facundo Castro con signos de violencia, la hipótesis de la red de trata, el sesgo de los medios de comunicación, los montajes jurídicos, el caso de Felipe Durán en Chile y el rol de las fiscalías en Argentina.
«Desde el primer día a nosotros la policía de Mendoza nos quiso apartar de los allanamientos. Nos decían que acá no podíamos estar, que iban a perimetrar todo. No querían que veamos nada», comenzó recordando Matías, el hijo de Viviana Luna, en referencia a los primeros allanamientos realizados por la policía de Mendoza. «En cambio cuando llegó Marcos Herrero, nunca nos dijo que nos vayamos. Nunca se quedó solo o vimos que se haya apartado intencionalmente para hacer algo raro. Y en esos allanamientos no estábamos sólo nosotros (familiares y Marcos). Había testigos. Y cámaras que todo el tiempo filmaban», aclara Matías en referencia a los dos allanamientos en los que participó Marcos. «La fiscalía es bastante hipócrita porque cuando le solicitamos traer a Marcos, nos respondieron que era difícil y que iban a demorar entre ocho y diez meses. Sin embargo, ahora para ir a buscarlo a Viedma, a otra provincia, lo hicieron en un fin de semana. Y lo hicieron con una pasión que se contradice con la búsqueda de mí mamá».
Hace casi seis años que Viviana Luna está desaparecida. En este tiempo, la fiscalía de Mendoza se ha limitado a seguir, de forma parcial, sólo dos hipótesis: la del suicidio y la de que Viviana Luna se fue por propia voluntad a otra provincia. Y este recorte o sesgo judicial se produce a pesar de que en el expediente existen datos concretos que vinculan a Viviana como víctima de una red de trata de personas con fines de explotación sexual. Incluso a partir de estos mismos datos irrebatibles, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación le exigió a la fiscal de la causa Claudia Ríos que respondiera una serie de preguntas al respecto que aún no han sido respondidas, incumpliendo (la fiscal) con su desempeño como funcionaria pública. ¿Por qué la fiscalía de Mendoza incumple con este deber? ¿Por qué la fiscal Claudia Ríos se niega, a pesar de hechos concretos, a seguir la hipótesis de la red de trata? ¿Por qué la fiscal Claudia Ríos aún no le ha respondido a Andrea Bouzo (coordinadora del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas)?
Por otro lado, si nos enfocamos en el sesgo comunicacional que proponen los medios de Mendoza y los medios masivos del país, nos encontramos con dos presupuestos en relación a la labor de la fiscalía en la causa de Viviana Luna. Por un lado, se propone que todo lo que dice la fiscalía, por el sólo hecho de ser un organismo institucional, está atravesado por la verdad, una verdad indiscutible, incapaz de ser puesta en tela de juicio (en el siguiente párrafo veremos tres casos concretos de casos de desaparición forzada en donde la fiscalía “pierde” o no contempla pruebas irrefutables). En segundo lugar, como segundo presupuesto, los medios de comunicación se ocupan de una forma obvia y sesgada de mencionar sólo los casos en los que Marcos Herrero tiene una participación lejana, no tan activa o aquellas en la que los familiares (sólo un caso) ponen en duda la labor de Marcos.
El periodista Ezequiel Ferreyra del diario mendocino «El Sol» en la nota titulada “La detención de Marcos Herrero: escuchas, videos y huesos plantados en el caso de Viviana Luna” (6 de diciembre de 2021) menciona dos veces la teoría del suicidio, aunque de forma breve, dirigiendo toda la atención a el accionar de Marcos Herrero, colocando en segundo plano la búsqueda de Viviana, no haciendo una sola mención a la hipótesis de la red de trata. Primer sesgo. En segundo lugar, y en este mismo sentido, en el diario “Los Andes”, en su artículo “El polémico adiestrador de perros Marcos Herrero llegó a Mendoza y será imputado mañana” (6 de diciembre de 2021), menciona sólo los casos de Santiago Maldonado, Facundo Astudillo Castro y Marcela López, obviando sospechosamente los cinco casos en los que los familiares de las víctimas se han mostrado por estos días (y que detallaré en los párrafos siguientes) a favor de la labor de Marcos Herrero. Además en este articulo —que no tiene firma— se retoma la teoría de las cartas (y el suicidio) y al igual que en el diario «El Sol» se hace referencia al delito de estafa, cuando ni la familia de Viviana, ni la de Abigail, como tampoco la de Marcela López, han realizado una denuncia en este sentido contra Marcos Herrero. Todo lo contrario, estás familias han salido a exigir el cese de la persecución jurídica y la inmediata liberación de este perito. Segundo sesgo.
Por otro lado, y en tercer lugar, como si fuera una copia calcada de los dos medios anteriores, “La opinión Austral” (diario de Santa Cruz), en su nota “Marcos Herrero, preso: el coleccionista de huesos sigue detenido y será imputado”, replica la acusación de la estafa, las cartas de Viviana y la teoría del suicidio “como la teoría principal del caso”. Incluso en este artículo, que tampoco tiene firma, se establece que “nada en estos años aportó elementos para suponer otra cosa, ni siquiera los testimonios recopilados, sin embargo, no fue hasta que uno de sus hijos contrató a Herrero que la causa dio un giro y en menos de un día apareció un cráneo que el adiestrador atribuyó a Viviana Luna”, deslizando de está forma, tres presupuestos. Uno: que el hijo (Matías) de Viviana Luna, actuó deliberadamente y en complicidad con Marcos Herrero. Dos: que no existe ningún dato que vincule la desaparición de Viviana con una red de trata. Tres: que Marcos Herrero ese mismo día del hallazgo, con sólo mirar el hueso del cráneo, podía determinar que pertenecía a Viviana Luna. Tercer sesgo.
En cuarto lugar, el medio de Bahía Blanca “La Brújula 24”, en su nota “El perito Marcos Herrero se enfrenta a la imputación de varios delitos”, siguiendo la línea de sus pares mendocinos, menciona la palabra “suicidio” y hace hincapié en el delito de “estafa” que es desarrollado en tres párrafos diferentes, replicando las palabras de Oscar Guillén, periodista del diario «Los Andes», cuando afirma que “a futuro más allá de que quede detenido, me parece importante para que otras familias de víctimas no vayan a buscarlo y le genere falsas expectativas, porque es jugar con el dolor de la gente”, explicitando directamente el deseo y las fundamentación de todo este proceder jurídico–mediático. Por un lado, se sabe de antemano que Marcos Herrero va a quedar libre aunque todo este accionar, de igual forma, puede colaborar para crear una mala imagen suya. Algo que resulta propicio y coincide con el objetivo de las causas armadas, montajes y presos políticos: en muchos casos donde no se puede culpabilizar a la víctima de cargos altos, si se acierta un mensaje mediático efectivo que es establecido y difundido masivamente (en Chile al fotoperiodista Felipe Durán se lo inculpó en 2015 de poseer un arsenal de armas de guerra en su casa. Luego de pasar nueve meses en un penal de Temuco se pudo comprobar que la causa era armada, incluso se logró comprobar que las municiones y las armas de guerra de alto calibre halladas en su domicilio fueron colocadas por los propios carabineros, como una forma de reducir, perseguir y disciplinar su labor periodístico que mostraba y colocaba en evidencia el trato del Estado chileno en contra de las comunidades mapuche). Por otro lado, se lo quiere desplazar y sacar de los escenarios en donde existan casos de desapariciones forzadas en la Argentina, muchos de ellos atravesados por la responsabilidad de integrantes de las fuerzas de seguridad nacional, el poder político–empresarial y las redes de trata. Cuarto sesgo.
Estos recursos argumentativos puestos en circulación para fundamentar la culpabilidad de un hombre, utilizados desde el sesgo y el recorte comunicacional, ante la obviedad de la acción, se presentan, ante los ojos del público, inverosímiles y fundamentalmente inconducentes, por el simple hecho de que no contemplan —como veremos a continuació—, la voz de los familiares de casos como Carlos Painevil (desaparecido de Allen), Abigail Carniel (Mendoza), Facundo Castro (desaparecido en Buenos Aires), Micaela Ortega (Bahía Blanca), Marito Salto (Santiago del Estero), Araceli Fulles (Buenos Aires), Marcela López (Santa Cruz) y la propia familia de Viviana Luna (Mendoza). Todos y cada uno de estos casos con la presencia y el trabajo activo de Marcos Herrero y sus canes, con resultados positivos y el hallazgo de pruebas esclarecedoras en cada una de las causas: nada más y nada menos que el cuerpo de las víctimas.
«Marcos es una gran persona. Súper humilde. Lo consideramos con mí familia súper sincero. No nos mintió para nada. Desde un principio, hizo lo que pudo en el caso de mí hija. No dejaron que Marcos trabaje. Fue un impedimento del fiscal (Carlos Torres) que desde un principio nos dijo que no trabajáramos con él», me cuenta Verónica Carniel, mamá de Abigail Carniel, desaparecida hace ocho meses en la provincia de Mendoza. «Nosotros lo vimos trabajar a Marcos. ¡Los perros corren solos! En ningún momento se ve a Marcos que vaya primero. Entonces, no tenemos nada para decir sobre Marcos, sobre su laburo. Si vimos que trabajo», recalca Verónica. Un relato que se replica en la familia de Carlos Painevil. Su hermana, Claudia Painevil, asegura también que no tiene nada para cuestionar sobre el trabajo de Marcos. Sí que a pesar de todos los hallazgos que aportó en la causa, la misma sigue detenida, estancada. «No sirvió de mucho», me afirmó Claudia Painevil por teléfono, explicando de este modo que hay una decisión, como en el caso de Abigail, de no investigar, de mantener la causa «cajoneada», de producir un desgaste en la familia. Hace casi diez años que Carlos Painevil está desaparecido. Y la familia sólo tiene, como los mayores aportes, los elementos que encontró Marcos con sus perros: un cuchillo, un portalentes con el nombre «Carlitos», una soga.
«Nunca hay que olvidar que a Marcos Herrero le debemos la Ley Mica contra el Grooming (o ciberacoso)», sentenció Cristina Castro en su visita a Buenos Aires con referencia a la labor del perito en el hallazgo del cuerpo de Micaela Ortega. Al respecto Mónica Cid, mamá de Micaela Ortega, advierte indignada:
«Marcos Darío Herrero y su perro Duke, encontraron el cuerpo de mi hija, Micaela Aldana Ortega. Yo no estaba esa noche, pero quienes sí estuvieron, me dijeron que fue increíble lo que hicieron. Estas son palabras del Secretario de Seguridad, Emiliano Álvarez Porte: ‘…el perro corrió y se metió en un monte, eran arbustos bajos, casi imposible de ingresar. Duke ladraba y nosotros no veíamos nada porque el que tenía las linternas se había quedado más atrás, pero cuando alumbraron el perro estaba junto a Mica y yo parado al lado…’ 8 meses después Marcos volvió con otro perro para ayudarme a recorrer el lugar donde estaba mi hija (esto sí, no me lo contó nadie, yo estaba ahí), en ese lugar de arbustos bajos, casi impenetrable, el perro enterró su hocico, giraba alrededor de algo. ¡No lo podíamos sacar para mirar! ¿Y saben qué? Eran las llaves de mí casa, que mí hija llevaba en su mochila, el día que Jhonatan Omar Luna, decidió quitarle la vida y robar sus pertenencias. ¡Ahí estaban las cosas que faltaban, que la científica no encontró! En el trayecto también se encontró la billetera del femicida y su cuchillo. ¿Qué me dicen del trabajo inmenso que hizo Marcos?”
La propia fiscalía de Mendoza, medios como «Los Andes» y periodistas como German Sasso nos quieren hacer creer que el malicioso es Marcos Herrero. Y por lo tanto, los familiares también dado que defienden y apoyan el accionar de este perito, como se les intenta endilgar a la familia de Viviana Luna o a la propia mamá de Facundo, Cristina Castro, acusándolos de encubridores de Marcos o de ser culpables de «perseguir otros fines». ¿Existe algo más bajo y desleal que acusar a las propias familias de las víctimas de ser las responsables de los crímenes que se perpetraron injustamente sobre sus hijos, madres, hermanos? ¿Qué (meta)mensaje se intenta imponer en la sociedad? ¿Establecer el presupuesto de que las fuerzas de seguridad y los integrantes de las fiscalía del país son buenos y fiables, que por lo tanto, no se equivocan (mucho menos encubren) y todo lo que ellos hagan es «palabra santa»?
En el caso de Sergio Ávalos (Neuquén) la fiscal Sandra Taboada perdió sospechosamente el único video en donde se veía a este joven neuquino ingresar (14 de junio de 2003) al boliche bailable “Las Palmas”, desde donde fue desaparecido por policías y gendarmes de la provincia de Neuquén. Sergio Ávalos lleva casi 20 años desaparecido sin que haya ningún responsable procesado. El fiscal Ricardo Romero (involucrado en el caso «Manzanas Blancas») perdió una campera azul que se encontró dentro del auto hallado, luego que desapareciera (el 2 de junio de 2012) Carlos Painevil misteriosamente de Allen, mientras que el auto —una de las únicas pruebas del caso—, permaneció casi 5 años en la agencia de taxis dónde trabajaba Carlos. El auto estuvo (y todavía sigue estando) a la intemperie, lleno de tierra, sin ser resguardado como material probatorio. Carlos Painevil desapareció en la ruta de la cocaína y el fracking hace diez años. Aún no hay ningún responsable juzgado y, como en el caso de Viviana Luna, se intentó imponer la teoría de que se fue solo, por propia voluntad. En el caso de Facundo Castro, la jueza Gabriela Marrón, a pesar de saber que las últimas personas que estuvieron con Facundo fueron policías de la bonaerense, que éstos mismos policías borraron mensajes, audios y aplicaciones de sus teléfonos, luego de producida la desaparición, que existen relaciones directas entre estos policías y Roberto Carlos Berríos, un policía que hostigaba y amedrentaba, con insultos y detenciones, a Facundo y a sus compañeros del “Semillero cultural” (en esta exhaustiva crónica Adriana Meyer desarrolla este antecedente y la relación del periodista German Sasso, director de «La Brújula 24», Alberto González y Xiomara Flores, dos de los policías sospechados de asesinar e intentar desaparecer a Facundo Castro), las pericias que confirman que la ropa hallada dentro de la mochila tiene signos de violencia, decide desligar a la bonaerense y seguir la hipótesis de accidente y de «ahogamiento involuntario» (30 de abril de 2020) por parte de Facundo Castro en un cangrejal donde en tiempos de aumento de caudal el agua con mucha profundidad puede alcanzar las rodillas de una persona (nótese que no mencionó los hallazgos de Marcos Herrero en la comisaría de Bahía Blanca). Constituyendo la misma teoría (y el cuarto caso) que hasta el día de hoy se mantiene en la causa de Santiago Maldonado, en donde el juez Gustavo Lleral propuso que éste joven se ahogó solo (1 de agosto de 2017) en una vertiente de río que tampoco supera los huesos de la rodilla.
Por lo tanto, no va a ser la primera vez en la Argentina (y Chile) que las instituciones estatales encubren o deciden simplemente no investigar, desviar la investigación o hacer oídos sordos de lo que dicen los familiares de las víctimas que acusan o dirigen sus acusaciones (según pruebas concretas) hacia actores sociales pertenecientes a la extensa red de poder de la Argentina. En este caso, la familia de Viviana Luna sostiene y entiende que ella era víctima de un red de trata, pero la fiscalía se niega a ir por esa vía. Nuevamente, ¿por qué la fiscal Claudia Ríos no quiere investigar está hipótesis?
¿Tenemos que conformarnos e irnos a dormir sabiendo que en la Argentina las personas pueden permanecer veinte, diez o seis años desaparecidas, con las teorías siempre válidas e indiscutibles de que estás personas desaparecen por propia voluntad, se suicidan (sin que aparezcan los cuerpos) o se ahogan solos? ¿Nunca, por ninguna razón aunque las pruebas sean abrumadoras contra ellos, se puede poner en duda el accionar de ningún agente del Estado, mucho menos jueces, fiscales, gendarmes y policías?
«A Marcos lo mantienen incomunicado, sin comida, junto a otros reclusos. Lo están presionando psicológicamente para que se quiebre y se culpabilice en un juicio abreviado. Saben que no tienen nada», reflexionó dolorida Andrea Tolosa, la compañera de Marcos Herrero, antes de que éste fuera trasladado al penal de Boulogne Sur Mer de Mendoza. “¿Por qué a Marcos Herrero lo mantienen encerrado si los cuatro delitos (‘falsa denuncia’, ‘falso testimonio’, ‘encubrimiento’ y ‘usurpación de títulos y honores’) que se le endilga son excarcelables?”, es una de las preguntas que se hacen por estas horas las familias de Herrero y de Viviana Luna.
Andrea Tolosa reconoce que el apoyo de la familia de Viviana Luna en el pedido de liberación de Marcos, colocó en evidencia la parcialidad del jefe de fiscales de Mendoza, Fernando Guzzo, para llevar adelante la investigación. Se evidencia en su insistencia para que Marcos permanezca detenido —como si se tratara de un terrorista confeso— y se evidenció en la forma en la que Guzzo persiguió a Herrero. «Prácticamente había dejado de lado la causa principal, que es la búsqueda de Viviana. No sé, parece que tiene algo personal contra Marcos. Ahora ya se retomó de nuevo la investigación, se comenzaron a tomar nuevas declaraciones y hay avances en la causa», sintetiza Andrea antes de despedirse y advertirme que ese día, a las cuatro de la tarde, le realizaron una revisación médica a Marcos para constatar que no tuviera ningún golpe o agresión en su cuerpo. En este sentido, el pedido de Andrea Tolosa fue muy específico, exigiendo que se resguarde la integridad de Marcos dentro del penal.
Andrea Tolosa ha visto de cerca, cómo los propios compañeros de Marcos lo han insultado, amenazado y presionado hasta correrlo de las fuerzas. Las fuerzas de seguridad de Río Negro y la Nación saben que Marcos Herrero es un peligro porque expone a sus propios colegas de delitos que ellos intentan encubrir: desde el caso de Lucas Muñoz, pasando por el asesinato y desaparición de Santiago Maldonado hasta llegar al asesinato e intento de desaparición de Facundo Castro. Los espectadores, ciudadanos y vecinos de Mendoza y Río Negro, en el fondo, saben que esta es una causa armada porque Marcos Herrero, con sus hallazgos, toca fibras sensibles del poder aparentemente intocable. Los únicos que parecen no darse por aludidos de estas realidades son las fiscalías y los jueces actuantes de ambas provincias. «Marcos tiene que fijar un domicilio en Mendoza para solicitar la excarcelación. La vamos a solicitar, pero sabemos que el jefe de fiscales va a apelar contra esa excarcelación», me termina de comunicar Andrea, luego de que ella pasara toda la mañana del sábado (11 de diciembre) en la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (ESTRADA) en donde, por protocolo (COVID), las personas procesadas deben pasar siete días antes de ser trasladados al penal de Boulogne Sur Mer. «Yo vine a buscar a mí marido, porque sé que él es inocente y que ésto es una causa armada, en la que hubo abuso de poder, en la que se arrestó de forma injusta a Marcos. La forma en que se movieron dejó en evidencia eso. Algo que me ocupé de denunciar».
La detención de Marcos Herrero y el armado de causa que padece no puede ser sacado de contexto, dado que la realidad jurídico–política y mediática en la Argentina es bastante temeraria y alarmante. En estos últimos años comenzaron a tejerse comandos represivos interprovinciales e interpartidistas (el Comando Unificado Patagónico creado por Patricia Bullrich nunca fue desmantelado por Aníbal Fernández. Sigue vigente), el poder jurídico local extendió lazos estratégicos con países fronterizos (en septiembre de este año, el jefe de fiscales de Neuquén, José Gerez, se reunió en el Paso Icalma con su par de Temuco, Cristian Paredes, con el fin de «reforzar los controles en las fronteras» para combatir posibles «células terroristas» que se mueven a ambos lados de la cordillera) y la reciente participación de Alberto Fernández en la Cumbre de Líderes por la Democracia (9 y 10 de diciembre) convocada por Joe Biden, actual presidente de E.E.U.U., evidencia una estrategia jurídico–política regional que ya ha colocado en procesos judiciales a distintos presos (líderes mapuche) que hoy cargan condenas altas de cárcel por causas armadas (la causa más reconocida es la de Luchsinger–Mackay en donde fueron juzgados injustamente como responsables 11 comuneros mapuche entre ellos, el machi Celestino Córdova, la machi Francisca Linconao y los primos Trancal) y otros que directamente han sido fusilados con el argumento de estar cometiendo un delito (el de usurpación) como tuvimos que evidenciar en los casos de Rafael Nahuel y Elías Garay. Tanto en Chile como en Argentina, en cada uno de estos casos, el poder jurídico provincial y nacional, demuestran estar dispuestos a hacer lo que sea necesario para salvaguardar los intereses de magnates extranjeros, empresas extractivas, proyectos productivos de monocultivos y funcionarios estatales.
Concretamente Felipe Durán fue un perseguido judicial (aún hoy lo es) y tuvo que cargar una condena porque con su cámara mostraba la violencia con la que se dirigían las fuerzas de seguridad de Chile y el Estado chileno contra las comunidades mapuche que viven en zonas codiciadas fundamentalmente por forestales extranjeras que explotan los recursos hídricos del país (la forestal Mininco es una de las más reconocidas). Cómo Felipe Durán, Marcos Herrero, con su oficio y labor, coloca en evidencia la extensa red de vínculos políticos, policiales y jurídicos inmersa en el narcotráfico, la Trata de Personas con fines de Explotación Sexual y la distintas formas de corrupción en la Argentina (los dólares termosellados que encontró Marcos Herrero en Chubut durante la búsqueda de Marcela López, ¿pertenecen a la obra pública, la megaminería o el narcotráfico?).
