Mientras los peruanos enfrentamos la crisis política y social, la corrupción de funcionarios del Estado, el incremento de la delincuencia y el crimen organizado, hay otros problemas que se asoman sigilosamente.

La Defensoría del Pueblo presentó el Reporte de Conflictos Sociales N° 218, correspondiente al mes de abril de 2022, donde se informa sobre la existencia de 209 conflictos sociales registrados (160 activos y 49 latentes). Durante el cuarto mes del año surgieron cuatro nuevos conflictos y 220 acciones colectivas de protestas. Según el informe, la región Loreto, en la selva amazónica, concentra la mayor cantidad de conflictos (29), le siguen Cusco (19) y Áncash (15).

Realmente es preocupante. En su mayoría se trata de conflictos socioambientales, comunales y de asuntos de gobierno nacional, regional y local donde se aprecia el descontento de la población respecto a problemas como la demanda de atención de daños causados por el desborde del canal de demasías de la Central Hidroeléctrica de Chaprín; el conflicto limítrofe por la propiedad de un área ubicada entre las comunidades de Cochas y San Francisco de Macon; la agenda social y de inversión para obras de saneamiento, electrificación, telecomunicaciones e infraestructura en la prov. de Condorcanqui, y la demanda a la municipalidad provincial de Tocache para la adecuada ejecución de la ampliación y mejoramiento del proyecto de agua y alcantarillado.

En cuanto a la distribución territorial de los conflictos reportados, Loreto concentra la mayor cantidad de conflictos sociales (29 casos) que se desarrollan en un sólo departamento, seguido de Cusco (19) y Áncash (15). En relación a la tipología, los casos socioambientales continúan siendo los más numerosos (63.2 %). Este tipo de conflicto mantiene esta ubicación desde abril de 2007. Respecto de los conflictos vinculados a la minería, el porcentaje de estos, con relación a los socioambientales, es de 65.9%.

La Defensoría del Pueblo indica que, respecto al mes anterior se incorporó cuatro nuevos conflictos sociales. Un caso se desarrolla en el departamento de Amazonas, donde organizaciones sociales demandan al gobierno nacional concretar la agenda social y de inversión en la provincia de Condorcanqui; relacionada al financiamiento para las obras de saneamiento, electrificación, telecomunicaciones e infraestructura. La agenda social de Condorcanqui que forma parte del Vicariato Apostólico de Jaén en el Perú tiene por tema de demanda social: Servicios públicos y otras prestaciones del Estado, y por categoría: Acceso, regulación, mejoramiento y financiamiento de servicios públicos.

Respecto al mes anterior, se incorporó cuatro nuevos conflictos sociales. Un caso se desarrolla en Amazonas, organizaciones sociales demandan al gobierno desarrollar una agenda de inversiones para la prov. de Condorcanqui, relacionada con el financiamiento de las obras de saneamiento, electrificación, telecomunicaciones e infraestructura. Otro, de tipo comunal se registra en Junín. En este caso las comunidades campesinas de Cochas y San Francisco de Macon mantienen un conflicto limítrofe por la propiedad de un área ubicada entre ambas comunidades.

“Otro nuevo conflicto de tipo socioambiental involucra a la comunidad campesina de Chinchán, región Pasco, que exige la atención de daños causados por el referido desborde del canal de demasías de la Central Hidroeléctrica de Chaprín, y expresa desacuerdos respecto al uso de tierras comunales por parte de la empresa Nexa Resources S.A.A. Un cuarto caso se ubicó en la región en San Martín, donde diferentes organizaciones sociales demandan a la Municipalidad Provincial de Tocache la adecuada ejecución de la ampliación y mejoramiento del proyecto de agua y alcantarillado”, señala el reporte.

En el departamento de San Martín en la provincia de Tocache se comprobó la existencia de un nuevo conflicto por asuntos de gobierno local. El caso involucra a organizaciones sociales que demandan a la Municipalidad Provincial de Tocache la adecuada ejecución de la ampliación y mejoramiento del proyecto de agua y alcantarillado.

En febrero de 2021 escribí sobre el nuevo conflicto del Reporte de Conflictos Sociales N° 203: “En el departamento de Puno se comprobó la existencia de un nuevo conflicto por demarcación territorial. El caso involucra a ciudadanas y ciudadanos de los distritos de Phara y Limbani, quienes reclaman la delimitación interdistrital en el sector denominado Padre Orcco”.

Aparentemente son casos “lejanos” a Lima y el Sillón de Pizarro, donde el centralismo y la subversión nos hace olvidar que hay un Perú profundo esperando ser atendido en sus pedidos. No seamos indiferentes.