El Pueblo Diaguita Calchaquí habita los valles salteños desde hace siglos, pero también padece un sostenido proceso de despojo territorial. La última avanzada la protagonizan compañías bodegueras, incluso con nombres famosos: el empresario Jorge Fontevecchia y la periodista María Laura Santillán. Denuncian la complicidad del Poder Judicial y los gobiernos.
Por Analía Brizuela*, en Agencia Tierra Viva
Seis kilómetros por camino de tierra, sinuoso y consolidado, separan el casco histórico del pueblo de Cachi del paraje La Aguada. Los carteles de la ruta del vino guían hasta las últimas bodegas que se instalaron en la zona durante la década pasada: Miraluna y Bodega Puna. Desde que ellas llegaron los miembros de la Comunidad Diaguita Calchaquí en La Aguada no la tienen fácil. El espacio del territorio comunitario se compone de algunas hectáreas aptas para cultivo, limitadas por el agua de riego disponible. Otras tantas son de montañas pedregosas que rodean al frágil sector productivo.
Foto de Analía Brizuela
Empresarios contra la propiedad comunitaria indígena en Salta
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) entregó la carpeta técnica a la comunidad en 2014. El acto implicó que legalizó su relevamiento territorial y cumplió con todos los requisitos previstos por Ley 26.160. Pero los nuevos vecinos, empresarios del vino, sostienen que la comunidad indígena usurpa esas tierras. Hay apellidos que circulan hace décadas en papers académicos. Esos estudios profundizaron sobre el proceso del loteo de la vieja Hacienda de Cachi, que duró entre 1949 y 1964. Por la página 300 de un libro de Julio Octavio Ruiz Moreno, publicado en 2009, lo sintetizó: “El Gobierno de esa época (…) la expropió a un precio vil con el argumento de extender el radio urbano de Cachi. Pero como siempre, lo mejor y más valioso quedó en manos de los jerarcas partidarios y sus amigos en la ciudad de Salta”. Entre ellos, los Wayar y los Durand. A los herederos de los primeros se enfrentan recurrentemente los miembros de la comunidad de La Aguada en Cachi, aunque también en otras de localidades vecinas, como Las Pailas.
La novedad es la llegada de otros actores que apuntan contra la propiedad comunitaria indígena en Salta. Se sumaron en 2015, los periodistas Jorge Fontevecchia y María Laura Santillán como socios en El Molino de Cachi SRL. La empresa es bodega y emprendimiento hotelero con domicilio legal en la calle California 2721 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). La información se desprende del historial de sociedades comerciales del Boletín Oficial de la Nación. De la capa catastral 2022, disponible en el geoportal IDESA (acceso público), se evidencia además que les pertenece el catastro ubicado al noreste del paraje La Aguada. Es decir, se encuentran cerca del límite entre La Aguada y la vieja Finca Hacienda de Cachi.
Otro dato que surgió al consultar las mismas fuentes es que el mayor propietario registral es la sociedad anónima Maropont, que ocupa parte del territorio comunitario desde 1981. La propiedad, de 22.708 hectáreas, fue adquirida durante el gobierno de facto de Roberto Augusto Ulloa. Figuran como socios propietarios Jacinto Midali (presidente de la sociedad anónima) y Nerio Antonio Almeida (vicepresidente).
En mayo de 2018 Maropont fue convocada por el juez de Minas y en lo Comercial de Registro de Salta, Gabriel Chibán, por un descubrimiento de las llamadas «tierras raras» y litio en su propiedad (esto último está consignado en el Boletín Oficial salteño). La empresa es dueña de todas las serranías alrededor de La Aguada, desde el filo de las cumbres del Nevado Libertador General San Martín (Nevado de Cachi) hasta el límite sur que comparte con el territorio comunitario Diaguita Calchaquí.
Foto de Analía Brizuela
Disciplinar, doblegar, expulsar
El último conflicto entre Bodega Puna y los habitantes ancestrales de La Aguada estalló entre enero y febrero de 2019. El hecho dejó a varios miembros de la comunidad implicados en una causa penal. Como el proceso ya atravesó la etapa de instrucción, actualmente espera fecha la instancia oral y pública. “En el juicio de La Aguada no se discute el dominio de la propiedad”, explicó Josue Díaz Cueto, abogado de la comunidad Diaguita Calchaquí. Detalló que los comuneros están imputados por usurpación y otras acusaciones penales. Esperan que la causa alcance la siguiente instancia hacia finales de 2022.
Díaz Cueto calificó la denuncia como «parte de una estrategia de criminalizar la defensa del territorio indígena por vía penal, que es algo que viene pasando no solo en Salta, sino en todo el país”. Al respecto, explicitó que “se busca disciplinar para doblegar la resistencia de la comunidad ante el avance del despojo territorial que, en este caso, se ejerce de parte de Bodega Puna”.
Desde el área legal de Bodega Puna eludieron la polémica sobre la legalidad de la propiedad comunitaria. Se remitieron a aclarar que son legítimos propietarios del catastro en conflicto, que la causa está en la Justicia salteña y que la empresa espera el desenlace judicial.
La Comunidad Diaguita volvió a denunciar usurpación y atropellos sobre su propiedad comunitaria en febrero y abril de este año. “Hicimos las denuncias en la policía de Cachi y en la fiscalía penal, pero intentan disuadirnos”, explicó Nemesio Fabián, dirigente de esa comunidad. Para Díaz Cueto la estrategia principal de la Bodega y otros propietarios es la del desgaste, un camino por el que pretenden expulsar definitivamente a los habitantes ancestrales.
“Queda claro que Bodega Puna fue a usurpar un espacio que era utilizado por la comunidad colectivamente desde mucho tiempo atrás. La bodega sigue atropellando, tira material de construcción donde no corresponde, y la Justicia es muy lenta”, opinó Waira Condorí, vocal diaguita y presidente del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (Ippis). “No hay que olvidar que la propiedad comunitaria indígena en Salta contiene grandes espacios que resguarda patrimonio arqueológico”, añadió. La Secretaría de Asuntos Indígenas de la provincia prefirió no opinar.
Una historia que se repite
Las estrategias de expulsión no son novedad en Cachi. Un caso emblemático ocurrió hace poco más de 70 años y fue un procedimiento que duró casi dos décadas (1949 – 1967). Lo explicó con lujo de detalles en su tesina de grado Miguel Ángel Borla, un estudiante de Antropología de la Universidad Nacional de Salta. Con documentación oficial, Borla relató que un año después de la expropiación (1950) el gobierno de la provincia adjudicó parcelas rurales dentro de la llamada «Vieja Finca» a favor de cada arrendador que se presentó como un trabajador legítimo de esa porción de tierra. Fueron alrededor de 60 familias, pero la alegría no duró mucho. En 1952 el gobierno de Salta propuso planes para la compra de esas y otras parcelas en el viejo Cachi Adentro (hoy La Aguada). Estableció precios y fijó plazos. Como los arrendadores no manejaban papel moneda sino vales de la proveduría del patrón, la suerte quedó echada y fueron perdiendo sus parcelas.
A comienzos del presente siglo, la novedad fue el modelo inmobiliario «country & vid» que introdujo Carlos Robles después de comprarle la Finca San Miguel (al norte de La Aguada) a Antonio Rodó. El nuevo paradigma cambió el uso del agua y la composición de los vecinos. Desde entonces, los habitantes originarios (primero de Las Pailas y Finca San Miguel, ahora de La Aguada) padecen lo mismo: desgaste, palos, policía y causas penales que buscan criminalizar la defensa de sus derechos y territorios.
Como muchos no pudieron acreditar la propiedad registral del lugar que habitaban fueron reubicados lejos del área fértil y sus áreas de cultivo. Los que tuvieron más suerte ocupan alguna casa del barrio Luján, en la otra orilla del río Calchaquí y de la Ruta Nacional 40.
Foto de Analía Brizuela
Asuntos pendientes en el Congreso de la Nación
La situación en Salta evidencia la urgencia de la instrumentación de la propiedad comunitaria indígena. En la Cámara de Diputados de la Nación espera ser tratada la iniciativa que presentó en diciembre de 2021 la legisladora nacional por esa provincia, Alcira Figueroa.
La ahora ex diputada explicó que el proyecto fue girado a comisiones de Legislación General, Población y Desarrollo Humano, Presupuesto y Hacienda. “Aún no fue tratada. Tampoco tenemos noticias de que esto ocurra durante el año legislativo”, dijo y agregó: “Creo que la falta de tratamiento ocurre porque no existe en la Cámara Baja una Comisión de pueblos originarios”.
Para Figueroa, esa es la razón por la que iniciativas claves (como la instrumentación de la propiedad comunitaria indígena) no forman parte de la agenda prioritaria del Congreso Nacional. “Con una comisión específica, como sí existe en el Senado, sería más fácil colocar en agenda cualquier proyecto referido a pueblos originarios”, opinó.
El proyecto de Alcira Figueroa reproduce el presentado en 2015 por la ex-senadora Magdalena Odarda (actual presidenta del INAI) y Jaime Linares.
Mientras en el Congreso se demora una ley de instrumentación de la propiedad comunitaria indígena, el Estado Argentino fue condenado en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Lhaka Honhat (Rivadavia, Salta) en febrero de 2020. El organismo internacional entendió que Argentina no cumplió con el respeto y resguardo de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en el norte salteño.
*Artículo original (despublicado) en el diario Página12 con el título «¿El buen country o el buen vivir?»
