Luego de 18 días de movilizaciones en todo el Ecuador que tuvieron su epicentro final en Quito, las organizaciones indígenas firmaron un acta de acuerdo con el gobierno nacional, dando por finalizada lo que denominaron una “primera etapa” del Paro.

Se abre ahora un período de 90 días en los que deberá verificarse el cumplimiento de lo pactado. Sin embargo, el país está lejos de lograr la paz publicitada por el gobierno. Paz efectiva que difícilmente pueda emerger de persistir la actual orientación neoliberal en el manejo del Estado. Paz con justicia que deberá sortear no solo la caída en picada del bienestar de las mayorías en un contexto internacional complicado, sino también abordar las severas vulneraciones de derechos humanos producidas por la represión gubernamental.

A los factores objetivos que se oponen a este cometido, se agregan los fantasmas que emergieron durante el Paro, intangibles cuyo volumen tendrá fuerte incidencia en las semanas y meses por venir.

Un presidente fantasma

En el transcurso del Paro, Guillermo Lasso estuvo totalmente ausente, salvo por cortas apariciones en video en cadena nacional. El banquero en el gobierno no acudió a ninguna de las citas exigidas por la coyuntura, pero tampoco a las previstas por ley en caso de activarse un proceso de remoción por “grave crisis política y conmoción interna”, según lo estipulado en el segundo inciso del artículo 130 de la Constitución Nacional.

El mandatario envió para ejercer su defensa ante el Legislativo al secretario jurídico Fabio Pozo, mientras que en la mesa de negociaciones con el movimiento indígena, estuvo representado por el ministro de gobierno Francisco Jiménez, quien había reemplazado en Abril a la renunciante Alexandra Vela.

Días antes, otro ministro de Lasso, el general retirado y ahora titular de la cartera de Interior Patricio Carrillo Rosero, había abierto la vía represiva mediante la aplicación del “uso proporcional de la fuerza” contra los manifestantes. No es menor recordar que Carrillo había sido Director General de Operaciones de la Policía Nacional durante el Paro Nacional de Octubre de 2019.

La omni-ausencia presidencial fue al inicio pálidamente justificada por un alegado contagio de Covid-19, puesto en duda posteriormente por fotografías publicadas en su cuenta de twitter que mostraron al presidente en alborozados abrazos con el ministro de Interior y otros jefes de las fuerzas armadas. Reunión que tuvo lugar al día siguiente de una fuerte represión contra una marcha de mujeres indígenas y estudiantes y el mismo día en que la Policía Nacional arrojaría bombas lacrimógenas al interior del ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la que se hallaban reunidos en deliberación cientos de indígenas.

Los fantasmas del pasado, presentes

La interrupción de mandatos presidenciales tiene poderosos antecedentes en el país. Luego de la Revolución Juliana, entre 1925 y 1948, desfilaron 27 presidentes.

En 1952 asume Velasco Ibarra, quien fue presidente de Ecuador en cinco oportunidades, completando tan solo su primer mandato de cuatro años. Después de largos años de dictadura militar, tampoco Jaime Roldós Aguilera – electo en 1979 – pudo culminar su período. Murió en un dudoso accidente de aviación junto a su mujer veintiún meses después de asumido el cargo.

Más adelante, la presión popular hizo que el Congreso destituyera a Abdalá Bucaram, cuñado de Roldós y electo en 1996, sin siquiera haber cumplido un año al frente del gobierno. Su sucesor, Jamil Mahuad, de quien Lasso fuera “superministro de Economía”, corrió la misma suerte a poco más de un año de su asunción.

El coronel Lucio Gutiérrez, quien asumió en 2003 luego del golpe que desalojó a Mahuad del palacio de Carondelet, tuvo a su vez que abandonarlo en 2005, luego de lo que él denominó la “Rebelión de los Forajidos” (mote con el que intentó descalificar a la muchedumbre y a los jóvenes que ganaron las calles).

En todas las asonadas a partir del levantamiento nacional indígena de Junio de 1990, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), fundada en 1986, fue protagonista clave.

Tal como también ocurrió en Octubre de 2019, en el que junto a amplios sectores de la población, las organizaciones indígenas se constituyeron en eje de la protesta.

La causa fundamental de todas las sustituciones presidenciales fue casi siempre la misma. La contradicción intrínseca de gobiernos que prometían mejoras sociales para el pueblo al par que defendían la propiedad de los grupos de poder, terminaba generalmente en el cese anticipado de sus mandatos.

El fantasma del pasado cobró vida en el presente, defraudadas, una vez más, las falsas expectativas de mejoría que había difundido Lasso previo a la segunda vuelta electoral de Abril 2021, luego del calamitoso giro a la derecha de Lenin Moreno en el período anterior.

Aunque por esta vez y con mínimo margen, Lasso conserva la presidencia.

Un gobierno fantasmal

Más allá de los logros concretos en la agenda de 10 puntos planteada al inicio del Paro, el pueblo ecuatoriano sabe que las bases y dirigencias indígenas torcieron el brazo al gobierno, dejándolo sumamente debilitado.

Esa debilidad se expresó institucionalmente en el resultado de la votación en la Asamblea Nacional  en el transcurso del trámite de remoción que inició la bancada de la Unión por la Esperanza (UNES). Tras tres jornadas de debate, a las 47 diputadas y diputados del sector progresista, que votó unánimente por el Sí a la destitución, se sumaron por la afirmativa 33 parlamentarios – 23 de ellos provenientes de Pachakutik, el brazo político de la CONAIE, 4 disidentes de ID, 3 independientes e incluso 3 ex oficialistas –  llegando a los 80 votos. Los 48 votos negativos (entre ellos 14 del partido socialcristiano y 9 de los socialdemócratas, amén de 5 independientes y el resto de la bancada oficialista (BAN)) y las nueve abstenciones (3 de Pachakutik, 2 de ID, 2 del PSC y dos del oficialismo), impidieron llegar a los 92 necesarios para aprobar la destitución.

La población por su parte, en su gran mayoría, celebró el acuerdo alcanzado y reconoció la fuerza y entereza de la resistencia indígena, siendo saludado el contingente movilizado con vítores y agradecimientos por vecinos del Sur de Quito al emprender el regreso a sus comunidades.

La excepción fueron sectores de clase media y media alta que adoptaron una actitud abiertamente clasista y racista, haciéndose eco de las proclamas del gobierno reproducidas por los medios hegemónicos de comunicación, como contraparte de la jugosa pauta publicitaria que de aquél reciben.

De este modo, el gobierno queda jaqueado por dos frentes. Si opta por continuar alineado al capital local y extranjero y a las premisas de ajuste dictadas por el Fondo Monetario Internacional, le espera el descontento popular generalizado y una rebelión aun más extendida que la que acaba de enfrentar. Si, por el contrario, toma un camino más moderado, con menos recortes y demorando sus proyectos de privatización, tendrá enormes presiones por parte del empresariado y el sector financiero. Incluso los grupos mediáticos hoy a su disposición, le darán la espalda y saldrá a relucir nuevamente la evasión fiscal, las “empresas fantasma” en paraísos fiscales y el mal manejo de los asuntos de Estado, entre otras “noticias”.

Así, con fuerte oposición y el casi seguro chantaje de las formaciones antes aliadas en el parlamento, le quedará solo la fuerza bruta de las instituciones armadas, las que finalmente tampoco querrán pagar el costo político de sostener lo insostenible.

Despejar los fantasmas del futuro

La pregunta que muchas ecuatorianas y ecuatorianos seguramente se hacen, es qué viene después del fracaso de Lasso, qué alternativas pueden y deben surgir para que el país retome una ruta de inclusión, de crecimiento humano, de solidaridad y bienestar general.

¿Es posible pensar en un Pacto Histórico, semejante al que ahora aspira a sacar de la barbarie y a humanizar a Colombia? Si así fuera, es indudable que una alianza amplia de esas características, tendría entre sus vectores principales a las fuerzas leales a la Revolución Ciudadana y al movimiento indígena, fortalecido y sin mella en su poder de movilización, aunque dividido en su dirección política.

Sin embargo, hay poderosos fantasmas que aparecen al imaginar esa posibilidad. Fantasmas ligados al severo desencuentro en el que terminó la relación entre el gobierno de Rafael Correa y una buena parte del sector indígena organizado. Fantasmas que también tienen que ver con la histórica brecha cultural, socioeconómica y de formas de vida entre la costa, la sierra y la Amazonía y entre la ruralidad y los centros urbanos del país, pero también con el modo corporativo y prebendario en que los distintos sectores sociales han intentado avanzar en la mejoría unilateral de su situación.

Para re-imaginar un futuro libre de estos fantasmas, la única posibilidad es reconciliar, es unir lo dividido, es tender puentes y construir un gran frente social similar al que permitió en su momento redactar y aprobar la Constitución de Montecristi. Frente en el que hoy será fundamental además la participación y las ideas y sensibilidad de las nuevas generaciones, junto al vital empuje feminista, además de incluir a organizaciones y agrupaciones de sectores diversos.

Para poder conformar ese mosaico heterogéneo con fuerza suficiente para no solo ganar elecciones, sino para construir con cierta solidez un nuevo proyecto político centrado en la solidaridad humana, se hará necesario seguramente superar la desconfianza y desechar las aspiraciones de hegemonía y centralismo por parte de cualquier sector en particular. Para lo cual, a su vez, será imprescindible agregar una buena dosis de generosidad a favor del conjunto y trabajar al mismo tiempo la transformación del paisaje interior de las y los militantes y líderes, alejada del resentimiento o la venganza y asentada en el principio de tratar a otros como uno quiere ser tratado.

Es muy probable que ya haya dirigencias pensando y sintiendo que esa es la mejor alternativa y acaso ya tratando de activar esa dirección.