Los economistas del Cieplan rechazan la nueva Constitución (NC). Su jefe, Alejandro Foxley, se sintió atraído por los amarillos de Warnken. El “socialista” Marfan ni siquiera leyó el texto y lo encontró malo; quizás le molestó que hubiese tanto convencional indígena. Y, ahora, la guinda de la torta: René Cortázar y José Pablo Arellano (C&A), también pupilos de Foxley, recibieron la misión de sistematizar la crítica a la NC (Impacto económico del proyecto de nueva Constitución, julio, 2022).
No es tan sorprendente el rechazo de estos cuatro economistas a la NC, ya que durante la transición (no antes) se habían caracterizado por su complacencia con la Constitución de 1980 y les acomodaba el modelo neoliberal. Pero hay algo más, que es ineludible: los manifiestos compromisos de Cortázar y Arellano con grupos empresariales los acercan más a la Constitución de Pinochet que a la redactada por los convencionales.
La vida es dura y está llena de contradicciones. En política se han conocido sorprendentes virajes, en el pasado y el presente, los que responden, en primer lugar, a intereses personales; pero, también, a la escasez de convicciones políticas. Así surgen los conversos. Conocemos dos destacados casos recientes: Warnken y Parada. Pero también hay conversos en economía y, quizás, más abundantes.
Pruebas al canto. Antes de 1990, Alejandro Foxley, a la cabeza del Cieplan, y los economistas que lo acompañaban (entre ellos Arellano y Cortázar), cuestionaban “la creencia ingenua en el libre mercado no regulado” (Cieplan, Reconstrucción económica para la democracia, 1983, p. 15) y la pasividad del Estado en la economía. Además, criticaban la “total ausencia de una concepción global del desarrollo del país” (p. 16). Era una muy clara oposición al modelo neoliberal instalado por los Chicago Boys, apoyados por las armas de Pinochet.
En ese mismo libro se sostenía la necesidad de la reindustrialización de Chile, tema que molesta en estos días a los economistas del establishment. Se proponía para ello utilizar todos los instrumentos de la política económica, discriminando selectivamente en favor de la industria: líneas de crédito especiales, subsidios, aranceles y tratamientos tributarios de excepción. Incluso se planteaba la necesidad de elevar los aranceles y diferenciarlos con el objeto de “maximizar el empleo, la difusión tecnológica y el desarrollo de ventajas comparativas dinámicas” (Ib., p. 64). ¡Vaya heterodoxia! Piketty y Ha-Joon Chang los hubieran abrazado.
A partir de los años 90, el viraje de Foxley sería radical. Fue un aterrizaje brusco en el neoliberalismo. Foxley cambiaría radicalmente la postura que se le conoció como opositor y lo mismo sucedería con los economistas del Cieplan (con la siempre digna excepción de Ricardo Ffrench-Davis). Fue la conversión al neoliberalismo.
Edgardo Boeninger ayudó en ese viraje. Quien fuera ministro de la Presidencia durante el gobierno de Patricio Aylwin refiere, con entusiasmo, en su libro Democracia en Chile (1997), el giro copernicano del liderazgo de la Concertación y el importante papel que en ello desempeñaron los economistas, al acercarse ideológicamente a los Chicago Boys.
No sólo los economistas del Cieplan, sino también varios de “izquierda” se convencieron de las bondades de la economía de mercado autorregulada. Algunos dirían, junto al presidente Aylwin, que “la medida de lo posible” era inevitable. Pero otros fueron más allá y aplaudieron el modelo neoliberal que impuso Pinochet. Lo dijo en una entrevista (a revista Cosas), en mayo de 2000, Alejandro Foxley, sin inhibiciones: “Pinochet (…) realizó una transformación, sobre todo en la economía chilena, la más importante que ha habido en este siglo. Tuvo el mérito de anticiparse al proceso de globalización que ocurrió una década después, a la cual están tratando de incorporarse todos los países del mundo. Hay que reconocer su capacidad visionaria y la del equipo de economistas que entró a ese gobierno el año 73, con Sergio de Castro a la cabeza”. Y más: “Esa es una contribución histórica que va a perdurar por muchas décadas en Chile y que quienes fuimos críticos de algunos aspectos de ese proceso en su momento hoy lo reconocemos como un proceso de importancia histórica para Chile”.
Se agregó a ese viraje ideológico la fuerza avasalladora que han adquirido los grupos económicos, nacionales e internacionales. Esa fuerza capturó a varios economistas que antes de 1990 eran opositores a Pinochet, quienes por poder y/o dinero se convirtieron en incondicionales sostenedores del régimen económico de injusticias.
Por una parte, ministros y otras autoridades que habían ocupado posiciones destacadas durante los gobiernos de la Concertación transitaron a los grupos económicos y se sentaron en los mullidos sillones de los directorios de grandes empresas nacionales o extranjeras. Otros, se convirtieron en bien pagados lobistas, para facilitar los negocios de las grandes empresas siendo, al mismo tiempo, asesores de los gobiernos de la Concertación.
Por otra parte, a partir de 2015 quedó en evidencia el financiamiento irregular de la política, lo que terminó por quebrar completamente la confianza pública de la ciudadanía en el sistema político. Los grupos económicos Penta, Soquimich y Corpesca se destacaron en el financiamiento trasversal de campañas parlamentarias de partidos políticos e incluso pagaron coimas a funcionarios de gobierno.
No resulta extraño entonces que Arellano y Cortázar se declaren enemigos de la nueva Constitución, la que termina con el Estado subsidiario. Ambos son conversos: han internalizado las ideas neoliberales; pero, además, se encuentran íntimamente ligados a los negocios.
En efecto, Rene Cortázar ha integrado los directorios de D&S, Falabella, IANSA, Banco de Crédito e Inversiones y AES Gener. Además, fue vicepresidente de ICARE y presidente del directorio de Canal 13. Por su parte, José Pablo Arellano también es miembro del directorio del Banco de Crédito e Inversiones, AES Gener y de Aurus Capital y fue director de Falabella; vicepresidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, vicepresidente de Empresas Lourdes SA y vicepresidente de Inversiones Belén SA. Estos muchachos se las traen. La actividad pública les dio buenos contactos con el sector empresarial y ahora son firmes defensores de los grandes negocios.
Revisemos ahora la molestia de ambos con el borrador de la nueva Constitución (NC). Repetiré probablemente algunas buenas ideas que, en defensa de la NC, ha sostenido Eugenio Rivera en El Mostrador y en algunos otros medios. Los economistas del Cieplan nos dicen que la NC desordenará las finanzas públicas, limitará la inversión y el crecimiento, generará conflictividad social, la regulación económica provocará incertidumbre, la gobernabilidad se verá afectada, la autonomía regional fragmentará al Estado, la lista de derechos sociales no es propia de una Constitución y la incorporación de los derechos de la naturaleza es contradictoria con la protección de los derechos humanos.
Los argumentos de Cortázar y Arellano (C&A) en contra de la NC no son convincentes. En primer lugar, señalan que la NC pone en peligro el crecimiento, la inversión y las finanzas públicas. El eventual freno al crecimiento y a la inversión que provocaría la NC es muy discutible. En realidad, desde hace varios años el crecimiento en Chile ha perdido dinamismo, como consecuencia del agotamiento en la explotación de recursos naturales y el desinterés en desplegar nuevas actividades productivas. A ello se agrega un largo estancamiento de la productividad, resultante del escaso entusiasmo empresarial y gubernamental por invertir en ciencia y tecnología. El Estado activo, propuesto en la NC, de forma directa o en alianza con el capital privado, abrirá paso a la inversión en sectores de transformación productiva, para generar condiciones de mayor crecimiento. Ello debiera estimular el gasto en ciencia, tecnología e innovación, que es escaso en sectores rentistas y resulta imprescindible en actividades de transformación.
Tampoco habrá inestabilidad macroeconómica ni desorden en las finanzas públicas, como anuncian C&A. Como bien señala la financiera Morgan Stanley, la NC no contiene “elementos potencialmente perturbadores”. Opinión similar ha expresado Bloomberg, al sostener que la NC “ha logrado un documento razonable que aplacaría las demandas por derechos sociales, sin destrozar su economía de libre mercado”.
Por último, el “precio justo”, que también preocupa a C&A frente a eventuales expropiaciones, por razones sociales o ecológicas, no merece mayor controversia. El concepto de precio justo es el precio de mercado y se encuentra en la jurisprudencia en varios países del mundo. Para tranquilidad de C&A, se agrega en la misma NC que sólo la ley podrá autorizar la expropiación por causa de utilidad pública, pudiendo, además, los afectados, reclamar ante los tribunales de justicia, la legalidad del acto.
En segundo lugar, las opiniones de C&A sobre la inclusión social y los derechos sindicales son francamente deprimentes. Sostienen que la ampliación del derecho a huelga, la sindicalización y negociación colectiva conducirán a mayor conflictividad social. Por otra parte, critican la “falta de priorización de derechos sociales”. Estiman que el Código Laboral actual es más razonable. Es una opinión comprensible en miembros de directorios de empresas, pero no lo es para la mayoría de los trabajadores que han visto limitados sus derechos con el manifiesto desequilibrio entre el poder empresarial y el sindical.
Lo que no entienden estos directores de empresas (rentistas y con visión cortoplacista) es que derechos garantizados y un movimiento sindical organizado favorecerán precisamente la paz social y no la conflictividad. C&A se olvidan del estallido social. Omiten además pronunciarse sobre los efectos positivos que tienen en la productividad de la economía trabajadores bien entrenados, sanos, satisfechos con las condiciones de trabajo, que disponen de un lugar digno donde vivir y que no están sujetos a las incertidumbres de la pérdida del trabajo y la inexistencia de pensiones dignas. Son estos derechos, sindicales, en educación, salud, previsión y vivienda los que constituyen la base de la convivencia pacífica y el progreso social y económico.
En tercer lugar, no existe ninguna incertidumbre con la regulación económica, como creen D&A. La NC es clara: “El Estado debe prevenir y sancionar los abusos en los mercados” (Art. 182-5). Ahí están las reglas del juego. Se acabaron las trampas de las farmacéuticas, de los productores de pollos, del papel y tantos otros. Esta norma no genera ninguna incertidumbre, excepto en aquel empresariado que se acostumbró a la colusión y que, en general, han resultado impunes. La valoración de C&A sobre la regulación actualmente existente revela su temor a una normativa más exigente, que se establezca en la propia Constitución.
En cuarto lugar, a C&A les preocupa también, la autonomía regional y una supuesta débil gobernabilidad contenida en la NC. Estiman que configura un camino extremo de autonomía y que instala un sistema cuasi federal, que fragmentaría el aparato del Estado. No hay nada de eso. En realidad, es un camino exigido por las regiones, desde hace décadas, frente a la opresión que ha significado el centralismo de Santiago.
El Estado regional, contenido en la NC, le otorga fuerza a las regiones y a los territorios frente al Poder Central. Se producirá así un mayor equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el Congreso y también un equilibrio entre las regiones y el Poder Ejecutivo. Con ello gana, en eficacia, el sistema legislativo, favoreciendo una mayor democracia y relegitimación del sistema político. No obstante, en asuntos cruciales para el sistema político y respecto de los derechos fundamentales, el CDD y la Cámara de las Regiones disponen de facultades similares y en conjunto limitan el poder presidencial (Eugenio Rivera, El Mostrador, 30 de julio de 2022).
Finalmente, en cuanto al medioambiente, C&A se encuentran impactados por las normas sobre “derechos de la naturaleza” en la NC. Estiman que estas normas pueden entrar en contradicción con los derechos humanos. Bien lo destaca Eugenio Rivera en el artículo citado: “La nueva Constitución se instala como una de las constituciones que más valora la importancia de proteger la naturaleza para la subsistencia de la vida humana. Ello obligará a la actividad productiva a internalizar los costos necesarios para evitar los daños ambientales y contribuir a la regeneración del entorno natural”.
La defensa de nuestros derechos fundamentales está en juego cuando no protegemos los ecosistemas y no respetamos los derechos de la naturaleza.
Hay que decirlo con claridad: la conversión de Cortázar y Arellano al neoliberalismo y también su compromiso con el gran mundo empresarial les impide aceptar el contenido de la nueva Constitución.
