Por Jorge Molina y Antonieta Huerta Orellana
El movimiento mapuche desde fines de la década de 1990; el movimiento estudiantil, secundario y universitario: mochilazo, en 2002; revolución pingüina, en 2006; movimiento por la educación pública, en 2011; el movimiento “No + AFP” desde 2016; el “mayo feminista” de 2018; los diversos movimientos socioambientalistas y de lucha por el agua y los territorios; las luchas y huelga de los profesores en 2018 y el estallido social de 2019 son el fiel reflejo del malestar que latía en este falso oasis de crecimiento económico y estabilidad política llamado Chile.
El consenso se movía en dos direcciones: a) La desigualdad estructural de la sociedad chilena; b) La acumulación de abusos y alzas en los servicios públicos de luz y transportes, de salud (sobre todo, medicamentos), viviendas e incluso de productos de primera necesidad. Se podrían sumar otras razones, como la precarización de los derechos sociales y el creciente endeudamiento de la población, especialmente la más pobre con las tarjetas de crédito, que van desde el supermercado hasta la ropa, el auto y los artículos electrónicos. Las pensiones de hambre y el sistema de AFP, los bajos salarios, el sistema de educación pública, que solo se pudo cambiar parcialmente, el sistema de salud pública, el acceso a vivienda, etc.
En suma, las largas sombras de la dictadura implicaron que la política fuera monopolio de los poderes de facto, especialmente del gran empresariado y de los partidos políticos; que la promesa de la transición, de que “la alegría ya viene”, solo alcanzó para algunos y excluyó a las grandes mayorías, que solo fueron vistas como objeto de políticas públicas –administradas por variados tecnócratas- y nunca como derecho a la participación y a la iniciativa del propio pueblo. En la larga transición se democratizó relativamente el acceso al poder del Estado, pero no la sociedad y su derecho a la participación. La Constitución de 1980, hecha aprobar por la dictadura, garantizaba eficazmente este derrotero.
La actual revuelta en Chile, que comenzó contra el alza el pasaje del metro, desnudó la realidad de un país que durante años fue tomado como un ejemplo del éxito neoliberal. El cuestionamiento profundo a la herencia del pinochetismo dejó expuesta la miseria y la precarización social de millones de personas, mientras que una casta empresarial y política se enriquece cada día más. Una fractura social que pareció haber tocado fondo.
Vivimos en un país dual, un país para pobres, con un segmento que camina hacia la clase media, y un país para ricos, con su propio segmento de clases medias prósperas. Esta dualidad tiene expresiones visibles y manifiestas; salud para ricos y para pobres; educación para ricos y para pobres; barrios y viviendas para ricos y para pobres. Es decir, la reproducción “moderna” del viejo e histórico clasismo chileno, que en esta coyuntura estalla, como muchas otras veces en la historia de Chile, en la cara de los poderosos.
De acuerdo al exdirigente sindical de cuero y calzado, don Juan Jara Ilabaca (período dirigencial: 1965-1973), el modelo económico capitalista fue implantado en Chile para beneficio de los
grandes empresarios en detrimento y, con la clara finalidad, de subyugar a la clase trabajadora más desposeída, para aumentar las excesivas rentas de los primeros, sin modificar las desiguales estructuras que hasta el día de hoy mantienen en la carestía y vulnerabilidad a los verdaderos creadores de la riqueza, es decir, los trabajadores.
A los grupos en el poder, la protesta y el estallido social los sorprendió, no lo pudieron prever y tal vez, tampoco lo imaginaron. Esta situación es reveladora de la escisión y la distancia de la política para con la sociedad, del desacoplamiento de lo social y lo político, base sobre la cual se organizó la transición a la democracia, que excluyó y subordinó a los movimientos sociales que lucharon en contra de la dictadura. Este fue de algún modo, el resultado de la adaptación de la centro izquierda (demócratas cristianos, socialistas y miembros del PPD) a la Constitución de 1980 (heredada de la dictadura) y al modelo neoliberal. La primera adaptación -a la Constitución de 1980- condujo a la “elitización” u “oligarquización” de la política; la segunda adaptación -al modelo neoliberal- condujo a la “mercantilización” de la vida social (y de paso a la colonización del Estado por los grandes grupos económicos nacionales y trasnacionales, con sus reiterados episodios de corrupción). En este contexto, tanto la derecha, por razones obvias, como la centroizquierda se asimilaron a las lógicas neoliberales, mejoraron sus ingresos (especialmente los parlamentarios y altos funcionarios públicos) y vaciaron progresivamente la política de contenidos ideológicos. Se hicieron todos, hombres y mujeres funcionales y pragmáticos (as). Es contra esta forma de ejercicio de la política, desprestigiada en el tiempo y con débil legitimidad que estalló en estos días la protesta social exigiendo cambios profundos que atiendan las demandas ciudadanas y populares.
He aquí, entonces, una breve anatomía de Chile, que debe cambiar tras el estallido social del 18 de octubre de 2019. Nuestro país y sus ciudadanos han sido saqueados por sus cúpulas políticas, empresariales y dirigenciales. Este es el Chile que a partir del 18 de octubre de 2019 gritó ¡basta!
-Crédito con Aval del Estado (CAE): si en el 2006 el CAE representaba el 2,4 % del presupuesto para Educación Superior, hoy supera el 24,4% y, además, el fisco comprometió $553.564 millones para el 2019. Según la última edición del estudio de Fundación SOL, Endeudar para gobernar y mercantilizar: el caso del CAE, entre 2006 y 2018 los bancos han entregado 7.657 millones de dólares en créditos CAE, unos 5,3 billones de pesos chilenos (millones de millones) a más de 870 mil estudiantes. Si comparamos, la deuda total de los deudores CAE, esta equivale al 10,4% del Presupuesto Nacional del año 2019. Este gran monto de crédito, entregado a estudiantes que proyectaban poca seguridad laboral y bajos sueldos al egresar, no era rentable para la banca, por lo que tras la aprobación de la Ley CAE en 2003, se ideó un modelo de negocio donde el Estado pagaría las ganancias no recibidas por los bancos. Más de la mitad de estos créditos ya han sido “recomprados” por el Fisco a los bancos, los que además de cobrar el interés de un 6% original que tiene el CAE, cobra otro “sobreprecio” al Estado, que es llamado “recarga”, la que en promedio llega a un 25% por cada crédito. Este mecanismo fue ideado en el reglamento de la Ley del CAE y fue la clave para que la banca se hiciera parte del sistema de financiamiento, a fines del Gobierno de Ricardo Lagos y principios de la primera administración de Michelle Bachelet. El informe establece que entre 2006 y 2018 el Fisco ha recomprado el 53,7% de los créditos CAE, que por esta recompra pagó $3,59 billones (millones de millones), de los cuales $734.105 millones corresponden a la recarga. Es decir, el Estado ha pagado más de un millón de dólares en sobreprecio a los bancos. El 2018 es de los años en que el Fisco ha pagado uno de los montos más altos por la recompra: $78.555 millones. Como la cantidad de créditos otorgados bajó de 299 mil en 2017 a 269 mil en 2018, el Estado recompró menos créditos que el año anterior, pero el monto de esa recompra aumentó en $10 mil millones respecto al 2017. La cantidad de billones de pesos entregados por el Fisco a las entidades bancarias echa por tierra la tesis de la falta de financiamiento para ampliar la matrícula de educación superior a principios de los años 2000. “El argumento de la escasez de recursos para acudir a la banca, claramente dejó de ser válido”, destacaron en el informe. El análisis de Fundación SOL definió que el 90% de los créditos CAE ha sido entregado a tres bancos: Scotiabank, Itaú-CorpBanca y Banco Estado. Además, los bancos Itaú-CorpBanca, Internacional, Santander y Scotiabank han sido los más beneficiados con la recompra y concentran más del 50% de los créditos recomprados. Por otra parte, el BCI ostenta el mayor porcentaje de sobreprecio pagado por el Estado, el que llega a un 55,6%.
-Isapres: de acuerdo a la nota Utilidades de las Isapres saltan con fuerza en el año de la pandemia (La Tercera, 2021), las aseguradoras privadas lograron utilidades por $82.548 millones en 2020, lo que equivale a un alza de 772% respecto de los $9.465 millones de 2019. En el último cuarto, en tanto, las ganancias totalizaron $16.100 millones (unos US$22 millones), levemente por debajo (-2%) de los $16.400 millones del mismo periodo del año anterior. En términos desagregados, con $26.354 millones, Colmen a registró mayores utilidades. En orden le siguen Banmédica, con $22.550 millones; VidaTres con $17.213 millones; Nueva Más Vida con $13.110 millones y Consalud con $5.701 millones. CruzBlanca, en tanto, registró algunas pérdidas.
-Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP): a diciembre de 2019, el 50% de los 984 mil jubilados que recibieron una pensión de vejez obtuvieron menos de $202 mil (en estricto rigor
$145 mil, si no se incluyera el Aporte Previsional Solidario -APS- del Estado). De las siete AFP que operan en Chile, cinco lograron ganancias superiores a los $100 millones diarios en 2020. Habitat obtuvo en diciembre $351 millones por día. ProVida logró más de $211 millones de pesos diarios. AFP Capital, más de $163 millones diarios, mientras que Cuprum obtuvo $124 millones diarios. Modelo logró $106 millones de pesos diariamente. PlanVital solamente alcanzó utilidades de $59 millones por día y la AFP Uno solo tuvo pérdidas en diciembre. En conclusión, más de mil millones de pesos en utilidades por día en 2020. Una cifra importante, dado que en paralelo el país vio retroceder la economía debido a los efectos de la crisis sanitaria. En resumen, el año 2020, registraron ganancias por $332.818 millones.
-Precio de los medicamentos: los medicamentos originales son 38% más caros en Chile que el promedio de precios de los países de Latinoamérica. Así lo muestra un estudio hecho por la
consultora IMS Health, que se define como el proveedor líder mundial de inteligencia de mercado para las industrias de esta naturaleza. Según sus informes, Brasil es el país que tiene los
medicamentos originales más baratos, con un costo promedio de 14,5 dólares por envase, una cifra que casi se duplica en Chile, con una media de 28,5 dólares por este tipo de fármacos. En una entrevista el creador de la Yapp, una aplicación que permite comparar los precios de los medicamentos en Chile, señaló que las cifras entregadas por el estudio no son sorprendentes,
agregando que en Chile, “el 85% de los gastos en medicamentos viene del bolsillo, solo el 15% viene por cobertura de seguros. En otros países, esto llega a un 30% o 40%”. A mayor
abundamiento, el gasto de bolsillo en salud de una familia promedio, es decir, lo que desembolsa cada mes y que no es cubierto por los seguros, Isapres o el Fondo Nacional de Salud, aumentó en 50% entre 2012 y 2016. Este tipo de circunstancias tiene directo impacto sobre las personas, hay que recordar que solo en medicamentos, un hogar con una salud promedio relativamente normal, destina $150.000 cada año, siendo el principal ítem de gasto en el rubro, justamente debido al alto precio de los fármacos y a la poca cobertura que tiene este tipo de productos en los sistemas de seguro. Esta desfavorable situación es particularmente notoria en el caso de los fármacos originales, llamados innovadores porque tienen la patente del principio activo y que suelen ser los productos más actuales para dar tratamiento a distintas enfermedades. En promedio, este tipo de medicamentos se comercializa a US$28,5 en las farmacias nacionales, siendo el costo más alto de los países analizados, superando en 38% el precio de venta promedio de la región. A título de ejemplo, en Argentina se paga en promedio US$ 17,6 por este tipo de productos.
-Sueldos: en julio de este año el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI), correspondiente al año 2021, con relación al ingreso que reciben las personas en Chile. Según este estudio, el 50 por ciento de quienes trabajan en el país perciben ingresos menores o iguales a $457.690, que es el ingreso medio. El tramo de ingresos de $300.000 a $400.000 concentró un 18,6% de personas ocupadas, mientras que los tramos de $400.000 a $500.000 y de $500.000 a $600.000 concentraron un 15,4% y 9,8%, respectivamente. Además, en 2021 los ingresos de la mayoría de los hombres alcanzaron los $500.000, mientras que los de la mayoría de las mujeres no superaron los $405.348.
Las regiones de O’Higgins, Maule y Ñuble presentaron un ingreso mediano de $400.000. En La Araucanía fue de $397.991, la cifra más baja del país. En ingreso promedio, las regiones de La Araucanía, Maule y Ñuble registran $533.858, $534.284 y $543.780, respectivamente.
En cuanto a dependencia laboral, también hay una brecha evidente. Se estima que existen 1,1 millones de trabajadores asalariados externos (subcontratación y suministro). Los trabajadores
directamente contratados, en promedio perciben salarios 15,1% mayores que los externos y esa brecha supera el 80% en sectores tales como minería, administración pública y actividades
financieras, entre otros. Además, se registran 1.164.736 de “falsos asalariados”, vale decir, personas que no tienen contrato de trabajo y, por lo tanto, no tienen acceso a cotizaciones de
salud, ni previsión, ni seguro de cesantía. Tampoco se rigen por las normas del Código del Trabajo (no pueden constituir sindicatos ni negociar colectivamente). De ellos, el 80% gana menos de $454.000. Asimismo, en Chile hay casi 840 mil subempleados, y el 50% gana menos de $176 mil.
-Endeudamiento: según los datos del XXIX Informe de Deuda Morosa Universidad San Sebastián-Equifax, en Chile se registraron 4,9 millones de deudores morosos a junio de 2020, con un monto promedio de la morosidad de $1.894.721. Además, de acuerdo a los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares (VIII EPF) del INE, más del 70% de los hogares está endeudado. Se trata de un fenómeno que ha tomado características estructurales. De hecho, para el tramo de edad entre 25 y 44 años, mientras se contabilizan 3,67 millones de ocupados (tienen trabajo), se registran 2,49 millones de morosos, lo que equivale a casi un 70%. Además, el 71,1% de los morosos a nivel general ha permanecido en morosidad y no salió de esa condición durante 2019. En el Gran Santiago, las 9 comunas que presentan mayor nivel de personas morosas en relación con el total de habitantes mayores de 18 años son: San Ramón, Lo Espejo, La Pintana, El Bosque, Cerro Navia, La Granja, Pedro Aguirre Cerda, Lo Prado y Conchalí. Todas estas comunas, precisamente, concentran un mayor número de hogares que registran ingresos medios o bajos, y el porcentaje de personas morosas se ubica entre 51,3% y 43,8% de sus habitantes mayores de 18 años de edad.
-Desigualdad: de acuerdo a la Cepal (2017), en Chile el 50% de los hogares de menores ingresos tenía un 2,1% de la riqueza neta del país, el 10% concentraba un 66,5% del total y el 1% más
acaudalado concentró el 26,5% de la riqueza. El informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ¿Un elevador descompuesto? Cómo promover la movilidad social (2018) afirma grosso modo que como la desigualdad en los ingresos aumentó desde la década de 1990, la movilidad social se estancó; eso significa que menos gente en la parte inferior de la escalera social ha podido ascender, mientras los más ricos han mantenido sus grandes fortunas. Luego, considerando los actuales niveles de desigualdad y la movilidad intergeneracional de los ingresos, un niño de una familia pobre necesitaría en promedio por lo menos cinco generaciones para alcanzar un nivel medio de ingresos en los países de la OCDE. Asimismo, dicho informe señala que en naciones con alta movilidad social y baja desigualdad, los nacidos en familias de bajos ingresos tardarían entre tres y cuatro generaciones en acercarse al ingreso medio de la sociedad. En tanto, los nacidos en Estados de baja movilidad social y alta desigualdad, podrían requerir hasta once generaciones. En el caso particular de Chile, la movilidad social ascendente tarda en promedio la friolera de seis generaciones, es decir, 180 años aproximadamente.
-Utilidades de los bancos: en enero de este año, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó los resultados del sistema bancario al cierre de 2021. En términos operacionales, la
industria reportó que durante el año ganó US$4.501 millones creciendo un 189,07% respecto a 2020.
Banco de Chile reportó que en 2021 tuvo utilidades de $792.922 millones, anotando un incremento de 71,2% respecto a 2020. Banco Santander comunicó que ganó $774.959 millones,
un incremento de casi 50% respecto a 2020. BCI tuvo utilidades de $520.321 millones en 2021, cifra que es un 63,9% superior a 2020. Mientras que Itaú Corpbanca dejó los números rojo y tuvo ganancias de $ 277.806 millones.
-Educación: de acuerdo a la economista Andrea Repetto (2012), en Chile el apellido tiene un poder predictivo relevante en los ingresos. La estratificación social es persistente. En otras palabras, hay una cierta movilidad social, pero con techo. El estudio Desigualdad, segregación y resultados educacionales (2014) del Centro de Estudios Públicos (CEP), realizó un cruce entre los datos de remuneraciones promedio y puntajes Simce según la proximidad de domicilio con una estación del metro en que viva una familia, encontrando estrechas correlaciones entre el lugar donde se vive, el grupo socioeconómico y resultados académicos. Los resultados del SIMCE de 2017 reflejan que no hemos logrado acortar las brechas socioeconómicas de manera significativa. En Lenguaje la diferencia está entre 50 y 60 puntos en todos los niveles educativos, mientras que en Matemáticas la brecha comienza con 60 puntos en 4º básico y aumenta hasta 105 puntos en 2° medio”. Luego, la diferencia entre estudiantes de sectores socioeconómicos alto y bajo es de dos años.
-Medicina: Chile tiene una situación muy deficitaria de médicos y enfermeras, de camas hospitalarias y de medicamentos genéricos, como lo revelan datos de la OCDE: en comparación
con los países integrantes de esa organización, Chile muestra un menor número de médicos (1,7 x 1.000 hab.) que el promedio de los otros países (3,2 x 1.000 hab.), menor número de enfermeras (4,2 x 1.000 hab. versus 8,8 x 1.000) y menor tasa de camas hospitalarias (2,1 x 1.000 hab. versus 4,8 x 1000), así como el porcentaje de medicamentos genéricos en el mercado es de 30 por ciento en Chile y de 75 por ciento en los países de la OCDE. Menos del 50 por ciento de los médicos trabajan en el sector público y una mayoría en el sector privado, atraídos por más cómodas condiciones laborales y mayores ingresos económicos. La cobertura de la atención odontológica es limitada: la OMS recomienda 1 dentista por 2.000 habitantes; se estima que Chile tiene alrededor de 18.000 odontólogos, 1 x 958 habitantes; de ellos, apenas alrededor de 4.000 trabajan en el sector público de salud. El gasto de bolsillo en salud es elevado en Chile: 4,6 por ciento mientras en el promedio de los países pertenecientes a la OCDE es de 2,86 por ciento, lo cual, en términos de equidad social, revela una de las deficiencias más graves del sistema.
-Humillación social general: de acuerdo al informe How’s Life (2020) de la OCDE, el 53% de la población chilena está en riesgo de caer en la pobreza si tuviera que renunciar a tres meses de sus ingresos, el quinto país del bloque con el mayor porcentaje y lejos del 36% que promedia todo el grupo. Según la ONG Techo, entre los años 2011 y 2019 los campamentos aumentaron en Chile un 22%, llegando a 47 mil hogares y que, tras la crisis social, el número estaría acercándose -en los primeros análisis- a 52 mil familias o más y lo más probable es que en el contexto post Covid-19 esto se va a disparar probablemente a 100 mil hogares. Los médicos siempre pidieron a la población lavarse las manos varias veces al día para evitar el contagio de coronavirus pero, de acuerdo a los datos del censo 2017, hay 383.204 viviendas que no cuentan con agua potable. El 56% de las viviendas en la Región Metropolitana son menores de 70 m2; siendo las 3 comunas con viviendas de menor área: María Pinto con 47,8 m2, San Pedro con 48,37 m2 y La Pintana 48.48 m2. En los sectores acomodados, los promedios del tamaño de las viviendas son: Lo Barnechea, 169,1 m2; Vitacura, 154,5 m2 y Las Condes 116,6 m2.
-Pobreza: el Banco Mundial (2022), proyecta que la pobreza tendrá un importante aumento en Chile y alcanzará un 10,5 por ciento en 2022, con el fin de las ayudas del Estado, la liquidez de la economía y la alta inflación que azota al país como factores claves.
«Los logros temporales en la reducción de la pobreza gracias a las transferencias masivas de efectivo implementadas en 2021 retrocederán en 2022», afirmó la entidad internacional.
En Chile la pobreza se mide a través de los reportes de hogares de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN). En ella se calculan los ingresos de los hogares, que para la gran mayoría provienen del trabajo, pero también reportan los subsidios del Estado, y el alquiler imputado. La Fundación SOL concluyó que, si se tienen en cuenta solo los ingresos autónomos, principalmente del trabajo y las pensiones contributivas, la pobreza oficial sería de casi el 30 por ciento de la población nacional.
-Canasta básica de alimentos: construida para una persona considerando un consumo básico de 2mil kcal diarias, alcanzó en septiembre de este año un valor de $60.393. En los últimos 12 meses la CBA y la Línea de la Pobreza han aumentado un 23,1% y 16,2% respectivamente.
-Vivienda: en Argentina es un 47% más barata que en Chile. Incluso, nuestro país aparece en algunos listados como uno de los que tiene los precios más altos de arriendos en toda
Latinoamérica. De acuerdo al Índice de acceso a la vivienda (2018), de la Cámara Chilena de la Construcción, Chile está entre los países donde tratar de adquirir un bien raíz es “severamente no alcanzable”. Santiago es más caro que Miami. Lo anterior significa que una familia promedio debe destinar 7,6 años de sus ingresos totales para financiar un inmueble. Siguiendo este informe, el costo de comprar una casa o un departamento se ha incrementado en casi 68% en ocho años, mientras que los ingresos de las familias solamente han subido un 24,7%.
-Transporte Público: de acuerdo a un sondeo realizado por el periódico financiero La República (2019), de Colombia, Chile es uno de los países con los precios del transporte más alto, siendo superado sólo por Montevideo, donde cuesta 38 pesos uruguayos, es decir, US$1. Le siguen Lima, a US$0,74, y Sao Paulo, donde el pasaje -tanto el Metro como en los autobuses- cuesta US$0,72.
El sistema capitalista neoliberal propaga la producción irracional del consumo ilimitado y la mercantilización de la vida personal y social, generando, así, oligarquías parasitarias que
transgreden el principio del bien común, creando una cadena de crédito e interés, plusvalía y explotación del llamado capital humano.
Finalmente, Karl Marx señalaba que los paladines del liberalismo tomaban como natural y casi inconmovible el régimen capitalista y sus instituciones basadas en la propiedad privada de los medios de producción y desigualdad social producida por el antagonismo de clases. Según este filósofo, “Para ellos no hay más que dos tipos de instituciones, las artificiales y las naturales. Las instituciones del feudalismo son artificiales, y las de la burguesía son naturales”.
