La necesidad de una nueva Constitución nunca estuvo entre las prioridades de los chilenos, aunque fuera reclamada intensamente en las movilizaciones y el propio Estallido Social. Ahora, sin embargo, la demanda por una Carta Magna está muy por debajo en las aspiraciones populares según lo manifestado por los sondeos de opinión. Es evidente que los temas referidos a la seguridad, la inflación, así como las reformas pendientes sobre previsión y salud se han constituido en los más anhelados por un país acosado por la crisis económica, la inequidad y los rezagos sociales.

La pérdida de interés por un nuevo proceso constituyente tiene explicación en el fracaso de la Convención Constitucional, en los profundos desacuerdos de quienes la integraron y en la intervención de la clase política en un nuevo intento por definir una reforma de nuestro sistema institucional. Los resultados del plebiscito de salida de este proceso manifestaron la enorme inconformidad popular con el texto constitucional propuesto, aunque es transversal el reconocimiento en cuanto a que la ciudadanía votó en contra, además, del Gobierno de Boric y del conjunto de la clase política.

Por lo mismo es que la idea de insistir en una nueva Carta Magna lleva a muchos a conformarse con la Constitución de 1980 heredada de la Dictadura y enmendada después en varias oportunidades. Se cree, actualmente, que este texto ya no es impedimento para el logro de las grandes reformas económico sociales pendientes, sobre todo cuando el Parlamento ya cuenta con quórums discretos para hacerle más modificaciones al texto constitucional bien denominado “de Pinochet-Lagos”, puesto que fue durante la administración de este mandatario cuando se aprobaron las principales enmiendas.

Irrita a los chilenos los ingentes recursos gastados por el Estado para sostener una experiencia fracasada en que por largos meses abundaron la insolvencia política, las querellas escandalosas entre los partidos y hasta la falta de probidad para concluir en un documento altamente cuestionado no solo por los expertos constitucionalistas sino por el propio sentido común del pueblo. El cual en votación obligatoria lo terminara desahuciando por más de un 60 por ciento de los sufragios.

Lo más triste de esta situación ha sido el auto empoderamiento de los diputados y senadores para definir y convocar de nuevo a los chilenos a un nuevo proceso constituyente. El faranduleo de las organizaciones políticas ha debido continuar por semanas, sirviendo con ello a la evidente postergación de las demandas populares más sentidas. Esto explica que no solo  la imagen de los legisladores siga deteriorándose sino también la del propio gobierno de Boric, hasta aquí incapaz siquiera de concitar acuerdo entre sus integrantes respecto de qué hacer primero dentro del listado de promesas electorales.

Ello explica  el rápido deterioro sufrido por el Jefe del Estado en su imagen pública, como en las duras imputaciones recibidas fuera de La Moneda. Al grado que algunos pronósticos indican que muy difícilmente podrá prolongar por mucho tiempo su mandato. Toda vez que descaradamente desde la derecha se hacen esfuerzos por insubordinar a las FFAA y las policías.

El panorama del descontento se hace ostensible. Huelgas por doquier a lo largo del país, nuevas rebeliones estudiantiles así como aquellas masivas protestas de los comerciantes, de los trabajadores portuarios y  las  crecientes demandas salariales, entre tantas otras convulsiones. Con una economía que se reconoce en estanflación, el agudo conflicto en la Araucanía y la tensión especialmente en el norte por el arribo incontrolable de inmigrantes, como por la acción de las bandas de narcotraficantes y del crimen organizado. Todo un clima de creciente agitación que, se sabe, nunca tendrá solución en la mayor adquisición de armas disuasivas y el creciente  reclutamiento de carabineros. En lo que algunos cifran las soluciones para hacerle el quite a la justicia social.

Todo lo que se agrava por la indolencia de la clase política mucho más preocupada de subirse a las testeras de las cámaras legislativas, asegurarse mayor representación en el Comité Político de la Moneda, como en aferrarse a esa considerable cantidad de cargos públicos ofertada a los partidos. Cuando hoy en día se han desdibujado totalmente los perfiles ideológicos de estos y la razón fundamental de militar en estas colectividades es la de alcanzar un puesto, aunque sea recurriendo al consabido nepotismo y otros vicios que siguen perpetuándose.

En meses de dilación para definir el nuevo itinerario institucional, lo que queda claro es la desconfianza de la clase política respecto de las decisiones que puedan adoptar los ciudadanos. De allí que lo que se esté consolidando en estas últimas semanas sea la idea de imponerle “bordes” o límites preestablecidos a la redacción de una nueva Carta Fundamental. Asimismo como se busca definir cupularmente una comisión de “expertos” que actúe como árbitro en caso de que la nueva Constitución resulte lesiva para los intereses y  prerrogativas de los políticos profesionales como, por ejemplo, reducir a una cámara el Poder Constituyente, garantizar la independencia plena de los tribunales de justicia e implementar las iniciativas de ley de los ciudadanos. Además de establecer la facultad ciudadana de remover de los cargos públicos a quienes defrauden la voluntad popular y se corrompan en el poder.

De allí que crezca el número de los que prefieren que todo siga igual, antes que aventurar al país a un incierto futuro institucional. A riesgo que la sombra del Dictador siga presente en la política nacional, lo que después de todo tanto ha convenido a las ocho administraciones gubernamentales que lo han sucedido.